Gian Franco Giovines D.

El 12 de mayo de 2024, María Ercira Contreras compartía un almuerzo junto a su familia en el restaurante Fundo Las Tórtolas, en Limache. A eso de las 15.09 horas, la conconina de 86 años, quien celebraba junto a los suyos el Día de la Madre, se levantó de la mesa para ir al baño, sin que nadie sospechara que esa sería la última vez que se le vería con vida.

Un registro de las cámaras del restaurante confirmó que la adulta mayor salió del recinto, siendo captada caminando en el estacionamiento, con aparente rumbo al sendero ubicado detrás del fundo. De allí en más, todo es un misterio. María Ercira Contreras suma un año desaparecida, pese a una exhaustiva búsqueda y diligencias investigativas de la Fiscalía que, por ahora, no dan resultados.

A casi un año de la desaparición, Carla Hernández, nieta de la adulta mayor, afirma que "ha sido un año difícil y tremendamente doloroso, porque se van a cumplir 365 días y no tenemos absolutamente ninguna respuesta".

Si bien Hernández reconoce que "se hizo una labor de búsqueda importante en el comienzo", cree que "hubo errores de parte de la Fiscalía y de las policías", puesto que la primera línea investigativa siempre apuntó a un eventual accidente de María Ercira en el canal de riego Waddington. Sin embargo, el canal fue examinado de inicio a fin y no hubo rastros de la mujer conconina.

Ante las nulas pistas y la imposibilidad de que la adulta mayor haya recorrido una gran distancia debido a su movilidad limitada, Carla Hernández no tiene dudas de que "aquí hubo intervención de terceros, por el tiempo que ha pasado, y porque no se ha encontrado nada". "Si hubiese sido un accidente, si no hubiese personas involucradas, ya hubiésemos encontrado algo, un zapato, algo, y no hemos encontrado nada", reafirma.

"Es dable pensar que hubiese ocurrido un delito en el lugar, ya sea algún secuestro, o puede ser también que haya tenido un accidente y que alguien se haya asustado, la haya querido esconder, o también alguien le pueda haber causado a ella un daño sin querer", dice Hernández.

Dos diligencias clave

Pese a los nulos resultados, la familia mantiene la esperanza de hallar pistas en dos diligencias claves: el registro de 24 horas las cámaras de seguridad del restaurante -puesto que los administradores sólo entregaron dos horas de material a la Fiscalía- y la identificación de los restos humanos encontrados en enero en la ribera del río Aconcagua, en San Felipe.

El abogado de la familia, Juan Carlos Manríquez, afirmó que "los restos humanos hallados aún no se perician, o aún no tenemos resultado de esa pericia. Falta por avanzar también en otras diligencias, de tal manera que nosotros no vamos a dejar nada por hacer hasta que la investigación esté completamente agotada".

"Si hubiese sido un accidente, si no hubiese personas involucradas, ya hubiésemos encontrado algo".

Carla Hernández, Nieta de María Ercira Contreras

"Falta por avanzar en otras diligencias, de tal manera que nosotros no vamos a dejar nada por hacer hasta que la investigación esté completamente agotada".

Juan Carlos Manríquez, Abogado de la familia

En el marco del trabajo regional del Ministerio de Seguridad Pública, ayer se realizó en dependencias de la USM de Valparaíso la primera sesión del Consejo Regional de Seguridad Pública y Prevención del Delito para trabajar en los lineamientos estratégicos de la política nacional en esta materia, con enfoque en el trabajo interinstitucional para avanzar a mejores planes de prevención y seguridad a lo largo de todo el país.

La instancia fue encabezada por la subsecretaria de Prevención del Delito, Carolina Leitao, con participación del delegado presidencial regional, Yanino Riquelme; el gobernador regional, Rodrigo Mundaca; la jefa de Zona de Carabineros Valparaíso, general Patricia Vásquez; el jefe de la Región Policial de la PDI (s), prefecto Giordano Lanzarini, y la fiscal regional del Ministerio Público, Claudia Perivancich, entre otras autoridades.

En su presentación, la subsecretaria Leitao entregó los lineamientos estratégicos y el cronograma de trabajo para la elaboración de la Política Nacional de Seguridad Pública, instrumento que determinará las orientaciones, directrices y objetivos estratégicos del Estado en estas materias, así como los medios necesarios para alcanzarlos.

La autoridad transmitió las orientaciones para la construcción del Reglamento del Sistema de Seguridad Pública, que apunta a promover la ejecución de políticas públicas basadas en evidencia para reducir los delitos violentos y el temor en la ciudadanía.

Prioridad ciudadana

Leitao relevó el trabajo colaborativo con el objetivo de "dar mayor seguridad a todas las vecinas y vecinos de nuestro país, de nuestras regiones y de nuestras comunas. Todas las instituciones que colaboran en este consejo entendemos que es la primera prioridad ciudadana y así nos lo ha mandatado también el Presidente Boric cuando se constituyó el Ministerio de Seguridad".

A partir de la confirmación de este Consejo, será la Seremi de Seguridad Pública quien coordinará la formulación del plan de seguridad y prevención del delito que se implementará en la región.

Para el gobernador Mundaca, "llevar seguridad a nuestras comunidades, a nuestros territorios, significa también recuperar espacios públicos, no sólo infraestructura y equipamiento policial: la recuperación de espacios públicos significa arrebatarle las calles al crimen organizado y a los delincuentes".

El delegado Riquelme concordó en que el nuevo ministerio "era una herramienta bastante necesaria y demandaba incluso por parte de las comunidades, de los municipios, respecto de cómo vamos profesionalizando más el trabajo de seguridad".

Sobre el Consejo Regional en Valparaíso, dijo que "ya hemos ido tirando líneas respecto de cómo vamos aterrizando a nuestra realidad regional".

El abogado Felipe Olea, quien representa a familiares de 60 personas que fallecieron en el megaincendio ocurrido en febrero de 2024, informó el deceso de quien sería la víctima número 139 de esta tragedia, cuyo fallecimiento se produjo por una falla multiorgánica el 25 de abril pasado, en Viña del Mar.

Se trata de Alejandro Leonidas Arredondo Bustamante, de 54 años, quien quedó con graves secuelas producto de las quemaduras que sufrió en el siniestro, las que lo mantuvieron por seis meses hospitalizado, según aseguró su esposa, Erika Leyton. "Mi esposo tenía diabetes y, tras el incendio, quedó con graves secuelas. Tenía heridas en las piernas que nunca cicatrizaron", afirmó.

El abogado Olea denunció que a Arredondo, pese a su delicado estado, lo dieron de alta y "lo devolvieron a una casa sin techo, sin atención, sin máquinas para poder respirar, sabiendo que dependía de ellas. El Estado no sólo le falló cuando ardía su casa, también le falló después, cuando más lo necesitaba".