Cuando se discute una ley tan sensible como el fraccionamiento pesquero, cualquier error técnico puede transformarse en una grieta política. Eso ocurrió la semana pasada cuando el ministro de Economía, Nicolás Grau, reconoció que las cifras sobre la captura de merluza común entregadas por el subsecretario Julio Salas en la comisión mixta eran incorrectas. Aunque la Subsecretaría de Pesca explicó que los datos estaban desactualizados -correspondían solo al periodo enero-septiembre de 2024-, el daño ya estaba hecho.

No se trata simplemente de un desfase estadístico. El verdadero problema es político: se expuso al Congreso a discutir y votar un proyecto de ley con información incompleta. Por más que Subpesca haya señalado que toda la información utilizada fue pública y basada en registros oficiales de Sernapesca, eso no exime la responsabilidad de haber presentado un cuadro fuera de contexto justo en una sesión clave.

La legitimidad de una ley no depende solo del número de votos que consiga. El fraccionamiento pesquero fue aprobado con amplio respaldo -111 votos en la Cámara y 40 en el Senado-, pero eso no borra el hecho de que se discutió con información incorrecta. Y esa falla siembra dudas tanto en la transparencia del Ejecutivo como en la calidad del debate legislativo.

En temas de sustentabilidad y recursos naturales, la precisión no es un lujo: es una obligación. La pesca artesanal e industrial son sectores históricamente en tensión, y cualquier señal de opacidad o error técnico puede alimentar sospechas de favoritismo o negligencia. La confianza se construye con datos correctos y oportunos, no con comunicados aclaratorios posteriores.

Más que defenderse con tecnicismos, la autoridad debe asumir que, cuando se gobierna, los errores informativos también son errores políticos.

Mientras la discusión legislativa sobre la reforma al sistema registral se centró en el botín millonario que representa el Conservador de Bienes Raíces de Santiago (CBRS), en las regiones se repitió la historia de siempre: desdén, omisión y una sistemática falta de visión territorial.

La comisión mixta que revisó esta reforma legislativa actuó como si el sistema registral chileno se redujera a una sola oficina, desconociendo las profundas desigualdades que existen entre Santiago y el resto del país. La Región de Valparaíso no fue la excepción. Las realidades de comunas como Petorca, San Felipe, Quillota o La Ligua -donde los derechos de agua, los loteos irregulares y la precariedad al acceso legal son problemas concretos y urgentes- no tuvieron cabida en la discusión.

La única excepción honrosa fue la diputada Camila Flores (RN) y el senador Pedro Araya (PPD), quienes levantaron puntos concretos para evitar que personas sin experiencia ni conocimiento técnico accedan a notarías o conservadores por razones meramente políticas o de cercanía con el poder. Pese al esfuerzo, sus observaciones fueron marginales y aplastadas por el enfoque predominante de la comisión: repartir el negocio, electoralizar posturas y no modernizar el servicio.

Peor aún, si se hubiese querido tomar una referencia territorial, bastaba mirar lo que ocurrió en la misma Región de Valparaíso. La división del Conservador de Valparaíso y la creación del de Concón no fue producto exclusivo de planificación técnica ni mejora del servicio, sino de disputas internas entre "lotes" dentro del sistema judicial. Hasta hoy, ese proceso no se ha normalizado del todo y sigue generando conflictos operativos y administrativos. ¿Por qué repetir el mismo error en Santiago, pero a mayor escala?

La lógica de esta reforma parece clara. El Gobierno quiere apurar a toda costa y dejar los detalles para más adelante, una especie de Transantiago Registral, y en lugar de corregir las inequidades del sistema, se intenta dividir el Conservador de Santiago con el argumento de que "gana mucho dinero". Pero si ese fuera el verdadero problema, la solución sería simple: limitar legalmente los ingresos de estos concesionarios.

Esta reforma, lejos de fortalecer el sistema en regiones, lo debilita. Al no considerarse la experiencia como un valor esencial para ocupar cargos clave, se desincentiva la permanencia de personal capacitado en comunas alejadas, donde la rotación de funcionarios o la ausencia de profesionales puede significar el colapso de trámites vitales. No es lo mismo perder continuidad en Valparaíso que en Cabildo, no es lo mismo una demora en Viña que en Papudo.

En vez de avanzar hacia un sistema público, moderno, descentralizado y eficiente, se ha optado por consolidar un negocio con nuevos actores, sin una mirada país. Una vez más, se legisla para Santiago, ignorando que sin justicia registral en regiones, no hay equidad territorial ni acceso real a derechos como la propiedad, el agua o la vivienda.