David Zavala también cree que "hoy estamos más atentos y mejor equipados para detectar la corrupción. Contamos con más herramientas, un periodismo de investigación más activo y una ciudadanía con un estándar ético más alto, que reconoce como prácticas corruptas situaciones que antes se normalizaban, como el nepotismo o el uso de influencias".

Plantea que "muchos de los casos que han salido a la luz revelan prácticas arraigadas desde hace años, como las influencias indebidas en nombramientos judiciales. Todo esto ha desafiado la percepción de que Chile era inmune a la gran corrupción y nos ha obligado a reconocer que las malas prácticas estaban más presentes de lo que creíamos".

Agencia nacional

Por su parte, Bernardo Navarrete, quien es director de la Cátedra Unesco en Transparencia y Acceso a la Información, cree que "estamos más atentos a los casos de corrupción y esto tiene que ver mucho también con el acceso a información".

Detalla que "desde el año 2013 tenemos el Portal de Transparencia, que va para los 50 millones de visitas proyectados, y más de 2.300.000 solicitudes de acceso a información", que se han convertido en un espacio importante de consulta para las personas.

El consejero del CPLT cree que el país debe contar con una norma o regla general para los tres poderes del Estado, de manera que "esté donde esté, un ciudadano pueda entrar a un solo portal y desde ahí fiscalizar, controlar, preguntar, porque toda información del Estado se entiende pública, salvo aquella que tenga la reserva del caso".

Además, recalca que Chile no tiene una agencia nacional anticorrupción, "que yo creo que ya a esta altura es necesaria; se requiere una instancia que coordine y estructure nuevas instituciones que tienen que ver con la integridad pública".

Plataforma de lobby

Son esas consideraciones sobre control ciudadano las que confieren preocupación y gravedad a la caída de la Plataforma de Lobby, herramienta digital administrada por el Ministerio Secretaría General de la Presidencia donde se registran y publican las audiencias y reuniones entre autoridades y gestores de intereses, y que permite a los ciudadanos solicitar audiencias con funcionarios públicos.

A David Zavala lo ocurrido le parece "sumamente grave" por tratarse del sistema "que permite dar trazabilidad y transparencia a la influencia sobre las decisiones públicas, pero además pone a todos los sujetos que quieren incidir en igualdad de condiciones: no se necesita un equipo dedicado al lobby para llegar a las autoridades porque cualquier ciudadano puede entrar a la plataforma y solicitar una audiencia o conocer con quién se están reuniendo los tomadores de decisiones".

Para Bernardo Navarrete "eso es inaceptable; hay democracias en las cuales estos estándares de exigencia son los mínimos, porque el portal es la puerta de entrada al sistema", de modo que se le ocasiona un daño reputacional y de credibilidad al instrumento.

"El portal es una forma de acceso a la agenda de los ministros, subsecretarios, todas las personas que toman decisiones en el sistema político", expone, y aunque se les está dando instrucciones a las personas para entrar de forma distinta, hace ver que "estamos en el 2025, con un nivel de respuesta tecnológica bastante superior al que se ha demostrado hasta hoy".

Mientras Claudio Fuentes considera que "todo sistema que se caiga y esté un mes sin actividad, como la Plataforma de Lobby, obviamente genera sospechas". El analista plantea que eso es un problema para el sistema político, ya que "los sistemas deben ser controlados adecuadamente, deben generar condiciones para un funcionamiento 24/7, de modo de no provocar sospechas y esto principalmente cuando hay elecciones. En años electorales esto debería incrementarse".

Información electoral

Cuando se acercan las elecciones presidenciales, los expertos abordan también los compromisos deseables de los candidatos en aras de una mayor transparencia y control ciudadano sobre los organismos y autoridades públicos, así como la responsabilidad de los propios electores en términos de conocer a la persona a quien entregarán su voto, lo que supone la existencia de información disponible de los postulantes.

"Es necesario que esté toda la información para que los ciudadanos puedan configurar su voto. Dicho de otra forma, ¿por quién estoy votando? Hoy yo no puedo saber cuál es su profesión, oficio o actividad", observa Bernardo Navarrete, quien recalca que antecedentes como esos deberían estar disponibles.

Dice que en la actualidad no basta saber el nombre y la edad de los candidatos y que no puede ser que sean los periodistas quienes provean la información necesaria, cuando se trata de una responsabilidad del Estado.

Control en municipios

Claudio Fuentes identifica como uno de los compromisos en el ámbito de la corrupción avanzar en el secreto bancario "para permitir que administrativamente pueda actuar la Unidad de Análisis Financiero, que es un órgano autónomo que tiene la función de controlar a las personas políticamente expuestas".

En fortalecimiento del control de la corrupción en los municipios, apunta a profesionalizar los staff, que el administrador municipal no sea un cargo dependiente del alcalde y que haya mayores controles respecto de personas políticamente expuestas,- como los administradores municipales, así como generar plataformas comunes para rendición de cuentas.

"Y todo lo que tiene que ver con contratos, debería ser un sistema nacional, único, donde los municipios reditúan. Hay fórmulas muy importantes que se pueden avanzar, sobre todo con la era de la digitalización, que hace mucho más fácil el sistema de control de, por ejemplo, grandes licitaciones en el caso de los municipios, como la basura, luminarias y ese tipo de contratos", plantea.

David Zavala: "Los candidatos deben comprometerse con reformas profundas que prevengan la corrupción y fortalezcan la institucionalidad. Chile Transparente propone establecer controles eficaces y preventivos en todas las instituciones públicas, incluyendo el Congreso y el Poder Judicial, reformar el sistema de nombramientos de altas autoridades, y avanzar en una reforma estructural al empleo público que asegure una carrera funcionaria basada en el mérito y la estabilidad".

Desde esa institución, detalla, "impulsaremos una serie de compromisos concretos que invitaremos a los candidatos a incorporar en sus programas de gobierno y a firmar públicamente, como lo hicimos el año pasado con el Pacto de Integridad Municipal firmado por alcaldes y candidatos locales". 2

Por estos días se desarrolla el juicio oral contra el exalcalde de San Ramón, Miguel Ángel Aguilera (ex PS), a quien la Fiscalía Sur de la Región Metropolitana acusa de enriquecimiento ilícito, cohecho pasivo y lavado de activos, presuntamente cometidos entre 2012 y 2017, cuando ejercía como jefe comunal, por lo cual pide una condena de 10 años de cárcel y multas que suman cerca de $329 millones.

Entre los antecedentes que maneja la Fiscalía, figura la adquisición de una vivienda avaluada en 13.000 UF -más de $500 millones-, cuyo pie fue superior a las 4.000 UF, unos $156 millones actuales, que habrían sido pagados en efectivo por Aguilera, quien utilizaba cash, no cheques ni transferencias electrónicas.

"Operación Pureza" se denomina la causa en que fue confirmada en marzo la condena a 22 años de prisión al exalcalde suplente de Tierra Amarilla, Región de Atacama, Mario Morales Carrasco, como autor de los delitos de fraude al fisco, cohecho y asociación ilícita, lo que el fiscal regional, Juan Andrés Shertzer, calificó como la pena efectiva de cárcel más alta que se ha aplicado en el país por delitos de corrupción en un municipio.

En el juicio la Fiscalía logró acreditar que Morales Carrasco y algunos funcionarios de su confianza realizaron acciones administrativas coordinadas para ofrecer un conjunto de licitaciones a sobreprecio a cambio del pago de coimas, generando un perjuicio al Fisco de más de 200 millones de pesos.

También fueron condenados el exadministrador municipal de Tierra Amarilla, Alejandro Mella; el exdirector de Educación Municipal, Osvaldo Carvajal; la exfuncionaria de la Secretaría de Planificación (Secpla), Dániza Hidalgo -los tres a cinco años de cárcel-; la directora de Secpla, Nathaly Ordenes, a tres años y 541 días de presidio, que cumplirá bajo libertad vigilada intensiva; y otras cuatro personas cuyas penas se dieron por cumplidas con el tiempo que se mantuvieron bajo medidas cautelares.

En lo que respecta a casos regionales, en fase de preparación de juicio oral está la causa contra el exalcalde de Algarrobo, José Luis Yáñez, acusado de malversación de más de $1.160 millones de las arcas municipales; su expareja, Belén Carrasco, y el hermano de ésta, Sixto Carrasco. La Fiscalía Anticorrupción de la Región de Valparaíso solicita para el exjefe comunal una pena de 20 años de prisión, 12 por malversación y otros ocho por lavado de activos, al igual que para Belén Carrasco. En audiencia efectuada el 30 de diciembre, otros cinco involucrados, que facilitaron sus cuentas bancarias para la recepción de fondos municipales, fueron condenados en un juicio abreviado en que se alzaron sus medidas cautelares.

Asimismo, el 30 de junio del año 2022, la exalcaldesa de Nogales, Margarita Osorio, fue formalizada como autora del delito reiterado de estafa, por más de $170 millones, que habría cometido entre octubre de 2015 y diciembre de 2019 contra comités de viviendas de Nogales y Cabildo, junto a la exconcejala de esta última comuna, Juana Isabel Zamora, y al arquitecto Mauricio Torres. El abogado de las víctimas, Mario Fuentes, señaló que las afectadas son más de 400 personas que integraban los mencionados comités. 2