Propuesta de nueva Relación Asistencial Docente
La sorprendente carta de 5 rectores de universidades privadas publicada en El Mercurio de Santiago, que se plantea en contra de la propuesta de nueva norma RAD (Relación Asistencial Docente), calificándola de arbitraria e inconducente entre otros adjetivos, no puede quedar sin respuesta, al menos de quienes pensamos que el país merece un cambio profundo que signifique una mejoría de los niveles de salud de la población chilena con equidad y justicia social.
No es arbitrario ni inconducente generar, propiciar y fortalecer la coherencia de las políticas públicas de salud, en lo referido a la formación de los nuevos profesionales de salud, y de educación, en cuanto a la gratuidad de educación superior.
Que las instituciones que legítimamente no son parte de la política de gratuidad, quedarían automáticamente en una posición desmejorada en el proceso de asignación de campos clínicos, es una consecuencia lógica de una decisión madura de no apoyar una de las políticas centrales del Estado chileno actual: disminuir las brechas de inequidad social. ¿Es legítimo que una universidad que no está "legítimamente" colaborando en dicho objetivo país, deba usufructuar en "igualdad de condiciones" de los campos clínicos estatales (hospitales, centros de salud, etc.)?
¿No será lo más legítimo que dichas instituciones privadas "se rasquen con las propias uñas", tal como señala el fondo de la ideología neoliberal, y hagan convenios con prestadores privados con fines de lucro? ¿No será más transparente que los futuros clientes-estudiantes de dichas legítimas instituciones sepan de antemano que no contarán en su formación con los campos clínicos que son financiados por todos los chilenos, pero especialmente por y para el 80% de la población chilena, que no tendrá acceso legítimo a ese tipo de universidades porque no está en la gratuidad?
Una política pública coherente en el sentido que se plantea, no es ni injusta ni discriminatoria. Es simplemente todo lo contrario, es justa porque deja una herramienta a disposición de quienes están construyendo un espacio de bien común futuro. Recordemos que priorizar no es discriminar (si no el GES sería inconstitucional). Los campos clínicos tienen capacidad restringida, por lo que no se puede admitir a todos los interesados en ocuparlos, por ende y con una mirada de bienestar y respeto del paciente, desde luego se deben asignar utilizando factores de selección-priorización, y no de discriminación, y entre estos sin duda debe estar la coherencia del perfil del egresado con las políticas públicas.
Recordemos además que el hecho que una universidad se encuentre acreditada, puede ser que certifique su calidad, pero en ningún caso significa que en esa calidad se incluya la variable referida a entregar una formación que sea orientada para dar respuesta efectiva a las necesidades de salud-enfermedad-atención de la abrumadora mayoría de la población chilena.
Recordemos que una carrera de medicina que no enseña métodos anticonceptivos no naturales puede acreditarse (y hasta por 7 años); que la mayoría de las escuelas de medicina no están formando los profesionales médicos de acuerdo a las orientaciones de la OPS referidas a la adecuación para el ejercicio en Atención Primaria de Salud - APS (donde se atiende el 80% de los chilenos) y están todas acreditadas, explicando en parte la alta presencia de médicos formados en el extranjero en APS.
La nueva norma propuesta, aunque insuficiente en muchos aspectos, avanza en dos elementos fundamentales desde mi punto de vista: desligar la asignación de campos clínicos al poder de la capacidad financiera de las universidades (generando más transparencia y equidad) y dar prioridad a los proyectos institucionales que hacen sinergia con el desarrollo de los campos clínicos. Todo esto agrega valor y coherencia a la Política Pública, con mayúsculas.
Mario Parada L.
Director magíster en Salud Pública, Escuela de Medicina UV