Una Presidencia bajo sospecha
La investigación del caso ProCultura golpea el corazón del gobierno y plantea serias dudas sobre el uso de fondos públicos.
El caso ProCultura se ha convertido en una amenaza directa a la credibilidad institucional del gobierno del Presidente Gabriel Boric. Lo que partió como un nuevo episodio dentro de los polémicos convenios entre fundaciones y el Estado ha escalado hacia un posible escándalo de corrupción con repercusiones que hoy alcanzan al propio Jefe de Estado.
Según los antecedentes entregados por el fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper, hay indicios de que dineros provenientes de convenios públicos adjudicados a la Fundación ProCultura fueron utilizados para financiar de forma irregular la campaña presidencial de Boric. Las cifras lo respaldan: mientras en 2020 y 2021 los convenios con ProCultura sumaban cerca de $500 millones, en 2022 y 2023 -ya con Boric en La Moneda- esa cifra se disparó a más de $5.000 millones.
La supuesta participación del Presidente no solo es sugerida por los montos involucrados, sino también por vínculos personales. Cooper cita testimonios y conversaciones entre imputadas donde se afirma que el cofundador de ProCultura, Alberto Larraín Salas, habría declarado que "gastó esa plata en la campaña del Boric y no la va a devolver nunca". Además, se agrega un elemento aún más delicado: el Mandatario habría actuado como intermediario para coordinar una estrategia de defensa entre su ex pareja, Irina Karamanos -quien trabajó para la fundación y estuvo imputada-, y otros investigados.
La justicia intentó avanzar: Cooper solicitó la interceptación telefónica del Presidente, argumentando que hay "fundadas sospechas" y que el propio Boric habría facilitado comunicaciones clave. Sin embargo, el tribunal lo rechazó por ahora, exigiendo pruebas más contundentes.
Estamos ante un momento definitorio. Si los hechos se confirman, el país enfrentaría un escenario de corrupción en la cúspide del poder político. Y si no, el gobierno tiene la obligación moral de permitir que la investigación siga su curso sin obstáculos. El poder no puede protegerse a sí mismo en la oscuridad.
En democracia, nadie está por encima de la ley.
Ni siquiera -y sobre todo- el mismísimo Presidente de la República.