Sondeo revela fuerte rechazo a tomas de terreno y soluciones
CAMPAMENTOS. Estudio de la USS muestra frustración en el acceso a la vivienda, pero no por eso se validan las ocupaciones ilegales. Expertos analizan los datos.
En un escenario donde la dificultad de acceso a la vivienda propia se toma hasta la discusión presidencial, los datos de la encuesta "Chile Nos Habla", realizada por la Universidad San Sebastián (USS) en marzo 2025, muestran que el problema se extiende más allá de la percepción generalizada de lo complejo que es tomar un crédito hipotecario. Son números que dan cuenta de una sensación de frustración a la hora de intentar acceder a una vivienda, pero que también dejan en claro que en la sociedad hay un juicio negativo respecto a las tomas de terreno como una solución válida.
Según los datos, sólo el 21% de los encuestados cree que podría acceder a un crédito hipotecario, lo que evidencia una desconexión profunda entre las necesidades de la ciudadanía y las herramientas del mercado. Son datos que revelan una frustración, pero lo cierto es que la percepción de los encuestados evidencia una crítica extendida hacia las tomas de terreno.
Hay un 81,7% de las personas cree que es injusto que las personas que han ocupado ilegalmente terrenos reciban soluciones habitacionales antes de los que han esperado su turno.
En esa línea, hay un dato categórico sobre el desalojo de la megatoma ubicada en terrenos privados de San Antonio, con un 78,8% de los encuestados que está de acuerdo con hacer valer la instrucción dada por los tribunales de justicia. Junto a ello, hay un 62,3% que cree que lo que hagan las autoridades, por ejemplo, dar ayudas a los desalojados, podría incentivar el surgimiento de nuevas ocupaciones.
Llamado a autoridades
Como académica especialista en derecho urbanístico, Jeanette Bruna valoró "que una encuesta relacionada al acceso a la vivienda incorpore la percepción de la población sobre la problemática actual de los desalojos y cómo es que la inactividad del Estado puede terminar incentivando las tomas".
A su juicio, estos datos "son un urgente llamado a que las autoridades cumplan sus deberes", apuntando a la "creación de protocolos para obligar a que las distintas instituciones se coordinen para prevenir nuevas tomas, incluyendo una verdadera persecución penal al delito de loteo irregular y usurpación".
También cree fundamental generar políticas para "gestionar campamentos y desalojos con respeto a la legalidad urbanística y también los DD.HH., incluyendo el de vivienda y propiedad".
Como abogada de la familia Correa, Bruna conoce muy íntimamente la inacción de la institucionalidad cuando se trata de cumplir la ley y lo dice, precisamente, en el caso del empresario Alejandro Correa, quien fue asesinado por un sicario en Concón en 2020, en terrenos que hoy son una toma. Cuenta que "hasta hoy existen autoridades que aún ponen trabas para cumplir la demolición ordenada judicialmente de las construcciones en el terreno tomado de la familia Correa, cuyo padre fue asesinado para concretar la toma, y ya se cumplen cinco años".
Acuerdos amplios
Sobre las percepciones que se dejan ver en la encuesta que él mismo lideró, el académico de la Facultad de Arquitectura, Arte y Diseño de la Universidad San Sebastián, Carlos Aguirre, sabe que el tema es complejo y contradictorio, dando cuenta de las "muchas viviendas terminadas, muchísimas viviendas por entregar, con muchísima demanda potencial y muy poca gente que compra, mientras hay mucha gente que se está yendo a soluciones como campamentos".
Una paradoja que, dice, es interesante de abordar, donde "hay gente que no puede acceder a la vivienda y prefiere acceder a un mercado no regulado, o completamente ilegal, ligado a una toma o campamento", dejando en claro que "hay muchas explicaciones válidas para ese fenómeno".
Para él, la respuesta no pasa por una sola medida, sino por un conjunto de políticas que aborden la emergencia habitacional desde múltiples frentes. A su entender, se trata de colocar el derecho a la vivienda en el centro y desde ahí construir soluciones institucionales que incluyan viviendas de emergencia, opciones transitorias y medidas específicas que permitan enfrentar con rapidez situaciones críticas.
En ese marco, Aguirre advierte que cuando se trata de megatomas, como la de San Antonio, el Estado debe contar con protocolos claros que permitan desalojar respetando los derechos humanos, garantizando espacios de acogida temporal para las familias mientras se diseñan soluciones habitacionales de fondo.
A su juicio, esto requiere planificación, acuerdos amplios y una voluntad real de enfrentar el problema. "Esto no puede seguir siendo una herramienta de gestión política", advierte.
"Se debe comenzar con la creación de protocolos para obligar a que las distintas instituciones se coordinen para prevenir nuevas tomas".
Jeanette Bruna, Académica Derecho Urbanístico
"Hay muchísima demanda potencial y muy poca gente que compra, mientras hay mucha gente que se está yendo a soluciones como campamentos".
Carlos Aguirre, Académico USS a cargo del estudio
81,7% de encuestados considera injusto que el Estado dé soluciones habitacionales a habitantes de tomas.