El lunes debía decidirse en las urnas si continuaba o no la toma de la sede Viña del Mar de la Universidad Andrés Bello (UNAB), pero tras considerar que hubo vicios en el proceso, el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) impugnó dicha votación, por lo que mañana deberá repetirse, en un conflicto que ya suma 22 días de ocupación del plantel.

La presidenta de la Federación de Estudiantes de la UNAB, Nataly Campusano, detalló que la impugnación por parte del Tricel fue "a solicitud de compañeros base, no fue ni la Federación ni centros de estudiantes los que solicitaron esto, sino que (tanto) compañeros que están a favor de la toma como los que están en contra".

Un comunicado firmado por el Tricel de la UNAB precisó que una de las razones para impugnar el procedimiento del lunes es que hubo "un claro intervencionismo por parte del cuerpo académico en vías oficiales de la UNAB, que incitan una postura determinada en el voto del estudiante". Por ello, el Tricel hizo un llamado a los centros de alumnos, carreras y directivas a no intervenir por ningún medio en las elecciones. Otro argumento que esgrimió el Tribunal Calificador fue que se encontraron panfletos que llamaban a votar por Sí o por No dentro de los recintos de votación. Con este acto, el Tricel invalidó los votos emitidos el lunes.

Nataly Campusano precisó que la impugnación se hizo antes de abrir las urnas, por lo que no alcanzaron a conocerse los resultados.

El vicerrector académico de la UNAB Viña del Mar, Jorge Martínez, lamentó la postergación de la votación y explicó que "como institución, a través de distintas vías, hemos buscado dar solución a este conflicto; sin embargo, dado que ya llevamos tres semanas en toma, es que la universidad responsablemente y para no afectar el proceso educativo de nuestros estudiantes, deberá proceder en los próximos días a extender el calendario académico, junto a todas las medidas posibles para evitar mayores perjuicios a nuestros alumnos".

La justicia argentina dejó ayer sin efecto el sobreseimiento estipulado por el juez Luis Zelaya sobre Janberk Teber, alías "El Turco", en la investigación del crimen de la joven porteña Nicole Sessarego, estudiante de la Universidad de Playa Ancha que fue asesinada en el país trasandino en julio del año 2014.

Así lo indicó el abogado de la familia Sessarego-Bórquez, Julio Cisterna, quien explicó que el sobreseimiento se realizó luego de la apelación que presentó ante la medida establecida por el juez Zelaya, quien sustentado en falta de pruebas y en la pérdida de las mismas, sobreseyó al ciudadano turco, sindicado como posible autor intelectual del crimen de la joven oriundo del cerro Cordillera.

"Finalmente, hoy (ayer) la corte anuló la resolución del juez Luis Zelaya, manteniendo a Janberk Teber en la causa por el asesinato de Nicole y mandando además a que se realicen pericias de sus aparatos electrónicos y de sus pertenencias en Argentina", puntualizó Cisterna, quien agregó que los peritos contratados por la familia Sessarego ya se encuentran trabajando en el tema.

El financiamiento y asegurar igualdad de condiciones entre las universidades estatales y no estatales son los principales puntos donde los rectores del G9 creen que puede haber dificultades para lograr un acuerdo con el Mineduc, ad portas de la reunión que sostendrán mañana con la ministra Adriana Delpiano, quien les presentará el proyecto de reforma a la educación superior que el Gobierno enviará este mes al Congreso.

La agrupación, que reúne a las nueve universidades tradicionales no estatales al interior del CRUCh, es presidida por el rector de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (PUCV), Claudio Elórtegui, quien sostuvo que "nosotros, como universidades públicas no estatales, estamos preocupados por el contenido del proyecto de reforma a la educación superior en lo que dice relación con nuestras instituciones, por todo lo que se ha venido anunciando por prácticamente dos años, en relación a cuál va a ser el trato desde la política pública con los distintos tipos de universidades que existen en el país, por una eventual discriminación que podría existir entre las instituciones del Consejo de Rectores, entre estatales y no estatales".

Esta postura es compartida por el vicepresidente del G9, Darcy Fuenzalida, rector de la Universidad Técnica Federico Santa María (UTFSM), quien señaló que esperan que el proyecto "considere no sólo el rol de las universidades estatales, sino que también destaque el rol que junto a ellas, y de la misma forma, han jugado las universidades públicas no estatales del CRUCh, entre las cuales está la nuestra. Es muy importante asegurar el trato no discriminatorio a las universidades que lo componemos, independiente de si son estatales o no estatales, reconociendo el aporte que todas hacemos a la educación pública".

Financiamiento

Asimismo, Fuenzalida avizora que un potencial foco de conflicto puede ser el "financiamiento, porque sin duda los recursos no son suficientes para abarcar los requerimientos de las universidades, tanto en la cobertura de la gratuidad como en las necesidades de las instituciones regionales, por ejemplo, para asegurar en regiones una calidad de educación superior equivalente a la que se encuentra en Santiago".

En tal sentido, enfatizó que la reforma deberá contemplar "financiamiento suficiente para asegurar la calidad en el contexto de la educación gratuita. Se debe tener presente que varias de las universidades del CRUCh están recibiendo por la gratuidad menos recursos que antes; además, hay que destacar la necesidad de mantener los recursos basales, para asegurar los roles en extensión e investigación, sumado todo ello a la docencia. Para mantener la calidad que hemos alcanzado se requiere de un financiamiento adecuado y la reforma lo debe considerar".

Por otra parte, Elórtegui puso de relieve que "entendemos que por el lado estudiantil se va a avanzar en la medida de los recursos existentes en los próximos años, para ir ampliando la gratuidad en lo que se ha anunciado, primero, que cubra a otras instituciones, especialmente a los estudiantes de los centros de formación técnica e institutos profesionales que cumplan con ciertas condiciones. Nos parece que eso puede ser un avance muy importante, porque allí hay una alta concentración de estudiantes vulnerables".

Otro punto que podría ser complejo dentro de la discusión del proyecto dice relación con el rol que tendrá el Consejo de Rectores de la Universidades de Chile (CRUCh), pues según advirtió Fuenzalida, "de no ser reconocido en su justa dimensión, podría poner en riesgo el desarrollo futuro de la educación superior".

En esa línea, el rector de la UTFSM subrayó que el CRUCh "ha sido el motor de desarrollo de las universidades que más han aportado y aportan al país. La investigación en Chile está centrada en las universidades del CRUCh y las instituciones con vocación y servicio público se encuentran dentro de él. Para asegurar políticas adecuadas en educación superior se requiere de la continuidad de este Consejo, el que sin duda debe modernizarse y fortalecerse, haciendo que también se abra a la incorporación de otras instituciones que cumplan con los criterios de institución pública, calidad y participación".

Para lograr acuerdo

Teniendo en cuenta estos puntos, la propia ministra de Educación, Adriana Delpiano, reconoció que será difícil lograr un acuerdo con los rectores, y en este sentido, el vicepresidente del G9 cree que para conseguirlo "no podemos poner en riesgo lo que hemos logrado en las buenas universidades chilenas, las cuales no solamente son reconocidas en nuestro país, sino que también se encuentran dentro de las mejores a nivel internacional. Este patrimonio es de todos los chilenos, por lo que cualquier cambio debe estar orientado a mejorar aquellas universidades deficitarias y en ningún caso a debilitar las que se han destacado".

A su vez, el rector de la PUCV cree que el acuerdo debiera pasar por "un fortalecimiento del conjunto de la educación superior de carácter pública y de las universidades que reconocidamente tienen ese carácter, estatales y no estatales. En esa línea, creemos que podríamos encontrarnos, porque nosotros como universidades no estatales no estamos en contra del desarrollo de las estatales, por el contrario".

En cuanto a los puntos que generan consenso, Elórtegui detalló que "hay bastante acuerdo con respecto la conveniencia de perfeccionar el sistema de aseguramiento de la calidad y en la necesidad de fortalecer a las universidades regionales", punto en el que coincidió Fuenzalida, haciendo notar que estas casas de estudios "han estado castigadas por mucho tiempo en la distribución del presupuesto nacional. El país se merece una educación de calidad independiente del lugar geográfico donde esta se entregue".

" Nos parece que hay diferencias, incluso al interior del CRUCh, sobre la política hacia los distintos planteles, y eso preocupa a los no estatales"

Claudio Elórtegui, Rector PUCV y presidente del G9

" Para mantener la calidad que hemos alcanzado se requiere de un financiamiento adecuado y la reforma lo debe considerar"

Darcy Fuenzalida, Rector UTFSM y vicepresidente del G9