El uso fraudulento de licencias médicas por parte de funcionarios públicos ha sacudido la institucionalidad chilena. Según dio a conocer la Contraloría General de la República (CGR) más de 25.000 trabajadores de diversas entidades salieron del país durante su reposo médico entre 2023 y 2024.

En el análisis que hizo el Ministerio de Hacienda, su titular, Mario Marcel, enfatizó que "dos tercios de un millón provienen de las municipalidades, y eso ratifica un diagnóstico de que en las municipalidades hay más problemas en la gestión de su personal"; agregando que este tipo de prácticas no sólo reflejan falencias individuales, sino también estructurales en la capacidad de los municipios para administrar sus recursos humanos de forma eficiente.

El Ministro apuntó a que se requiere una coordinación más estrecha entre los organismos fiscalizadores y los gobiernos locales, y sostuvo que "la integridad en la función pública no puede depender sólo del buen criterio de las autoridades, sino de sistemas que funcionen incluso cuando ese criterio falla".

Problema estructural

En la Región de Valparaíso, la Corporación Municipal de Viña del Mar lidera el listado con 270 casos, seguida por Valparaíso con 209. Luego se ubican El Quisco (51), El Tabo (35), Concón (31), la Municipalidad de Viña del Mar con 53, y otras comunas como San Felipe, Quintero, Zapallar, Villa Alemana, La Calera, La Ligua y El Quisco con cifras menores.

El alcalde y presidente de la Asociación Regional de Municipios, Freddy Ramírez, coincide con Marcel al sostener que "esto evidencia un problema estructural del Estado que se debe resolver con medidas eficaces y coordinación interinstitucional". Y afirmó que los municipios operan sin herramientas eficaces para controlar y fiscalizar.

Diversos alcaldes de la región, además, apuntan a que existe una brecha legal que impide tomar medidas disciplinarias eficaces. "Cuando se despide a alguien por mal desempeño, muchas veces la justicia ordena su reintegración, incluso si hay pruebas suficientes. Por eso necesitamos respaldo de Contraloría, del legislador y de los tribunales", explicó Ramírez.

Añadió que esta situación genera frustración en las administraciones locales, pues "se pierde tiempo, recursos y credibilidad ante la ciudadanía". Desde su perspectiva, "la falta de criterios uniformes entre instituciones y la debilidad normativa nos dejan sin margen de acción, especialmente cuando hay que tomar decisiones complejas".

Además, genera una sensación de impunidad y obstaculiza la aplicación de sanciones proporcionales. "No podemos permitir que este tipo de práctica enlode el trabajo público", advirtió el edil.

Propuestas

El diagnóstico compartido por las autoridades comunales se centra en tres puntos: falta de autonomía legal para actuar, carencia de sistemas de fiscalización robustos y escasa articulación interinstitucional. Es más, muchos municipios no cuentan con unidades internas especializadas en auditoría o control de gestión; mientras que el tamaño de algunas corporaciones municipales revela que el volumen de personal supera con creces la capacidad de supervisión.

Desde esta perspectiva, Ramírez hizo un llamado a modernizar el Estatuto Administrativo Municipal y a crear instancias de coordinación más directas entre municipios y órganos de control.

Asimismo, se ha evidenciado una desconexión entre los sistemas de salud, los departamentos de recursos humanos y los organismos fiscalizadores nacionales, lo que retrasa las respuestas y permite que los abusos se perpetúen. "Esto nos demuestra el Estado precario que tenemos y también lo fácil que es vulnerarlo", enfatizó Gustavo Alessandri, alcalde de Zapallar y presidente de la Asociación de Municipalidades de Chile (Amuch).

La dependencia del Compin para validar o rechazar licencias ha sido señalada como una limitante clave. Los alcaldes plantean la necesidad de establecer canales de comunicación más eficientes y protocolos compartidos que permitan alertar casos sospechosos en tiempo real; y proponen la creación de un sistema nacional de trazabilidad de licencias o la interoperabilidad de datos entre municipios y organismos de salud.

Asumir responsabilidades

Debido a lo sucedido, los municipios han comenzado a delinear medidas a mediano y largo plazo. Entre ellas destacan capacitaciones obligatorias al momento del ingreso laboral, auditorías externas, cruce sistemático de información con Compin y Minsal, y mayor autonomía para establecer procesos disciplinarios internos.

Según Alessandri, el problema requiere una revisión profunda desde el nivel local hasta el legislativo, y manifestó que "los municipios debemos asumir con responsabilidad una profunda autocrítica, porque aquí hemos fallado todos". Su administración solicitó a Contraloría los antecedentes de todos los casos desde 2017, y está revisando los informes correspondientes a 2023 y 2024, y anunció querellas por fraude al fisco.

"Esto no termina con sumarios administrativos. Presentaremos acciones penales, y realizaremos una auditoría externa completa. Lo que no puede ocurrir es que tras este escándalo todo siga como si nada", comentó, acotando que "se acaba la tolerancia al abuso y a la negligencia".

Además de la revisión de casos que arrojó el informe de Contraloría, también se instruyó el análisis de licencias superiores a 20 días emitidas durante 2023, y se estableció un equipo técnico interno encargado de actualizar las directrices sobre permisos médicos y su fiscalización mensual.

Capacitaciones y sanciones

"Hemos tomado todas las medidas que la ley nos permite y nos faculta en este caso, instruyendo sumarios internos", explicó Alfonso Muñoz, alcalde de El Tabo, tras conocerse 35 casos detectados por Contraloría que involucraron a 17 funcionarios con licencias médicas y viajes fuera del país; detallando que se instruyeron sumarios internos, se notificó a la Fiscalía y se interpuso una querella. Además, solicitó un pronunciamiento de Compin sobre la validez de las licencias.

Asimismo, destacó que se reforzó el control sobre las horas extraordinarias con "topes establecidos. Sólo operaciones y seguridad pública pueden exceder las 25 horas mensuales"; y se implementó un sistema de control interno con trazabilidad digital para registrar horas extra y licencias médicas, auditado trimestralmente. "Hoy tenemos una responsabilidad no sólo administrativa, sino también ética frente a la ciudadanía", afirmó el alcalde.

Por último, se han iniciado charlas formativas sobre el uso de las licencias y se estableció una mesa de trabajo con representantes de funcionarios. "Queremos que este tipo de situaciones se aborden con total transparencia y sin protecciones indebidas. Si alguien faltó a la probidad, deberá asumir las consecuencias", concluyó.

Por su parte, el alcalde Johnny Piraino de La Calera se refirió con dureza a los hallazgos: "No vamos a tolerar prácticas que dañen la confianza de nuestros vecinos". De los 47 implicados -que emitieron 64 licencias para otros fines-, 41 continúan en funciones. La distribución muestra que el área de educación concentra 24 casos, salud 16 y administración central apenas uno.

Ante esto, Piraino anunció el fortalecimiento de los controles internos mediante auditorías permanentes y la eventual aplicación de sanciones, incluidas acciones legales.

El informe de Contraloría también indicó que algunas personas registraron más de una salida del país en períodos de reposo, lo que evidencia un patrón reiterado de comportamiento. A raíz de estos datos, se activaron mecanismos de fiscalización cruzada con Migraciones y se ordenó una revisión completa de todas las licencias emitidas en los últimos 18 meses en los tres principales departamentos del municipio.

Sebastián Casanova Díaz

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