El Juzgado de Garantía de Concepción decretó ampliar hasta el lunes la audiencia de control de detención del menor de 17 años vinculado a las balacera ocurrida el jueves en el Colegio Nuevos Horizontes de San Pedro de la Paz, en la Región del Biobío, que dejó tres estudiantes heridos en pleno horario de clases cuando tres encapuchados ingresaron al plantel para atacar a un estudiante.

El joven fue detenido por su presunta participación en los hechos. En su hogar encontró un arma, que sería la utilizada en el ataque, y, además, el joven aprehendido y uno de los lesionados figuran como imputados en investigaciones por delitos previos.

Según los primeros antecedentes del caso, el detenido sería alumno del establecimiento y mantenía rencillas anteriores con al menos uno de los heridos, lo que podría haber motivado el hecho. De acuerdo a algunos familiares de los heridos, el ataque se originó tras una riña ocurrida el día anterior, a las afueras del colegio.

Según el alcalde de San Pedro de la Paz, Juan Pablo Spoerer (Evópoli), un grupo de jóvenes, no todos alumnos, circulaba en vehículo cerca del recinto educacional y se enfrentó verbalmente con estudiantes.

"Estos insultos empiezan a subir de tono y derivan en el intento de robo de una de las mochilas de los jóvenes. Posteriormente, en una riña a golpes, incluso habría existido un intento de secuestro de una joven al interior del auto", relató.

El incidente se extendió hasta el día siguiente, cuando dos jóvenes encapuchados llegaron hasta el colegio para abrir fuego contra alumnos.

Plan de acción

Ayer el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, se trasladó hasta San Pedro de la Paz junto al delegado presidencial del Biobío, Eduardo Pacheco, el seremi de Educación, Carlos Benedetti, y el seremi (i) de Seguridad Pública, Carlos Uslar. En el lugar, se reunieron con el alcalde Juan Pablo Spoerer y representantes de la comunidad educativa.

Al finalizar la reunión, el ministro Cataldo expuso que "en circunstancias excepcionales como las que hemos visto, tan delicadas, tan dolorosas, tan inaceptables también, la única posibilidad sensata que queda es unir fuerzas para enfrentarlo en conjunto".

Además, se refirió a la discusión sobre la instalación de detectores de metales en establecimientos educacionales. Dijo que reducir la conversación a estos pórticos "es banalizar un debate que es mucho más complejo". La evidencia "no es concluyente respecto a que efectivamente eso va a detener cualquier hecho de violencia como el que vivimos el día de ayer", señaló.

Sin embargo, indicó que son "un aspecto de la conversación, que puede ser importante y estamos abiertos a conversarlo; no es ni por lejos lo más significativo que tenemos que abordar".

Respecto de las medidas que se tomarán en el colegio, las autoridades informaron que se instalará un retén móvil y que Carabineros realizará rondas preventivas.

Además, se implementará apoyo psicosocial a las familias y el Programa Habilidades para la Vida de Junaeb.

Asimismo, el ministro sostuvo que invitaron al municipio al Programa Comunidades Educativas Protegidas, que es un trabajo intersectorial que busca combinar medidas pedagógicas con medidas de seguridad.

El escándalo por el uso fraudulento de licencias médicas por parte de más de 25 mil trabajadores públicos sigue generando consecuencias y esta vez en la estatal Metro. A través de un comunicado, la empresa informó haber tomado conocimiento de la situación y en su condición de sociedad anónima de propiedad del Estado, se rige por el Código del Trabajo y no puede instruir sumarios.

En este contexto, "y dado lo grave de los hechos informados" iniciaron el análisis de los casos, con lo que constató que los 188 casos corresponden a 131 personas, de las cuales 99 se encuentran trabajando actualmente en la empresa.

De la revisión realizada "y en mérito de los antecedentes tenidos a la vista, un primer grupo de 23 personas fue desvinculado esta mañana (ayer) por incumplimiento grave a las obligaciones del contrato y falta a la probidad".

Metro explicó que los otros casos siguen siendo analizados "para adoptar las medidas correspondientes según la normativa interna de Metro y la legislación vigente, con el fin de sancionar cualquier irregularidad, como se ha hecho hasta ahora".

Detallaron que los antecedentes serán remitidos a la Compin o a la Isapre correspondiente, "a fin de que estas instituciones tomen conocimiento, investiguen y ejerzan las acciones que correspondan dentro de sus propias atribuciones legales".

El lunes ya había renunciado el gerente de Personas de Metro, Patricio Baronti, quien reconoció que viajó estando con licencia médica.

En otra arista, la secretaria ejecutiva de ChileValora, Ximena Rivillo, se querelló tras aparecer en el listado de Contraloría. Según la PDI estuvo en República Dominicana en medio de una licencia médica, pero ella lo niega rotundamente. Explica que en ese periodo y tras la licencia, expuso en el Senado, estuvo en reuniones con la entonces ministra del Trabajo, Jeannette Jara y participó de una pauta de prensa.