Cruces de información

En Quintero, el alcalde Rolando Silva ordenó a la Dirección Jurídica iniciar una solicitud formal ante Contraloría. El objetivo: obtener todos los antecedentes de los 62 casos detectados. José Emiliano Hernández, administrador municipal, explicó que una vez finalizada la recopilación de antecedentes se instruirán los sumarios administrativos.

Además, se implementarán capacitaciones obligatorias sobre el uso adecuado de licencias médicas y se reformularán los procedimientos internos, a fin de prevenir nuevos abusos. Según fuentes municipales, más del 70% de los casos corresponden a funcionarios adscritos a programas de salud y educación, con periodos de licencias que en algunos casos superaron los 90 días.

También se revisarán los registros migratorios asociados y se instruyó a la Dirección de Control llevar un monitoreo mensual de las nuevas licencias. A su vez, se evaluará un sistema digital de alerta temprana para identificar posibles reincidencias o patrones irregulares en el otorgamiento de permisos médicos. "No podemos permitir que se normalicen conductas que afectan la fe pública y vulneran los recursos del Estado y la confianza. Seremos rigurosos en cada etapa del proceso", afirmó el alcalde Silva.

Su par de San Felipe, Carmen Castillo, fue una de las primeras en actuar. La comuna reportó 134 situaciones irregulares, de las cuales seis corresponden al municipio, otras seis a salud y 96 al área de educación. La alcaldesa instruyó sumarios inmediatos y solicitó el cruce de datos actualizados entre enero y junio para detectar nuevos casos.

"La sanción es la destitución, y si no renuncian, serán inhabilitados por cinco años para ejercer cargos públicos o administrativos", advirtió. También destacó la importancia de mantener la reserva de identidad de los involucrados mientras se investiga, enfatizando la necesidad de transparencia sin vulnerar derechos fundamentales.

La alcaldesa informó que se está evaluando implementar un software de trazabilidad interna para monitorear la duración y frecuencia de licencias por departamento, y se solicitó a Contraloría un informe técnico complementario para facilitar futuras decisiones administrativas.

Señal preocupante

En tanto, el jefe comunal de El Quisco, José Jofré, reconoció que la situación es crítica, y que "cada municipio deberá tomar las medidas pertinentes con respecto a sus funcionarios para asegurar una gestión eficiente y honesta". En la localidad se activaron procesos de investigación jurídica y se comprometió total colaboración con los entes fiscalizadores.

Además, se han iniciado talleres educativos para sensibilizar a los trabajadores sobre el uso correcto de licencias y reforzar la ética pública como eje de la gestión municipal. Asimismo, el municipio dispuso la revisión cruzada de licencias superiores a 30 días emitidas entre 2022 y 2024, y se trabaja en un protocolo interno para notificar en un plazo, no superior a cinco días hábiles, cualquier licencia que coincida con registros migratorios.

Según datos entregados por la administración, en El Quisco se identificaron 51 casos, de los cuales más del 60% corresponde a funcionarios del área de salud y el resto a educación y servicios generales.

Desde La Ligua, el alcalde Patricio Pallares adoptó una postura crítica, pero prudente: "Lo detectado por la Contraloría es una señal preocupante. Son hechos que se deben esclarecer y corregir a la brevedad, pero no son una conducta generalizada". En su comuna, con más de mil funcionarios, enfatizó que la mayoría cumple con responsabilidad sus funciones. Sin embargo, advirtió sobre una sobrecarga estructural.

"Nos enfrentamos a múltiples desafíos con plantas pequeñas, que no reflejan el crecimiento poblacional. Eso afecta directamente la capacidad de fiscalización y gestión", explicó. Según confirmó, se están realizando sumarios conforme a lo instruido por Contraloría y bajo un estricto respeto al debido proceso.

En tanto Nelson Estay, alcalde de Villa Alemana, abordó la dimensión legal del problema, al comentar que "los municipios no tienen facultades para validar o rechazar licencias médicas, simplemente las reciben bajo el principio de buena fe", recalcando que la responsabilidad directa en la fiscalización recae en Compin.

Aun así, la municipalidad ha iniciado investigaciones sumarias por cada caso detectado, y en la Corporación Municipal -donde hay más de cien personas involucradas- se convocó al directorio para resolver de forma colegiada.

"Vamos a establecer protocolos claros. Cada caso será evaluado individualmente, y si corresponde, se aplicarán sanciones con todo el rigor que permite la ley", aseguró. También instruyó capacitaciones obligatorias sobre deberes, derechos y normas internas al momento del ingreso de nuevos funcionarios.

Según datos preliminares entregados por la administración, 114 funcionarios estarían bajo revisión, y 38 de ellos tendrían antecedentes de licencias repetidas con duración superior a 45 días. Se solicitó a los departamentos de salud y educación reportes mensuales sobre licencias extensas, y se integró un módulo de control digital en el sistema interno de gestión municipal para automatizar alertas de posibles irregularidades.

GRANDES COMUNAS

En Valparaíso, la alcaldesa Camila Nieto ordenó el inicio de sumarios en la Corporación Municipal tras conocerse los 209 casos que involucran licencias irregulares. "Esta situación reviste la mayor gravedad", indicaron desde la institución.

En cuanto, a las medidas adoptadas se reforzó la unidad jurídica y se instaló una mesa de trabajo especializada para abordar las licencias que superan los 180 días de duración.

Nieto sostuvo que "nuestra administración no tolerará prácticas que vulneren la ética pública y ha instruido ejecutar medidas disciplinarias donde corresponda". De los casos identificados, 131 corresponden al área de educación, 59 a salud y 19 a funcionarios de administración. Según el municipio, 27 de los funcionarios implicados habían registrado más de una licencia con viajes internacionales en un periodo de 12 meses.

La mesa técnica estableció un plazo de 90 días para la evaluación completa de antecedentes y la aplicación de sanciones; y se contempla implementar un sistema de control cruzado con el Departamento de Extranjería y con Compin para verificar la validez de futuras licencias.

Viña del Mar, por último, es la comuna que a nivel regional concentra el mayor número de casos detectados con 270 en la Corporación y otros 53 en el municipio. La alcaldesa, Macarena Ripamonti, no dudó en calificar el fenómeno como "un acto de corrupción".

"Mentir sobre una enfermedad para beneficiarse de manera indebida, mientras muchas personas realmente necesitan atención médica, es un acto despreciable", afirmó, e informó que, "en todos los casos detectados, se procedió a la desvinculación inmediata de los responsables de las licencias fraudulentas".

"Gracias a la colaboración con Contraloría ahora tenemos acceso a bases de datos que antes eran inaccesibles. Esa información nos permite investigar con mayor solidez y actuar con decisión", concluyó.

De acuerdo con cifras entregadas por la Dirección de Recursos Humanos, un total de 194 funcionarios del área de educación, 89 del área de salud y 40 de otras dependencias están bajo revisión. Se habilitó un sistema de verificación cruzada con la Dirección Nacional de Migraciones y se está desarrollando una plataforma interna que permitirá alertar sobre nuevas licencias que coincidan con movimientos migratorios u otras variables críticas. Además, se contrataron auditorías externas trimestrales para monitorear la evolución de los casos. 2

"Esto evidencia un problema estructural del Estado, que se debe resolver con medidas eficaces y coordinación interinstitucional",

"Esto no termina con sumarios administrativos, sino que se presentarán acciones penales y se realizará una auditoría externa completa".

"Hemos tomado todas las medidas que la ley nos permite y nos faculta en este caso, instruyendo sumarios internos",

"No podemos permitir que se normalicen conductas que afectan la fe pública y vulneran los recursos del Estado, y la confianza".

"La sanción es la destitución, y si no renuncian, serán inhabilitados por cinco años para ejercer cargos públicos o administrativos".

"Vamos a establecer protocolos claros. Cada caso será evaluado individualmente, y si corresponde, se aplicarán sanciones".

"Cada municipio deberá tomar las medidas pertinentes con respecto a sus funcionarios, para asegurar una gestión eficiente y honesta".

"En todos los casos detectados se procedió a la desvinculación inmediata de los responsables de las licencias fraudulentas".

"Lo detectado por la Contraloría es una señal preocupante. Son hechos que se deben investigar, esclarecer y corregir a la brevedad".

"Nuestra administración no tolerará prácticas que vulneren la ética pública y ha instruido ejecutar medidas disciplinarias donde corresponda".