Una semana sin clases cumple hoy el Colegio Inglés San Anfeli, de Quilpué, luego que la sociedad a cargo decidiera cerrar sus puertas argumentando problemas financieros. La situación motivó intensas reuniones durante la semana pasada, las que debiesen culminar este jueves con una decisión definitiva que despeje el futuro del establecimiento.
Una de las alternativas que tomó más fuerza en los últimos días es la que propuso el seremi de Educación, Alejandro Tapia. El jefe regional del Mineduc sugirió la instalación de un administrador provisional que permita reabrir el colegio y mantenerlo en operación hasta fines de año (ver recuadro).
"Lo vamos a solicitar a la Superintendencia de Educación para así tratar de resolver de manera rápida y eficiente esta situación que se ha creado. Nos hemos planteado un espacio de tiempo para tener claridad de la viabilidad en las alternativas que hemos propuesto, sobre todo la de la solicitud de un administrador provisional", dijo el seremi.
Si bien la mayoría de los representantes de la comunidad escolar coincidieron en que lo propuesto por el seremi es la mejor alternativa, algunos apoderados ya comenzaron a buscar establecimientos distintos para reubicar a sus hijos ante la incertidumbre que existe.
Según comentó la vicepresidenta del Centro General de Padres del Colegio San Anfeli, María Cecilia Jofré, "hay algunos apoderados, pocos por ahora, que están reubicando a sus niños". "Nuestra causa es que el colegio vuelva a abrir sus puertas, pero entendemos que hay padres que por un tema laboral necesitan ubicar a sus hijos lo antes posible en un colegio", agregó la apoderada.
Respuesta de sociedad
Consultada sobre la situación que enfrenta, la sostenedora y directora del colegio, Ximena Zambrano, envió a este Diario una carta dirigida en los últimos días a la comunidad escolar. En ella, la Sociedad Educacional San Anfeli insiste en que los problemas financieros fueron ocasionados tras adscribirse al régimen de la gratuidad en 2016, donde acusan no haber recibido hasta ahora ninguna subvención al respecto.
"Lamentablemente, no se ha recibido ningún aporte relacionado con la gratuidad al día de hoy. En reunión, el director provincial de educación, José Jiménez, y el abogado ministerial, señalaron que solamente se pagaría la gratuidad a partir de marzo de 2017, en contra del compromiso del Mineduc de pagar la gratuidad desde marzo de 2016, fecha en que el colegio pasó a ser gratuito", indica la misiva.
En ella, la sociedad también da cuenta que la decisión de cerrar el establecimiento sería definitiva, culpando incluso a terceros por la demora en dar a conocer la decisión.
"El viernes 28 de abril dos grupos de profesores impidieron a nuestro personal administrativo que se le entregaran las comunicaciones a la totalidad de los alumnos respecto del cierre", agregando que "el director provincial no se pronunció acerca de la reubicación de los alumnos del establecimiento, por lo que Ximena Zambrano, personalmente, se ha comunicado con otros establecimientos para derivar a algunos alumnos (...) prontamente se comunicará el día en que (la documentación de los estudiantes) se encontrará disponible para su retiro".
Demanda laboral
En materia legal, un grupo de 28 funcionarios del colegio presentarán durante los próximos días una denuncia en la Inspección del Trabajo por la no cancelación de sus sueldos correspondientes al mes de abril.
Una de las profesoras del establecimiento quilpueíno, Fabiola Palacios, comentó que la acción judicial busca también que se les finiquite por los años de servicio que algunos mantienen. "No hemos tenido ninguna comunicación con la sostenedora. Estamos a la espera de la decisión que se adopte", dijo la profesional.
En esa línea, la sociedad sostuvo en la misma carta que "todo el personal del establecimiento, tanto docente como no docente, se encuentra con sus cotizaciones previsionales e imposiciones al día. Y respecto del pago de la remuneración correspondiente al mes de abril pasado, éstas serán pagadas una vez llegue la subvención correspondiente al mes de abril cursado".
Plazo de un año para interventores
La designación de un administrador provisional, también conocido como interventor, permite mantener abierto un colegio siempre y cuando existan las condiciones mínimas para seguir funcionando. Entre las principales facultades están poder distribuir los recursos a su manera -incluso los que vaya liberando el Ministerio de Educación-, normalizar la contratación de docentes y definir fórmulas para aumentar el número de matrículas. El plazo máximo que tienen los interventores para operar es de un año.