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Licencias médicas
Cuando ya parecía haber visto todo tipo de irregularidades y desprolijidades, aparece este informe de la Contraloría General de la República que detectó una cantidad exorbitante de personas que viajaron al extranjero mientras hacían uso de una licencia médica.
Y la cantidad es realmente alarmante, ya que asciende a un poco más de 25 mil personas, situación que tendría que haber sido advertida en su oportunidad y a su propio nivel y no esperar que lo hiciera el mayor órgano fiscalizador del país.
Seguramente en los organigramas de los diferentes servicios públicos responsables existe la figura de un contralor interno, pero de nada sirve si su efectividad es débil como se aprecia en esta materia.
El control interno es sumamente necesario, pero más importante es la voluntad de las autoridades de hacerlo cumplir.
Jorge Vidal Stuardo
Impacto no menor
El caso de las falsas licencias médicas y vacaciones asociadas en la administración pública, no tiene otro nombre que fraude, es decir, un acto ilícito, generalmente con fines económicos, que implica la obtención de un beneficio o causar perjuicio a otro por medio de engaño, falsedad o manipulación.
El impacto no es menor: recursos para pagar licencias y el reemplazo de aquellos que asumieron las funciones de los ausentes, o sea, más recursos públicos provenientes de los bolsillos de los contribuyentes.
Pareciera que si no hay represalia explícita, cometer delitos es una alternativa. Sería ejemplar que fueran destituidos y tuviesen que devolver el dinero de la licencia médica como mínimo.
Verónica S. Contreras Villarroel
Debilita la confianza
Como organizaciones de pacientes, expresamos nuestra profunda preocupación por las recientes denuncias sobre el uso fraudulento de licencias médicas por parte de funcionarios públicos.
La licencia médica no es un privilegio ni un favor, es un derecho que forma parte del acto médico y que permite a quienes enfrentan enfermedades recuperarse sin temor a perder su sustento o estabilidad laboral. Su mal uso no sólo implica un daño económico al sistema de salud, sino que también debilita la confianza en un instrumento fundamental para la vida y el bienestar de miles de personas.
Mientras algunos abusan, otros -pacientes reales, con diagnósticos comprobados- enfrentan demoras, sospechas e incluso rechazos injustificados.
Valoramos que hoy existan mecanismos de fiscalización que permitan detectar estas situaciones, y llamamos a las autoridades a sancionar con firmeza a los responsables. Sin embargo, los controles no deben transformarse en nuevas barreras que afecten el acceso legítimo de pacientes a sus derechos.
Cecilia Rodríguez Directora Iniciativa Somos Ciudadanía de Fundación Me Muevo
Liviandad ética
La reciente auditoría de la Contraloría reveló que más de 25 mil funcionarios públicos salieron del país mientras se encontraban con licencia médica. Un total de 59.575 movimientos migratorios en períodos de supuesto reposo da cuenta no sólo de un abuso sistemático, sino también de la profunda liviandad ética que ha infectado al aparato estatal.
No hablamos de errores administrativos ni de casos puntuales. El listado incluye ministerios, municipalidades, servicios públicos e incluso universidades. Entre las más destacadas aparece la Universidad de Chile, con 352 licencias médicas emitidas a funcionarios que viajaron al extranjero. Llama la atención que una institución que se autoproclama como formadora de ciudadanos y defensora de la ética pública, y que además es referente ideológico de la izquierda chilena, exhiba cifras tan bochornosas. Más aún cuando muchos de sus académicos y autoridades han sido férreos críticos de las Fuerzas Armadas, acusándolas de privilegios y falta de transparencia.
Por eso, lanzo un desafío a la propia contralora, al Gobierno y al país: ¿cuántos integrantes de las Fuerzas Armadas están involucrados en este tipo de prácticas? Me atrevo a anticipar la respuesta: ninguno o una cifra ínfima.
Este contraste no es casual. Es el reflejo de una diferencia de formación, de códigos, de vocación y de deber. Por eso, en un momento de nuestra historia -y con toda justicia- se estableció que las Fuerzas Armadas eran la reserva moral de la nación.
Quienes hoy usufructúan del Estado y lo convierten en botín ideológico y financiero, no pueden decir lo mismo.
Christian Slater Escanilla
Avance del comercio informal
Vemos con mucha preocupación el avance sostenido del comercio informal en inmediaciones de centros comerciales. Esta situación, lejos de ceder, se ha ido agudizando y afecta gravemente al comercio formal, a consumidores, a los trabajadores y a su seguridad.
Los centros comerciales son uno de los motores del comercio establecido, el principal empleador del país y un sector clave para la economía. Sin embargo, enfrentan una competencia desleal de quienes operan sin cumplir normas legales, tributarias ni sanitarias. La delincuencia se camufla en el desorden, afectando incluso a guardias de seguridad y los consumidores se exponen a productos sin garantía ni estándares mínimos de calidad, dañando, además, la imagen turística de nuestras ciudades.
Valoramos el esfuerzo coordinado de autoridades y policías, pero es insuficiente. Se necesita una política de Estado que enfrente la informalidad con fiscalización e inclusión laboral formal. No podemos naturalizar esta realidad. Urge proteger al comercio establecido, que cumple la ley, genera empleo formal y paga impuestos.
Sebastián Castillo Gerente de Estudios y Asuntos Gremiales de la Cámara de Centros Comerciales
Vandalismo y arte
No deja de ser sorprendente que, a pesar de la condena moral, social y penal a un vándalo, hoy imputado de delitos y que destruye la propiedad pública y privada (además con fondos públicos), se continúe en calificarlo como "artista".
Una vergüenza para los verdaderos artistas que contribuyen al desarrollo y la promoción de la cultura en el país.
Jaime Llambías Wolff