Un escándalo se desató ayer luego de que la Contraloría General de la República (CGR) publicara un informe en el que establece que, entre 2023 y 2024, 25.078 funcionarios públicos o de entidades que cumplen esa función a nivel nacional incumplieron el periodo de reposo indicado en su licencia médica por haber viajado fuera del país durante ese mismo lapso o parte de él.

De acuerdo con el organismo, para esos funcionarios se emitieron 35.585 licencias médicas, de las cuales el 69% corresponde a permisos entregados por Fonasa y el 31% por las distintas isapres. Y según los datos entregados por la Policía de Investigaciones de Chile (PDI), los titulares de esas 35.585 licencias entraron o salieron del país en 59.575 oportunidades durante el respectivo permiso de reposo.

Otros datos del análisis de la CGR revelan que, tanto en 2023 como en 2024, las salidas o entradas al país se concentraron entre septiembre y diciembre y que 125 funcionarios o servidores públicos registran entre 16 y 30 entradas o salidas del país mientras cursaban licencia médica.

Del total, 13 servicios concentran el 25% de los permisos médicos emitidos. Entre las entidades que más licencias emitieron están: Junta Nacional de Jardines Infantiles (Junji), con 2.280; Fundación Integra, con 1.934, y la Municipalidad de Arica, con 719.

Por otro lado, las regiones que registran mayores entradas o salidas de funcionarios que interrumpieron el periodo de reposo de la licencia médica son la Región Metropolitana, con 26.032 registros (43,7%); Arica y Parinacota, 10.043 (16,9%), y Magallanes, con 5.980 (10,0%).

Incluso se expuso un caso en el que un funcionario de la salud emitió para sí mismo una licencia médica y salió del país durante el periodo que se autoasignó.

"Fraude social"

El informe generó reacciones de condena en los candidatos a La Moneda. Evelyn Matthei acusó que se trata de "fraude y abuso" y apuntó que "se deben instruir sumarios y sacar a quienes abusan, incluidos los médicos que hay detrás de estas licencias falsas". Carolina Tohá afirmó que se trata de un "fraude social. (...) En nuestro gobierno vamos a combatir las licencias falsas, especialmente en el Estado".

José Antonio Kast afirmó que "los abusos al sistema se han convertido en una estafa al Estado"; Gonzalo Winter opinó que "Chile necesita servidores públicos a la altura de su gente"; Johannes Kaiser apuntó que "existe una crisis moral profundísima en nuestro Estado"; y Jeannette Jara argumentó que "estas conductas abusivas dañan la fe pública".

También hubo reacción de los parlamentarios: el diputado Miguel Mellado (RN) anunció una denuncia en la Fiscalía "por fraude al Fisco", mientras que la diputada Natalia Romero (bancada UDI) afirmó que "es una verdadera estafa al Estado que, lamentablemente, queda impune. Es impresentable que en todo este tiempo nadie haya detectado el modus operandi de miles de funcionarios que simplemente se aprovecharon del sistema".

Desde el oficialismo, el senador Juan Luis Castro (PS) aseguró que recurrirá al Consejo de Defensa del Estado: "Es una vergüenza que se esté degradando la licencia médica al punto de que cualquiera tira licencia médica como Pedro por su casa y no le importa engañar al Fisco y que la plata se pierda".

Dentro de las noticias más alarmantes de estos días se encuentra un informe de la Contraloría General de la República. Según este, entre el año 2023 y el año 2024, más de 25.000 funcionarios o servidores públicos viajaron fuera del país mientras poseían una licencia médica; es decir, en vez de guardar reposo, ponerse el termómetro e ingerir fármacos como la prescripción médica lo exigía, prefirieron viajar, hacer turismo y darse unos días de asueto.

En suma, esos 25.000 funcionarios obtuvieron licencias médicas para estafar al Estado.

Conviene detenerse en el significado que esa conducta posee.

Desde luego, muestra hasta qué punto el discurso de los funcionarios suele ser contradicho por la conducta que llevan a cabo, de manera que el primero muchas veces opera como un disfraz de la segunda.

En efecto, quienes forman parte de la administración pública suelen elaborar una narrativa acerca de sí mismos y de su propia función que destaca el apego al deber, al interés público y al bienestar social. Esa imagen suele, además, contraponerse, según quienes la sostienen y la divulgan, a lo que ocurriría en el sector privado: este estaría plagado de oportunismo, enamorado del lucro y ajeno a los intereses generales de la sociedad. En suma, conforme a esa imagen, la administración pública estaría compuesta por servidores públicos, personas ajenas al egoísmo y fanáticos del deber y del bien común, en tanto las empresas estarían infectadas de buscadores de rentas, gentes que buscan lucrar atendiendo sobre todo a sí mismos.

A juzgar por los datos de la Contraloría, ese discurso es falaz y no refleja del todo la forma en que quienes tienen empleos públicos se comportan. Hay en ellos, al parecer, tanto oportunismo en favor del propio interés que el que se encuentra en cualquier sector privado. Pero como el Estado es común o de todos, nadie vigila demasiado lo que se hace con los recursos (a eso, que advirtió tempranamente Santo Tomás, la literatura lo llama "tragedia de los comunes"), algo que en cambio no ocurre en las instituciones privadas, en las que, al haber un dueño, existe mayor interés en cuidarlos.

El dato es muy relevante para un problema que ha estado en el centro del debate público el último tiempo y que puede resumirse en una pregunta: cuando un bien (como la educación o la salud) se financia con recursos públicos ¿significa que también debe ser provisto o administrado por el Estado? En suma, ¿los recursos que el Estado destina a salud o educación deben ser administrados por agencias también estatales?

En la respuesta a esa pregunta que estará, sin duda, en los debates presidenciales, hay un argumento que ya no podrá darse, aquel según el cual esos recursos deben ser administrados por funcionarios pertenecientes a la esfera del Estado, puesto que de otra manera serían presa del lucro o el egoísmo de los administradores privados. Porque lo que muestra este informe de Contraloría -cuya utilidad es difícil de exagerar- es que en la administración pública -centralizada o no y en las municipalidades- hay muchos pícaros y enfermos imaginarios que se sirven de las reglas para, en beneficio propio, despilfarrar recursos públicos.