Sebastián Mejías O.

Aunque es sabido que la Fiscalía y la PDI han liderado allanamientos a las oficinas del Serviu Valparaíso y la Seremi de Vivienda por convenios firmados con la Fundación ProCultura por un total de $248 millones para intervenir campamentos en Villa Alemana, cada vez surgen más antecedentes del caso a partir de filtraciones que dan cuenta del trabajo realizado por el Ministerio Público para llegar al fondo de una trama que no sólo afecta a la región, sino que implica elevados contratos en todo el país, cuyos recursos también podrían haber sido utilizados para fines político-electorales.

Teniendo en la mira a la organización que lideraba el cuestionado psiquiatra Alberto Larraín, los nuevos antecedentes revelan que la investigación del fiscal Patricio Cooper apunta a un posible esquema de financiamiento irregular de campañas políticas ligadas al Frente Amplio (FA), con una ramificación local que compromete directamente al ex consejero regional Sebastián Balbontín y sus campañas para la alcaldía de Limache y al Core.

Asimismo, la arista más relevante se refiere a la interceptación del teléfono de la exesposa de Alberto Larraín, Josefina Huneeus, que reveló una conversación sostenida el 14 de octubre de 2024 con el propio Presidente Gabriel Boric.

En ella, el Mandatario reconoció su cercanía con Larraín y admitió haber evaluado su nombre para asumir un cargo en el Gobierno, incluso como ministro.

Y pese a que Boric enfatizó que "jamás haría algo ilegal", reconoció que quizás "por idiota" pudo haber tenido gestos reprochables, como respaldar proyectos vinculados a la fundación investigada.

"O sea, jamás haría algo ilegal, pero quizás de idiota, como le puedo haber dicho 'oye, que interesante este proyecto' como no sé, pero...", fue uno de los diálogos filtrados entre Boric y Huneeus.

Financiamiento ilegal

Junto con ello, se dio a conocer la existencia de un grupo de WhatsApp llamado "La Convergencia Cristiana", que trae nuevamente el caso a la región, revelando la conexión que había entre el director de ProCultura, Alberto Larraín, y el diputado Diego Ibáñez, del Frente Amplio, además del actual subsecretario del Interior, Víctor Ramos.

El chat muestra a Ibáñez interviniendo en una conversación por el pago de dineros para pasajes enmarcados en trabajos voluntarios por las inundaciones ocurridas en Santa Juana. Es ahí donde el legislador y actual carta al Senado del FA dice que "pasamos 500. Y eso que teníamos una deuda de millones por el Apruebo que se rechazó", aludiendo a supuestos fondos destinados a la campaña constitucional.

En el mismo contexto, y ante críticas por el reparto de cargos en el Gobierno, el frenteamplista fue directo al responder. "Pero weón, si no ganan elecciones. Qué esperan. Ganen y tendrán". Conversación que culmina con el exdirector de ProCultura asegurando que "yo he pasado más plata a ese partido que ustedes… Y no milito", encendiendo las alarmas del fiscal Patricio Cooper, cuyas sospechas dan cuenta de una posible red de financiamiento ilegal hacia actores del Frente Amplio.

Este escenario se profundiza con datos que hablan de un informe de 26 páginas en el que fiscal del caso expuso ante el tribunal antecedentes que, a su juicio, sugerirían el uso de recursos públicos asignados a la Fundación ProCultura para saldar deudas ligadas a campañas políticas, incluida la del Presidente Boric, conclusión a la que se llega tras el análisis de otra de las conversaciones interceptadas a Larraín en la que explícitamente reconoce que "esa plata la usé en la campaña de Boric y no la voy a devolver jamás".

Caso balbontín

En la misma arista vinculada al posible financiamiento ilegal de campañas, está la indagatoria que se realiza a quien fuera aspirante a la alcaldía de Limache por Revolución Democrática, Sebastián Balbontín, por presuntas irregularidades en el

"Preocupa que haya herramientas de la Fiscalía que están siendo empleadas para producir y provocar hechos políticos".

Luis Cuello, Diputado (PC)

A través de un comunicado de prensa que llegó ayer en la tarde, Diego Ibáñez, diputado del Frente Amplio por el Distrito 6 de la Región de Valparaíso, se refirió a la revelación de un chat de WhatsApp que compartía con Alberto Larraín, en el que se discutían temas financieros vinculados a campañas y aportes. En el texto, el legislador descarta cualquier irregularidad, afirmando que lo que se busca es vincularlo "maliciosamente a un caso judicial, ensuciar mi honra y sembrar dudas", asegurando que la cifra que se menciona corresponde a $500 mil, monto que correspondía a un aporte voluntario "para ayudar a los vecinos afectados por las inundaciones en la zona centro-sur de Chile" y que no se trató de ningún acto ilegal. De esta forma, manifestó su "absoluto repudio a la manera en la cual se filtran selectivamente conversaciones privadas en medio de investigaciones a cargo de Fiscalía", dejando en claro que ejercerá "las acciones legales contra cualquier calumnia en mi contra".