En un ambiente marcado por las restricciones presupuestarias, los errores de cálculo sobre el déficit fiscal y un entorno político-económico desafiante, es poco popular poner sobre la mesa una discusión sobre los gastos en Defensa, pero el país necesita reforzar su vocación marítima, su presencia de todo ámbito en el océano Pacífico, y para ello es imperativo una definición del Estado sobre la Marina que necesitamos para el futuro. La antigüedad de algunas unidades navales convierte esta idea en un tema absolutamente razonable. El Buque Escuela "Esmeralda" cumplirá 79 años y las fragatas tienen una edad promedio superior a los 34 años, en tanto que los submarinos U-209 de la flota cuentan con 41 y 43 años de recorrido por las aguas que protege la institución. Asimismo, las lanchas misileras cumplen ya 50 años y aeronaves como los P-3ACH, especializadas en el patrullaje marítimo y el combate antisubmarino, tienen más de 60 años. De aquí lo relevante que haya continuidad y profundización de la Ley de Financiamiento de Capacidades Estratégicas, así como un cumplimiento de los plazos establecidos para la renovación de las capacidades de combate de superficie y submarinas, que debiera iniciarse dentro de esta década. No se trata de inversión en unidades hechas en el extranjero, sino de un proceso que apuesta al desarrollo de nuevas capacidades tecnológicas en la construcción de embarcaciones nacionales, con un norte que mira tanto al autoabastecimiento como a la construcción para otros países. Si todo esto se hace bien, tal como lo ha planteado la Armada en su celebración de las Glorias Navales, esta ruta permitirá la creación de nuevos puestos de trabajo, la consolidación de una industria en torno a la construcción naval y el surgimiento de un ecosistema de especialistas capaces de ayudar en el salto al desarrollo que tanto busca el país. ¿Y Valparaíso? Junto con la convicción de que puede ser la sede del acuerdo de protección para aguas abiertas (BBNJ), Valparaíso puede encontrar en este proceso algunas de las oportunidades que ha perdido en los últimos cuarenta años, un faro para recuperar su sitial junto al océano de mayor relevancia geopolítica del siglo XXI.

La reciente Semana de la Construcción 2025 marcó un punto de inflexión para nuestro gremio. Durante el encuentro, la Cámara Chilena de la Construcción asumió un rol articulador, convocando a autoridades, especialistas, empresarios y representantes de la comunidad, en torno a un diálogo constructivo sobre el futuro de Chile. Y se logró algo inédito: seis candidatos presidenciales participaron en el mismo espacio, para debatir propuestas concretas para el país, guiados por una hoja de ruta centrada en el bienestar de los chilenos.

Esa hoja de ruta está contenida en el documento "Chile Posible: El país que podemos construir al 2030", que reúne 60 medidas y un plan de obras prioritarias para las regiones. Se trata de una propuesta integral que aborda los principales desafíos del país con visión de futuro y que fue entregada a todas las candidaturas presidenciales como insumo para sus programas de gobierno. Se trata de propuestas viables, construidas desde el conocimiento técnico y el compromiso con el desarrollo, y que tienen oportunidades y una profunda aplicación en la Región de Valparaíso.

Estas medidas se agrupan en seis grandes ejes: vivienda, barrios, ciudades, infraestructura, Estado y economía. Entre ellas, destacan la creación de una Agencia Nacional de Infraestructura, un fast track para destrabar proyectos críticos, un IVA diferenciado para la vivienda, la habilitación de suelo urbano, una planificación urbana más integrada y una revisión del marco regulatorio que permita agilizar la inversión. Todo con foco en mejorar la calidad de vida, impulsar el crecimiento y acortar brechas territoriales.

Para nuestra región estas propuestas son especialmente urgentes. Enfrentamos un grave déficit habitacional, una necesidad imperiosa de reconstrucción tras el megaincendio, desafíos en conectividad vial y portuaria y una brecha creciente en infraestructura pública. En este escenario, las 60 medidas de la CChC no sólo representan una visión de país, sino una oportunidad concreta de desarrollo regional.

La propuesta contempla obras claves como nuevos accesos y circunvalaciones, mejoras logísticas, expansión de redes ferroviarias, inversiones en infraestructura hídrica y urbana, y mecanismos para facilitar el acceso a la vivienda. También incluye una modernización del Estado que permita ejecutar con mayor agilidad y eficacia estos proyectos.

El mensaje es convocante: Chile puede volver a crecer con fuerza si genera las condiciones adecuadas para la inversión, la colaboración público-privada y el desarrollo descentralizado.

Como CChC Valparaíso creemos en ese Chile posible. Un país que apuesta por la cohesión social y el desarrollo equitativo y sostenible desde sus regiones. Por eso llamamos a todas las candidaturas a incorporar estas propuestas en sus programas. Los temas críticos ya están identificados. Es el momento de pasar del diagnóstico a la acción. Construir un mejor país es una tarea colectiva. Las 60 propuestas de la CChC están sobre la mesa. La voluntad de colaborar, también. Pongamos manos a la obra.