El juicio oral contra el exalcalde de San Ramón, Miguel Ángel Aguilera (ex-PS), por enriquecimiento ilícito, cohecho pasivo y lavado de activos durante su gestión, vuelve a instalar la corrupción municipal en el debate, a la vez que repone la urgencia de introducir cambios en la institucionalidad que se traduzcan en mayor control en los municipios y facultades para que la Contraloría General de la República pueda ejercer un rol preventivo.

Al caso Aguilera se suma la que el fiscal regional de Atacama, Juan Andrés Shertzer, denominó la pena efectiva de cárcel más alta aplicada en el país por delitos de corrupción municipal: la condena, ratificada en marzo, contra el exalcalde suplente de Tierra Amarilla, Mario Morales Carrasco, quien deberá cumplir 22 años de prisión por fraude al fisco y cohecho reiterados, además de asociación ilícita, cometidos junto a cuatro exaltos funcionarios municipales también condenados (nota relacionada en página 5).

Observatorio y registro

Según el último Observatorio de Corrupción Municipal de la consultora Imaginaccion, de agosto del año pasado, 67 municipios del país tenían entonces denuncias por mal uso de recursos públicos por un monto total de $431 mil millones, principalmente por fraude al fisco, malversación de caudales públicos, cohecho, falsificación de instrumento público, lavado de activos e irregularidades.

Incluso, el pasado 30 de abril, la diputada Danisa Astudillo (PS) anunció que oficiaría a la Contraloría y a la Asociación Chilena de Municipalidades para que expliquen el detalle y las medidas concretas que se adoptarán ante un informe del primer organismo que detectó que más de 106.000 empleados recibieron pagos de municipalidades sin estar registrados oficialmente en el Sistema de Información y Control del Personal (Siaper), lo que equivale, según señaló, a uno de cada cinco trabajadores municipales.

Casos como los citados, aparte de otras bulladas causas que involucran a municipalidades de esta región, son ilustrativos de la magnitud y la naturaleza del problema, cuya solución, en la opinión de expertos consultados, pasa necesariamente por cambios institucionales que sería deseable incluir en los compromisos de los candidatos presidenciales .

Modelo y mayor control

Para el consejero y expresidente del Consejo para la Transparencia, Bernardo Navarrete, el gobierno local chileno obedece a un modelo excesivamente centrado en el jefe comunal, de modo que "el estilo de liderazgo de los alcaldes termina permeando el estilo de gestión del municipio, independientemente de las normas, los reglamentos y los procedimientos".

"Tenemos que pensar en un nuevo modelo de gobierno local, separando la figura del representante político, que es el alcalde -quien administra el servicio-, del administrador municipal elegido vía concurso público, que goce de inamovilidad y cuya función se pueda blindar respecto de la capacidad de presión que puede tener el alcalde", propone el académico, doctor en Gobierno y Administración Pública.

El director del Instituto de Investigación en Ciencias Sociales de la Universidad Diego Portales, Claudio Fuentes, plantea que una gran debilidad del sistema político chileno es que los mecanismos de control sobre el sistema municipal son más débiles que a nivel nacional.

"Por lo tanto, se requieren mecanismos mucho más fuertes, más consolidados de chequeo y de control de los recursos a nivel municipal. Por ejemplo, se requiere que los administradores municipales sean considerados como personas políticamente expuestas", es decir, que deban rendir cuenta y se pueda generar un mayor control sobre ellos, complementa el doctor en Ciencia Política.

En tanto, el coordinador de Sector Público de Chile Transparente, David Zavala, coincide en que muchas municipalidades manejan altos recursos, pero con bajos niveles de control, y los alcaldes enfrentan pocos contrapesos, como el de los concejos municipales, que tienen atribuciones limitadas.

"Más del 40% de las unidades de control están compuestas por solo una o dos personas, lo que hace inviable una fiscalización efectiva en municipios con miles de funcionarios y millones en presupuesto", aparte de lo cual "la Contraloría no tiene facultades preventivas sobre las municipalidades, por lo que muchas irregularidades se detectan solo una vez que se cometieron". Por eso se requiere "ampliar los mecanismos de fiscalización y permitir un rol más preventivo" por parte de ese organismo, detalla el cientista político y analista especializado en integridad pública.

¿más corrupción?

Aparte de los casos municipales, el país asiste a otros grandes escándalos, que van desde las derivaciones de los audios del abogado Luis Hermosilla, que incluso han provocado un terremoto en el sistema de justicia, hasta el traspaso directo de millonarios fondos públicos sin rendición de cuentas a fundaciones como Democracia Viva y Pro Cultura.

¿Somos un país más corrupto que antes o estamos más atentos a los casos de corrupción, considerando que este año Chile descendió tres lugares, del 29° al 32°, en el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) de Transparencia Internacional?

"Más que un país más corrupto que antes, lo que sucede es que hoy día sabemos más porque tenemos mayor disponibilidad de información, de transparencia, controles y obligaciones de informar; por lo tanto, todo eso hace que sea mucho más sensible la información", opina Claudio Fuentes.

"Sabemos cuando hay escándalo y eso ayuda a resolver el problema. Lo importante aquí es que como hay más transparencia, hay una percepción mayor de corrupción, pero eso no significa necesariamente que haya más", remarca el académico de la UDP.

Se requieren mecanismos mucho más fuertes y consolidados de chequeo y de control de recursos a nivel municipal".

Hay que pensar en un nuevo modelo de gobierno, separando la figura del alcalde de la del administrador municipal".

Flor Arbulú/Rosa Zamora

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