Gian Franco Giovines D.

El megaincendio del 2 y 3 de febrero del 2024 no sólo causó pérdidas humanas y materiales irreparables, sino también significó una vasta afectación de flora y fauna, consumiendo 3.130 hectáreas de la Reserva Nacional Lago Peñuelas y otras 360 del Jardín Botánico Nacional, dos pulmones verdes de la Región donde residían especies como el zorro culpeo, el zorro chilla y hasta el gato colo-colo, todas especies amenazadas. A ello se suma el dolor de miles de vecinos, quienes aquella trágica tarde de día viernes perdieron a sus fieles mascotas.

Por esta razón, el pasado 30 de abril la Fundación Derecho y Defensa Animal presentó una querella contra los imputados del caso megaincendio, por los delitos de maltrato animal e incendio que afecta gravemente las condiciones de vida animal de un área silvestre protegida, lo que es sancionado de acuerdo al artículo 476 del Código Penal. Todos en grado de consumado y en calidad de reiterado.

Según expone el libelo de la Fundación Derecho Animal, los siete querellados -Francisco Mondaca, Franco Pinto, Elías Salazar, José Gaete, Ángel Barahona, Claudio Gamboa y Maximiliano Véliz- "dieron muerte a miles de animales y otros miles fueron gravemente heridos", arguyendo, además, que los imputados tenían pleno conocimiento de la afectación que podría tener el ataque incendiario.

"Los autores, por sus oficios calificados ligados a la emergencia, rescate y la prevención de incendios, conocían el impacto devastador que el incendio concertado produciría en miles de personas, hectáreas de vegetación y animales de múltiples especies de residían en la zona, aceptando deliberadamente dichas consecuencias, las que en definitiva configuran el tipo penal de maltrato animal", acusaron.

Dos zorros fallecidos

De esta manera, la Fundación Derecho Animal busca hacer justicia por los miles de animales fallecidos en la catástrofe. Y es que, de acuerdo a un informe del Colegio Veterinario (Colmevet) adjuntado en la querella, en total fueron 5.597 los animales atendidos en centros veterinarios, con heridas de diversa consideración.

En detalle, los heridos corresponden a 5.091 mascotas, 421 animales de granja, 59 exóticos y 26 animales de fauna silvestre.

Según un informe del Servicio Agrícola y Ganadero, al que pudo acceder El Mercurio de Valparaíso, fueron 26 los animales de fauna silvestre atendidos en recintos veterinarios. Sin embargo, entre la lista de animales silvestres atendidos, el SAG reportó un total de 10 animales fallecidos, entre los que se encuentran un zorro culpeo, un zorro chilla, una codorniz chilena, un ratón chinchilla, dos tórtolas, una gallina ciega, un zorzal y un tiuque.

Y si bien existe un catastro de los animales silvestres atendidos, hasta la fecha no existen cifras oficiales del número de mascotas que perecieron en el incendio de febrero de 2024.

Marcaría un precedente

Bárbara Castillo, abogada de la Fundación Derecho y Defensa Animal, destaca que esta es la primera querella por maltrato animal presentada en contexto de un incendio forestal. "La importancia que tiene esto es fundamentalmente por la gravedad de los hechos, en atención a la cantidad de animales desaparecidos que resultaron heridos, fallecidos, que perdieron su hábitat", explicó.

De esta forma, explicó la jurista, "buscamos marcar un precedente en justicia para los animales, fundamentalmente cómo ir a prevenir la crueldad animal y asegurar la protección de todas las especies, porque lo característico de nuestra querella es que comprende todas las especies, no sólo los animales domésticos que estamos familiarizados a interactuar con ellos, sino que también nosotros nos ampliamos, porque, en definitiva, el tipo penal no hace una distinción en cuanto a especies. Entonces, nosotros comprendemos todas las especies en esta querella".

Si bien resta menos de un mes para que finalice la investigación encabezada por el fiscal Osvaldo Ossandón, desde la fundación esperan que se puedan llevar, al menos, las diligencias prioritarias de las 15 que solicitaron al Ministerio Público, entre las que destacan una orden de investigación a la PDI y oficios a Conaf, Senapred, SAG, Medio Ambiente y los municipios de Viña del Mar y Quilpué, entre otros. Con ello esperan que se logre reformalizar a los imputados por los delitos de maltrato animal e incendio con afectación de Área Silvestre Protegida.

"Los querellados dieron muerte a miles de animales y otros miles fueron gravemente heridos".

Fundación Derecho y Defensa Animal

"Buscamos marcar un precedente en justicia para los animales".

Bárbara Castillo, Abogada de Fundación, Derecho y Defensa Animal

En prisión preventiva quedó ayer Nelson Alejandro Hernández Romero, de 50 años de edad, por su responsabilidad en el atropello con resultado de muerte de un guardia de seguridad identificado como Miguel Uribe Bernales (58), quien la madrugada del 20 de mayo pasado fue embestido por un vehículo tipo van en la avenida Brasil, a la altura de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (PUCV), sin que el conductor del móvil le prestara auxilio y diera aviso del accidente.

El imputado fue detenido este martes por efectivos de la Sección de Investigaciones Policiales (SIP) de la Segunda Comisaría de Carabineros de Valparaíso, unidad que, instruida por la Fiscalía para indagar este hecho, logró identificar al chofer del móvil que protagonizó el accidente, quien al momento de su arresto no mantenía licencia de conducir, por cuanto el documento se encuentra retenido en el Segundo Juzgado de Policía Local a raíz de un hecho de tránsito anterior.

Hasta el Tribunal de Garantía porteño llegaron familiares y amigos de Miguel Uribe, quien esa fatídica noche había regresado a la Ciudad Puerto luego de haberse desempeñado como guardia de seguridad en el partido que disputaron Colo Colo y Ñublense en el estadio Monumental. Con fotos y pancartas, sus cercanos exigieron justicia por su deceso.

Identificación

Nelson Hernández fue formalizado por los delitos de marcharse del sitio del suceso sin dar aviso a la policía ni auxiliar a la víctima, conducción sin licencia profesional y conducción con suspensión de licencia de conducir vigente.

Tras la audiencia, el fiscal Pablo Jaque informó que su detención se logró en virtud del trabajo investigativo efectuado por la SIP de Carabineros, que pudo, a través del levantamiento de cámaras, obtener la placa patente única de la van, lo que "ayudó a determinar, primero, el propietario y así acceder a quién era el conductor ese día, así como también los testimonios de las personas que iban al anterior de esa minivan, quienes sindican al imputado como el conductor ese día y a quien, además, ellos le dan aviso de que efectivamente había atropellado a la persona".

Ante los antecedentes expuestos, el juez Felipe Contreras accedió a la solicitud de la Fiscalía y ordenó la prisión preventiva para el imputado, fijando en 60 días la investigación.

"Estima el tribunal que existe un peligro de fuga, principalmente por el riesgo de esta condena de al menos un año de otorgamiento de pena efectiva".

Felipe Contreras, Juez del Tribunal de Garantía