Gian Franco Giovines D.

En el año 1952, con el fin de acoger a niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad de la Ciudad Puerto, el Obispado de Valparaíso y el padre René Pienovi Masafierro crearon el Refugio de Cristo. Desde entonces, en sus 73 años de historia, la institución sin fines de lucro ha jugado un papel central en la defensa de los derechos de los más pequeños de la Región de Valparaíso, entregando un hogar a más de 100 niños y adolescentes en sus residencias alojadas en cinco comunas: Quilpué, Limache, La Calera, La Cruz y Villa Alemana.

Sin embargo, desde hace tres años la reconocida ONG se encuentra atravesando serias dificultades económicas, puesto que con la implementación de la Ley Mejor Niñez, la subvención que provee el Ministerio de Desarrollo Social (Mideso) se redujo en 30 millones de pesos.

Las consecuencias del recorte fueron inmediatas: el Refugio de Cristo anunció el cierre de la residencia de Quillota. Sin embargo, la falta de recursos se arrastra hasta el día de hoy, lo que los ha obligado a anunciar el cierre de una segunda sede, Villa Alemana, a partir del 31 de mayo, por lo que ocho niños deberán ser reubicados en la sede de La Calera.

Situación "crítica"

Eduardo Kovacs Amengual, presidente del Directorio del Refugio de Cristo, advierte el complejo estado financiero de la fundación. "Hoy tenemos una situación bastante crítica. Lamentablemente, la residencia de Quillota la cerramos hace tres años, y hoy estamos en proceso de cerrar otra residencia más, en Villa Alemana, por la falta de infraestructura, falta de personal especializado y, sobre todo, falta de recursos".

El reconocido empresario porteño afirma, además, que la ley que implementó el Servicio Mejor Niñez, si bien vela por mejores condiciones de protección y bienestar para los niños y adolescentes en residencias, esta no ha sido acompañada de mayor financiamiento a las residencias, lo que mantiene al Refugio de Cristo en un delicado estado financiero.

"Nos están faltando recursos. La nueva ley de Mejor Niñez, si bien busca que las residencias sean más pequeñas y más familiares, también ha significado más gastos, explica Kovacs, enfatizando además que "hoy día acogemos a niñas, niños con un nivel de daño mucho mayor que hace algunos años; niños y adolescentes con graves problemas de salud mental, consumo problemático de drogas y conductas de riesgo. Entonces, nosotros no estamos preparados para esto, no hay un financiamiento suficiente".

Gastos han aumentado

Desde la fundación porteña advierten que, desde la implementación de Mejor Niñez, el Estado los obliga por ley a contar con un 75% de funcionarios con formación profesional o técnica especializada. A ello se suma, además, la exigencia de que se debe contratar un funcionario por cada tres niños en una residencia de menores y no cada ocho, como se establecía anteriormente.

Lo anterior, exponen, ha elevado sustancialmente los costos operativos de las residencias, sin que eso se traduzca en un mayor aporte estatal.

"Antes, nosotros teníamos que salir a la calle a conseguir del orden del 20% del presupuesto anual con nuestros socios. Hoy día tenemos que conseguir prácticamente la mitad de lo que nos cuesta. Ahora, si tenemos un gasto anual de 100 millones, tenemos que salir a conseguir casi 50 millones", sostiene Kovacs.

Caso convenios

Por otro lado, uno de los daños colaterales que ha dejado el caso Convenios, en el que se han cuestionado millonarios traspasos de recursos a fundaciones, ligadas principalmente al oficialismo, ha sido el mayor pragmatismo del Estado a la hora de entregar subvenciones estatales, lo que se ha traducido en que los traspasos de recursos son más lentos y burocráticos.

"Hoy el Gobierno está mucho más quisquilloso (en la entrega de los recursos), nos exigen comprobantes, más trámites (para rendir), y eso a nosotros nos cuesta más dinero. Ha habido fundaciones que han tenido problemas, pero nosotros no tenemos problemas. Entonces, hemos pagado justos por pecadores", asegura.

Ingresos disminuyeron

En efecto, un estudio publicado en octubre de 2024 por el Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica expuso que tras el caso Convenios, de un total de 140 organizaciones encuestadas, un 83% señala que el control burocrático del Estado ha aumentado, a lo que se suma la percepción de que existe más desconfianza estatal sobre la labor que realiza su organización (59%) y que la relación con las contrapartes del Estado ha empeorado (58%).

Por otro lado, un 40% de las fundaciones indicó que hubo una baja de los ingresos públicos provenientes del Gobierno Central, Regional o municipios, mientras que un 20% dijo que estaban considerando dejar de colaborar con el Estado.

Lo anterior se tradujo en efectos concretos: un 30% de las organizaciones encuestadas declararon que la disminución de ingresos ha provocado dejar de atender beneficiarios.

Entre los principales problemas se encuentra el retraso de las rendiciones de recursos al Estado. En concreto, una de cada cinco organizaciones indicó que tuvieron que volver a realizar rendiciones previamente aprobadas, lo que termina generando demoras en el traspaso de recursos y, por ende, problemas de flujo de caja en las fundaciones.

"Los principales problemas que hemos detectado es en los tiempos de respuesta, lo que no está regulado. Logramos que la Dipres se comprometiera a un plazo de seis meses, lo que ya es mucho, sobre todo para organizaciones pequeñas, pero no todos los organismos del Estado manejan los mismos tiempos", explica Ignacio Irarrázaval, director del Centro de Políticas Públicas UC, en diálogo con DF.

En este complejo contexto, Eduardo Kovacs hace un llamado al Estado para apoyar a las fundaciones "que sí hacen la pega". "Hoy, que estamos en época de definiciones políticas, es el momento de que los candidatos presidenciales y parlamentarios asuman este desafío como una prioridad nacional. 'Los niños primero' no puede seguir siendo un eslogan vacío", culminó.

"Debemos cubrir costos en alimentación, medicamentos, personal, salud mental (...) mientras los aportes estatales siguen siendo burocráticos y tardíos".

Eduardo Kovacs, Presidente Fundación, Refugio de Cristo

Mall Marina, en Viña del Mar, específicamente en el primer piso donde años estuvo la Librería Antártica, fue el espacio elegido por la marca norteamericana New Balance para la inauguración de su primera tienda diseñada bajo el concepto Urban Community Concept (UCC), formato premium de retail caracterizado por ofrecer una selección exclusiva de productos de calzado y vestuario.

Este modelo sólo está presente en 8 tiendas a nivel mundial ubicadas en ciudades como Tokio, Madrid, Londres y París. "Es un hito muy importante para la marca. Hasta ahora, este concepto sólo estaba presente en ciudades icónicas del mundo, y hoy Viña del Mar se suma a ese selecto grupo", comentó la gerente de Marketing de New Balance Chile, Josefa Cristoffanini.

Agregó que la Ciudad Jardín "ha sido un territorio estratégico para la marca".