La refriega entre guardias del Mall Espacio Urbano, de Viña del Mar, y vendedores irregulares que operan en el entorno mostró con cruda violencia cómo el fenómeno del comercio ambulante se convirtió en un serio problema de seguridad pública, a un punto que colmó la paciencia de los comerciantes establecidos. Para el gerente de Estudios y Asuntos Gremiales de la Cámara de Centros Comerciales, Sebastián Castillo, la situación ya alcanzó un nivel intolerable, principalmente porque al alero del comercio en la calle proliferan otros problemas de seguridad pública.

- ¿Cómo observan la proliferación del comercio ambulante en los centros urbanos de ciudades como Viña y Valparaíso? ¿Sienten un agravamiento del fenómeno en los últimos años?

- Lo vemos con mucha preocupación. Es una situación que está lejos de ceder y que se ha ido agudizando durante los últimos años, afectando gravemente al comercio formal, a los consumidores, a los trabajadores y a su seguridad, tal como lo pudimos apreciar hace algunos días con un incidente entre guardias del Mall Espacio Urbano de Viña del Mar. Estamos viviendo un fenómeno complejo que debe enfrentarse de una manera diferente.

- ¿Cree que la autoridad policial hace lo correcto para mantener el control de estas acciones? ¿Qué medidas de seguridad pública sugeriría?

- Creemos que las policías cumplen con un rol fiscalizador y de control, que a veces no alcanzan a desarrollar a cabalidad por las distintas contingencias que enfrentan, por más que se extremen los esfuerzos y recursos. Desde la Cámara de Centros Comerciales creemos que la colaboración es clave en esta materia, por eso estamos en contacto permanente con la Subsecretaría de Prevención del Delito, el Ministerio de Seguridad Pública, las autoridades locales y las policías para ofrecer apoyo. Además, tenemos una mesa de trabajo con ellos y con el Ministerio Público, para intentar ofrecer soluciones a largo plazo porque se trata de temas complejos.

- ¿Qué rol juegan sus asociados en este proceso?

- Nuestros asociados han hecho un trabajo importante a la hora de brindar seguridad a sus usuarios y colaboradores, incorporando nuevas soluciones tecnológicas, como el uso de cámaras de reconocimiento facial, más guardias privados, botones de seguridad y otros sistemas, además de invertir un 30% más de recursos en esta temática. Pero la inversión aislada no genera una solución integral, se requiere reforzar la labor de coordinación público-privada, necesitamos que el control del comercio ambulante se sume a los planes de seguridad más globales. Finalmente, en el comercio ilegal hay un foco de inseguridad que requiere un tratamiento más contundente.

- ¿Cómo perjudica este fenómeno a los centros comerciales? ¿Qué tipo de comentarios les hacen sus socios con establecimientos en la Región de Valparaíso?

- Hay dos preocupaciones fundamentales: una relacionada con la seguridad y otra con la económica. El comercio informal -en gran medida- esconde bandas, redes delincuenciales, narcotráfico y un sistema nocivo que se ha ido instalando, lo que genera inseguridad para nuestro sector, sus usuarios y colaboradores. Esta es una realidad que no podemos naturalizar, urge proteger a las personas y al comercio establecido. Ahí surge el argumento económico porque el comercio es el principal empleador del país (más de 1.500.000.- trabajadores), un sector que cumple con las leyes, genera empleo formal, paga impuestos y aporta de forma clave a la economía. La informalidad ha crecido mucho en Chile y representa una intolerable competencia desleal con quienes respetan la innumerable normativa que se requiere en Chile para gestionar una empresa y comercializar.

- ¿Cómo observa el desarrollo del comercio ambulante justo en torno a centros comerciales de gran envergadura, como el caso de 14 Norte, en Viña del Mar?

- Es algo que no sólo ocurre en Viña del Mar, sino que en gran parte del país. Sabemos que este fenómeno reviste una complejidad enorme, pero pensamos que se requiere una vuelta de tuerca, una política de Estado, como plantea la Cámara Nacional de Comercio. Hacemos un llamado a las autoridades a seguir trabajando en conjunto para lograr fiscalizar, prevenir y sancionar a quienes actúan al margen de la ley. Entendemos que enfrentar el comercio ambulante es una materia de seguridad y no existe una receta mágica porque la seguridad es tarea de todos.

- ¿Cree posible un reforzamiento de la seguridad en torno a grandes centros comerciales? ¿qué pasos deben ocurrir?

- Nunca hay que descartar un reforzamiento, pero también hay que recordar que prontamente entrará en vigencia la ley de seguridad privada. La semana pasada la Contraloría dio visto bueno al reglamento que permitirá implementar esta normativa que busca regular y estandarizar el trabajo de la seguridad privada en establecimientos de acceso público, como los centros comerciales.

- ¿Qué cambios habrá con esa nueva normativa?

- Uno de los cambios más relevantes tiene que ver con el reforzamiento de la colaboración entre la seguridad privada y la pública, pues se incorporan obligaciones como la denuncia de delitos en un máximo de 24 horas, la conservación de pruebas y la identificación de responsables, entre otras. Esperemos que esto contribuya con nuevas herramientas concretas para enfrentar esta problemática.

- ¿Cómo cree que deben abordarse los problemas de fondo que tienen como efecto la proliferación del comercio ambulante?

- Necesitamos un cambio en la forma que enfrentamos el comercio ilegal por los graves efectos en la seguridad y la economía nacional. Debe haber un acuerdo transversal para abordar esto y promover la formalidad.

"Hacemos un llamado a las autoridades a seguir trabajando en conjunto para lograr fiscalizar, prevenir y sancionar a quienes actúan al margen de la ley".

Luego del trabajo realizado junto a Concón, Rapa Nui, y Villa Alemana en la actualización de sus planes ante desastres, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) presentó al Gobierno Regional la propuesta de extender dicha iniciativa a otras 18 comunas de la Región de Valparaíso.

Se trata de un proyecto desarrollado junto a la Asociación de Municipalidades de la Región para la elaboración y actualización de los Planes de Reducción del Riesgo de Desastres (RRD) a nivel comunal.

Al respecto, el gobernador de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, señaló que "esto es tremendamente importante porque somos una región que está frecuentemente afectada por riesgos de desastre, algunos intencionales, como los incendios del día 2 y 3 de febrero del 2024, y otros naturales (…) y, en esta ocasión, hemos estado trabajando con el equipo técnico del PNUD porque tenemos el firme propósito de poder actualizar los planes de gestión de riesgos de desastre con -a lo menos- 18 municipios".

En tanto, Valentina Salas, oficial de territorio y gobernanza del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo - PNUD, indicó que "gestionar el futuro es fundamental para el desarrollo y sobre todo en estas materias de gestión de riesgo de desastres donde muchas veces uno se queda en lo que pasa en la recuperación posterior a este tipo de emergencias, pero tenemos que tomar el tiempo para poder planificar y lo que queremos hacer aquí es poder escalar un trabajo después de haber hecho este piloto en tres municipios con resultados altamente exitosos".

Uno de los objetivos de la iniciativa es capacitar a los equipos municipales.