Mientras la reconstrucción en los cerros siniestrados el 2 y 3 de febrero de 2024 avanza por exclusivo impulso de las familias afectadas, casi sin ayuda estatal, y cuando Contraloría ratifica, en un extenso informe, que la acción del Minvu en el área sólo alcanza a la entrega de 20 viviendas, es decir, un mísero 1,14% de las 3.503 familias perjudicadas en la emergencia, las palabras del ministro de Vivienda, Carlos Montes, en torno a que el equipo a cargo del problema trata de hacerlo lo mejor posible pese a las dificultades que impone la tarea, se parece mucho a un reconocimiento de la ineficiencia del Estado para asumir sus responsabilidades y, a la vez, a una rendición frente a la urgencia de hacer mayores esfuerzos en este ámbito. Nada de lo que plantea Montes, en su tono mesurado de siempre, es una sorpresa. Ni los problemas de regularización en muchos de los terrenos involucrados, ni las dificultades geográficas que impone el terreno, especialmente en la población El Olivar, ni menos el nudo gordiano que significa la tramitación de permisos en las direcciones de obras involucradas. Todos estos son factores que estaban presentes el día que el Presidente Gabriel Boric llegó a la zona del megaincendio y comprometió una respuesta adecuada, en tiempo y forma, a los miles de damnificados. Ad portas de un invierno que se anticipa frío y lluvioso, las respuestas del Gobierno deberían tener, al menos, un poco de empatía con los dolores de aquellas personas que sufrieron hace un año la terrible pérdida de sus viviendas y que viven ahora el calvario de una burocracia que ninguna repartición pública ha sido capaz de soslayar. ¿Cómo no iba a ser posible que todos los organismos se coordinaran adecuadamente para diseñar un proceso expedito desde el principio? De las palabras de Montes no es posible extraer ninguna esperanza de que el Minvu prepare nuevas medidas que permitan acelerar el cancino ritmo de la reconstrucción y, peor aun, a diez meses de que acabe este Gobierno se percibe cierta convicción interna de que ya se hizo todo lo posible. Una nueva crisis llegará cuando el problema financiero-burocrático se convierta en un dilema social, porque todos sabemos lo poco que demora la desesperanza en convertirse en rabia.

Hace unas semanas causaron revuelo las declaraciones de la candidata Evelyn Matthei, en cuanto a la inevitabilidad del golpe militar de 1973 y de las muertes ocurridas durante los primeros años. No es mi intención reavivar la polémica, sino aportar a la verdad histórica.

Todos compartimos el anhelo de que ojalá nunca fuese interrumpido un legítimo proceso democrático. La pregunta es si el gobierno de la Unidad Popular respetó la democracia. Recordemos que su principal partido había validado el uso de la fuerza como un método legítimo de acción política; la Corte Suprema había representado en reiteradas ocasiones el incumplimiento de los fallos judiciales; la Contraloría había insistido en la improcedencia de los resquicios legales; la Cámara de Diputados, en una durísima declaración, describía la anarquía reinante y llamaba a la intervención militar.

Los expresidentes Gabriel Gonzalez Videla y Eduardo Frei Montalva, más el presidente del PDC, Patricio Aylwin, reiterativamente reclamaban por las conductas antidemocráticas del gobierno. Por tanto, las Fuerzas Armadas, lejos de terminar con una democracia ejemplar, sólo le pusieron la lápida haciéndose eco del clamor popular.

En cuanto a los derechos humanos, nada podría justificar su violación. Sin embargo, es pertinente analizar el contexto en que ocurrieron los hechos, no para avalarlos ni para "empatar", sino para comprender sus causas y evitar su repetición. No es inocuo el clima de odio y violencia que se había generado, exacerbado por la presencia de agrupaciones armadas, chilenas y extranjeras, taxativamente denunciadas tanto por el expresidente Frei Montalva en carta a Mariano Rumor, del 8 de noviembre de 1973, como en el Acuerdo de la Cámara de Diputados del 22 de agosto de 1973.

Ahí está el germen de la subversión, en cuya neutralización lamentablemente se cometieron excesos, respecto de los cuales no se pide impunidad, sino tan sólo una justicia objetiva. Actualmente, los militares están sometidos a un sistema procesal penal inquisitivo, suspendido en Chile hace ya más de 15 años por no respetar el debido proceso; desde ya, un mismo magistrado investiga, se forma la "convicción" y condena.

En fin, creo que las pasiones han impedido analizar objetivamente las causas profundas de esta tragedia. Cual Pilatos, todos se han lavado las manos responsabilizando únicamente a las Fuerzas Armadas; a éstos, que tuvieron la dura y riesgosa tarea de combatir la subversión, se les juzga implacable e injustamente. En cambio, todos los terroristas han sido favorecidos con amnistías y muchos reciben generosas pensiones de gracia.