A la fecha, y a dos años de la entrada en vigencia la Ley de Responsabilidad Parental y Pago Efectivo de Pensiones de Alimentos, también conocida como ley "Papito corazón", los tribunales de familia han ordenado a deudores a pagar en la Región de Valparaíso más de $ 400 mil millones, cifra que ubica a la zona como la segunda del país por este concepto, tras la Región Metropolitana.

Así lo informó a este Diario la ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Antonia Orellana, quien subrayó que "el abandono parental no sólo es reprochable, sino que constituye una falta con consecuencias profundas en el desarrollo de niños, niñas y jóvenes".

En este sentido, agregó que "aunque el afecto y el cuidado no pueden imponerse por ley, sí existen responsabilidades mínimas, como el pago de la pensión de alimentos, que deben ser exigidas. Hoy contamos con una institucionalidad fortalecida que permite que el Estado pueda investigar y retener los montos adeudados en pensiones de alimentos".

Familias beneficiadas

En su balance, la secretaria de Estado puntualizó que "a nivel nacional, durante los dos años de vigencia de la Ley de Responsabilidad Parental, la cifra de órdenes de pago dictada por la justicia alcanza a casi 2,5 billones de pesos (equivalente a más de 52 teletones), recursos que llegaron o van a llegar directo a miles de familias".

En cuanto a la Región de Valparaíso, Orellana indicó que "la cifra en órdenes de pago es de más de 400 mil millones de pesos ($ 400.856.224.517), que van a beneficiar a más de 34 mil familias. Se trata de la segunda región del país con los montos más altos ordenados a pagar, después de la Metropolitana".

Cabe consignar que la normativa permite a los tribunales acceder a la información financiera de los deudores y establece dos mecanismos efectivos para el pago de pensiones adeudadas desde cuentas bancarias, instrumentos financieros y fondos de pensiones.

Es por ello que la seremi de Gobierno, María Fernanda Moraga, recalcó que "a dos años de la implementación de la ley, los resultados que vemos son importantes. No hablamos sólo del dinero recaudado, sino de la justicia hacia miles de niños y familias".

Logra su objetivo

En la entrega de los resultados a raíz de la aplicación de esta normativa, que el 20 de mayo cumplió dos años desde que entró en vigencia, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Gajardo, expresó que "antes de la existencia de esta ley y de la implementación del Registro de Deudores, las mujeres se hacían cargo del cuidado y del pago de las necesidades de cada uno de sus hijos, a pesar de que los padres habían sido demandados o se había tratado de cobrar las pensiones. Las cifras que dio la ministra Orellana dan cuenta de que esta ley está logrando sus objetivos, lo que implica que un gran conjunto de niñas, niños y adolescentes están recibiendo algo que les corresponde, que son los dineros para cubrir sus necesidades básicas".

Por su parte, la ministra de Desarrollo Social y Familia, Javiera Toro, manifestó que "una de las medidas que se han tomado en esta coordinación e interoperabilidad del Estado es conectar el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos con el Registro Social de Hogares, para que cuando las familias con niños y niñas no están recibiendo la pensión de alimentos, se vea reflejado en el Registro Social de Hogares y, eventualmente, va a bajar de tramo en la calificación socioeconómica. Y al revés: el hogar de un padre que no está pagando la pensión de alimentos, que aparecía con menos ingresos, ahora podría subir de tramo en el Registro Social de Hogares".

"En la Región de Valparaíso, la cifra en órdenes pago es de más de $ 400 mil millones, que van a beneficiar a más de 34 mil familias".

Antonia Orellana, Ministra de la Mujer

"Los resultados son importantes. No hablamos sólo del dinero recaudado, sino de la justicia hacia miles de niños y familias".

María Fernanda Moraga, Seremi de Gobierno

Actualmente, existen más de 270 mil inscritos con deuda vigente en el Registro Nacional de Deudores de Pensiones Alimenticias; 96% de ellos son hombres. Esta deuda afecta a más de 385 mil niños y jóvenes con derecho a recibir una pensión para su manutención. Sin embargo, desde la creación del registro, más del 53% de los deudores que han ingresado al él han pagado sus deudas o han llegado a un acuerdo de pago ante tribunales. Cabe consignar que de incurrir nuevamente en deuda, la persona puede ser inscrita nuevamente en el registro de deudores y se puede activar el proceso nuevamente.

A las 9 de la mañana de hoy, en el Tribunal de Garantía de Valparaíso, se iniciará la audiencia de reformalización de los siete sujetos imputados de estar involucrados en la generación del megaincendio del 2 y 3 de febrero de 2024, que devastó amplias zonas residenciales de Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana, instancia judicial en el cual la Fiscalía también solicitará la ampliación de la investigación.

Cabe consignar que esta audiencia fue informada por el Ministerio Público el pasado 23 de abril, y se basa en la confirmación de la víctima 137 de esta tragedia, Rosa Alfaro Saldaño (76), quien residía en el sector Los Almendros, en Achupallas, cuyos restos no fueron encontrados en el área del siniestro. Sin embargo, su familia realizó ante la justicia civil el trámite para declarar su fallecimiento a raíz de esta catástrofe.

Parte de las víctimas

"En dicha audiencia se va a sumar una nueva víctima a las 136 que ya fueron formalizadas. Esta víctima corresponde a la Sra. Rosa Alfaro Saldaño, quien a la fecha figura como una de las tres presuntas desgracias. Su familia tramitó en la justicia civil que se decretara legalmente su fallecimiento. Por ello, pasará a ser parte de las víctimas fatales del incendio", informaron en aquella oportunidad desde el Ministerio Público.

De esta forma, deberán nuevamente comparecer ante el tribunal los imputados Francisco Mondaca Mella, Franco Pinto Orellana, Elías Antonio Salazar, José Stalin Atenas Gaete, Claudio Rodrigo Gamboa Ortiz, Ángel Marcelo Barahona Troncoso y Maximiliano Damián Véliz Caballería, quienes hasta hoy permanecen en prisión preventiva.

"Paso fundamental"

El abogado Felipe Olea, quien representa a más de 60 familiares de víctimas del megaincendio y sobre 350 damnificados, precisó que "esta audiencia representa un paso fundamental para que se cierre definitivamente la etapa de la investigación y se avance hacia el juicio oral. Ya basta de dilaciones. Necesitamos que los responsables directos del incendio enfrenten a la justicia y paguen por lo que hicieron. Porque la justicia que tarda no es justa, y aquí llevamos más de un año esperando que se hagan cargo de 137 muertes y sumando, y cientos de vidas arrasadas".

El jurista aseguró que existen otras dos personas fallecidas a causa del megaincendio que todavía no han sido incorporadas a la nómina oficial, por tanto, dijo, "estamos hablando de un crimen que sigue cobrando vidas más de un año después". "Tenemos otros dos casos de personas que no murieron en el incendio mismo, sino producto de las secuelas que dejó en su cuerpo y su salud, lo que demuestra la magnitud real de este caso", manifestó.