Sebastián Mejías O.

El caso que remeció esta semana a la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (PUCV) dio ayer un paso clave con la formalización del suspendido vicepresidente de la Democracia Cristiana (DC) y exgobernador de Marga Marga, Gianni Rivera, por el delito de estafa reiterada, en el marco de una investigación que apunta al cobro fraudulento de $ 34,9 millones a través de boletas ideológicamente falsas emitidas en 2020 y 2021, usando los datos del Servicio de Impuestos Internos de su ex mano derecha y quien realizó la denuncia, Franco Burgos.

El proceso para el esclarecimiento de esta triangulación de fondos se inició ayer con la audiencia de formalización en el Juzgado de Garantía porteño, instancia donde la magistrada Ingrid Alvial rechazó la solicitud de la defensa para un acuerdo reparatorio con la universidad, priorizando el interés público asociado a los fondos defraudados.

En resumen, pese a haber restituido en abril pasado la totalidad de los montos defraudados, no hubo salida alternativa, por lo que Rivera quedó sujeto a la medida cautelar de arraigo nacional, fijándose un plazo de investigación de cinco meses.

En ese sentido, hay que recordar que la propia PUCV y su rector, Nelson Vásquez, reiteraron en un comunicado emitido el pasado jueves, que la universidad se considera víctima de un delito grave, reafirmando el compromiso del plantel con la transparencia, la probidad y el esclarecimiento total de los hechos.

Durante la audiencia, el fiscal jefe de la Unidad Regional Anticorrupción, Claudio Rebeco, reveló datos que hasta ahora se desconocían sobre las 11 boletas que presentó Rivera por una supuesta "asesoría y gestión de proyectos municipales".

El persecutor contó que el exrector de la universidad, Claudio Elórtegui Raffo, fue quien le dio trabajo a Rivera -con quien compartía militancia en la DC, en una relación que fue puesta en entredicho por la Federación de Estudiantes (Fepucv)-, asignándole el cargo de director de Relaciones Institucionales y que, pese a esa confianza entre ambos, siguió Rebeco, "todas estas maniobras se habrían realizado a espaldas" del exrector.

El fiscal incluso mencionó en la audiencia cómo Rivera tenía un rol de alto rango en la universidad y que por eso Elórtegui "se sintió engañado por Gianni Rivera". Según indicó Rebeco, Rivera convenció a Elórtegui de que "se necesitaba una asesoría externa para apoyar a municipios pequeños en sus proyectos de inversión" y así fue como "la universidad realiza esta tarea, precisamente, para intentar vincularse con el medio y con el sector público-privado". El punto, subraya Rebeco, "es que esos servicios jamás se prestaron, de manera que hay un fraude, y la universidad es víctima de estos hechos". "El patrimonio de la universidad es el que está afectado", indicó.

Se rechaza un acuerdo

Justamente, el patrimonio de la universidad fue unas las razones para que en la audiencia de formalización la magistrada Ingrid Alvial rechazara la petición de la defensa para acceder a un acuerdo reparatorio entre el imputado y la PUCV, considerando el interés público prevalente del patrimonio de la casa de estudios.

Efectivamente, Rebeco reconoce que la defensa propuso un acuerdo reparatorio que extingue la responsabilidad penal, medida que, advierte, "habría impedido que la Fiscalía siga adelante con la investigación", y por eso se mostró satisfecho de que se hiciera "valer de acuerdo a la ley un interés público prevalente para seguir adelante".

Como se dijo, el tribunal otorgó cinco meses para que el Ministerio Público lleve adelante su investigación, periodo en el que el abogado de Rivera, el ex fiscal regional, Pablo Gómez, hará, según señaló, una "defensa activa", recordando que los montos defraudados fueron restituidos por su defendido, lo que abre la llegada "a un acuerdo reparatorio, que es una de las salidas que ofrece el sistema, precisamente cuando se trata de bienes jurídicos disponibles de carácter patrimonial".

Aun así, la magistrada negó la solicitud mediante argumentos con los que Gómez dijo no estar de acuerdo, remarcando que "el propio legislador ha establecido que cuando se trata de bienes jurídicos disponibles de carácter patrimonial, como es el caso y como una vía de descongestión del sistema, existe la posibilidad de que al resarcir esos fondos, el acuerdo reparatorio es una de las vías que existe en la ley".

De ahí que Gómez no descarta las "posibilidades de una salida alternativa, que siguen vigentes una vez que el fiscal agota la investigación".

"fue una desprolijidad"

Con una línea argumentativa clara, más allá de las asesorías "fantasma" que nunca se ejecutaron, como sostuvo el fiscal Rebeco, el abogado de Gianni Rivera insiste en que "hubo una emisión de boletas. Y respecto de esos dineros que salieron del patrimonio de la universidad, han sido reintegrados en un 100%".

En base a lo anterior, Gianni Rivera, quien por primera vez habló de los hechos, aseguró que "estamos convencidos que quedará demostrado que no se ha cometido delito alguno", aun cuando él mismo restituyó los $ 34,9 millones cuestionados. Sobre este gesto, Rivera explica que "lo que se hizo es que se asume una responsabilidad de una desprolijidad de parte de un equipo".

"Si yo lidero un equipo y el equipo comete una desprolijidad, soy yo, quien lidera al equipo, quien debe asumir esa desprolijidad", recalcó, sin precisar qué error se cometió ni quién en su núcleo cercano fue el responsable. Lo que sí sostuvo sobre el supuesto descuido es que "lo vamos conversar en el trayecto de la investigación", seguro de que "no se ha cometido ningún delito".

Consultado por las prestaciones de servicio a los municipios, Rivera respondió: "Desconozco, no son mis boletas, no fueron emitidas por mí, así que desconozco aquello". A pesar de su reclamo, la Fiscalía plantea que esos dineros entraron a su cuenta corriente, cosa que el formalizado no reconoce.

En ese sentido, el exgobernador de Marga Marga fue enfático en manifestar que la "información que se da por parte de Fiscalía no es la correcta", convencido que todo se dará "a conocer en el trayecto (de la indagatoria)" y que, finalmente, se sabrá "para qué estaban destinados esos proyectos que se realizaron".

Asimismo, descartó cualquier tipo de financiamiento irregular de su campaña para concejal de Viña del Mar en el año 2021, ya que "si hubiera sido así -alega-, el fiscal hubiese presentado una denuncia por financiamiento ilegal y no lo hizo, porque no lo hay".

En paralelo a la causa por estafa, Rivera también rechazó tajantemente las imputaciones por abuso sexual que destapó su excolaborador y denunciante en el caso de las boletas a la PUCV, Franco Burgos. "Esas denuncias, primero, son falsas, también fueron extorsivas y, además, calumniosas", señaló el DC, anunciando acciones legales encabezadas por su abogado, Pablo Gómez. "Le pedí a mi equipo jurídico (…) que presentemos las denuncias, las acciones legales, y vamos a llegar hasta el fondo", cuestionando la credibilidad del denunciante, ya que "las personas que tienen problemas judiciales permanentes no pueden ser quienes pretendan aparecer como personas correctas".

"No son mis boletas, no fueron emitidas por mí, (…) vamos a demostrar que no se cometió ningún delito".

Gianni Rivera, Imputado por estafa a la PUCV

"Hubo una emisión de boletas. Y respecto de esos dineros que salieron del patrimonio de la universidad, han sido reintegrados en un 100%".

Pablo Gómez, Defensor de Rivera

"El exrector de la universidad tenía contacto con don Gianni Rivera, pero todas estas maniobras se habrían realizado a sus espaldas".

Claudio Rebeco, Fiscal jefe Unidad Anticorrupción

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