Este 21 de mayo no será uno más en Valparaíso. El almirante Juan Andrés de la Maza Larraín, comandante en jefe de la Armada desde 2021, encabeza su último desfile naval, dejando tras de sí una gestión marcada por la profesionalización, la modernización tecnológica y una inédita apertura institucional.

Excomandante de la Primera Zona Naval, De la Maza asumió responsabilidades clave en momentos críticos: fue jefe de la Defensa Nacional en Valparaíso durante el estallido social de 2019 y condujo, como comandante de Operaciones Navales, diversos operativos militares y de control durante la pandemia del covid-19. Más recientemente, ya como comandante en jefe, la Armada coordinó en el megaincendio de Viña del Mar la respuesta en una zona tremendamente compleja.

Entre sus principales legados figura la implementación del Plan Nacional Continuo de Construcción Naval, que busca renovar la flota en colaboración con la industria nacional, la academia y el ecosistema científico. Este programa incluye el Proyecto Escotillón IV, que contempla nuevas fragatas a construirse en los astilleros de Asmar, con miras a 2030.

Uno de sus focos persistentes fue acercar la Armada a la ciudadanía y los territorios, especialmente fuera de Santiago. De la Maza impulsó una mayor presencia en regiones, fortaleció la planta del personal de litoral y promovió la construcción de infraestructura estratégica como la nueva base naval en Punta Arenas, consolidando así la vocación marítima y austral del país.

En lo simbólico, encabezó en 2023 una ceremonia inédita en la isla Dawson -emblema de la represión tras el Golpe de 1973-, donde declaró el compromiso de la Armada con la democracia con un firme "Nunca Más".

De la Maza modernizó sin romper y miró el pasado sin temor a nombrarlo. Hoy cierra su ciclo institucional con una Armada más preparada, más abierta y con mayor conexión con la ciudadanía.

Nuestra región atraviesa un momento crítico en materia de seguridad, qué duda cabe. En la última década, los delitos violentos y complejos se han disparado, reflejando muy probablemente el avance del crimen organizado. Según el informe de la Universidad Andrés Bello "Radiografía de la Seguridad en Chile 2014-2024: desafíos de la nueva institucionalidad a la luz del Ministerio de Seguridad Pública", dado a conocer hace unas semanas, los homicidios en Valparaíso se duplicaron en diez años. El tráfico de drogas creció un 23%, el robo de vehículos un 33% y el porte de armas o explosivos un 63%. Los secuestros aumentaron un alarmante 136%. Esto sin contar con las extorsiones, que también se incrementaron sustantivamente. Es decir, mercados ilícitos, delitos predatorios y delitos conexos aumentan.

Estas cifras no son sólo estadísticas, son síntomas de una estructura criminal que se afianza en territorios donde el Estado empieza a perder presencia, como lo confirma el Índice de Delitos Potencialmente Utilizados por el Crimen Organizado en la región (+14%), del mismo estudio. La potencial instalación de redes criminales como el Tren de Aragua, con prácticas como la extorsión, el narcotráfico o el control territorial, amenaza gravemente la convivencia y el desarrollo local. El crimen organizado no sólo erosiona la seguridad, también corroe la institucionalidad y la confianza ciudadana regional.

Frente a este panorama, como bien lo señala el estudio, urge implementar con eficacia la nueva institucionalidad creada por la Ley N° 21.730 que aprobamos este año en el Congreso Nacional: el Ministerio de Seguridad Pública. Este debe actuar con un enfoque territorial y descentralizado, dotado de herramientas especializadas y coordinación efectiva. En este contexto, es clave el rol del secretario regional ministerial de Seguridad Pública y su coordinación con el delegado regional presidencial en el desarrollo de la Política Regional de Seguridad Pública y Prevención del Delito y la articulación del Sistema de Seguridad Pública Regional, al igual que la materialización de los Consejos Regionales y Comunales de Seguridad.

La región está en un punto de inflexión. La consolidación del crimen organizado no es inevitable, pero requiere de una acción decidida. Fortalecer las capacidades locales, anticiparse al actuar delictual y recuperar el control del territorio en la región son tareas urgentes. El momento de actuar es ahora.