Alerta por licencias médicas truchas
Más de 25 mil funcionarios, muchos en la Región de Valparaíso, usaron licencias médicas para viajar. Corrupción silenciosa que exige sanciones.
Cuando el Frente Amplio apenas comenzaba a recomponerse tras la crisis provocada por el caso ProCultura, con sede local en la comuna de Limache, la Contraloría asestó un nuevo golpe: más de 25 mil funcionarios públicos utilizaron licencias médicas entre 2023 y 2024 para salir del país. No se trata solo de una falta administrativa, sino de una señal de descomposición en la ética pública. Y aunque el gobierno de Gabriel Boric ha intentado reaccionar con comisiones, plazos y sumarios, lo cierto es que la ciudadanía percibe descontrol e impunidad.
A esta vergonzosa postal se suma una arista médica: 250 profesionales del sistema público -18 de ellos del Servicio de Salud Viña del Mar-Quillota-Petorca- asistieron partos en clínicas privadas mientras estaban con licencia. La gravedad es triple: por un lado, se daña la fe pública; por otro, se compromete el financiamiento de un sistema de salud ya tensionado, y, finalmente, desprestigia la profesión médica.
La Región de Valparaíso, además, aparece como epicentro del escándalo: la Corporación Municipal de Viña del Mar concentra 270 casos; la de Valparaíso, 209; Quilpué suma 122; San Felipe, 134; y comunas como La Calera, Quintero y Concón también figuran con decenas de casos. El paso Los Libertadores, se supo, fue la vía de escape para casi 4 mil de estos "pacientes" recreativos. A nivel político, alcaldes como Macarena Ripamonti han sido tajantes: esto no es solo abuso, es corrupción. Y claro que lo es.
La indignación ciudadana crece porque ve cómo el sistema se degrada desde adentro. El problema no es solo de control, sino de cultura: cuando mentir para obtener un beneficio se vuelve práctica aceptada, la corrosión es total. Y así, mientras miles de trabajadores enfrentan enfermedades reales sin apoyo, otros se ríen desde la playa, financiados por el Estado, o paseando por Europa, como lo hizo el amigo de correrías juveniles del propio Presidente, Raúl Domínguez, jefe una subdivisión de la Subtel.
Chile necesita sanciones reales, sin blindajes ni pactos de silencio. La probidad no puede seguir siendo letra muerta. Y el Presidente Boric, que el 1 de junio enfrenta su última cuenta pública, haría bien en mirar este caso como lo que es: una prueba de fuego para su ya tan vapuleada credibilidad.