La Polar vuelve a la palestra pública por el inicio de una demanda colectiva en su contra, encabezado por Sernac por refinanciamiento no informado al realizar cambios de la tarjeta La Polar blanca por la tarjeta La Polar VISA, con más beneficios y sin costos adicionales: lo que ocurrió fue refinanciación de la deuda de avances y compras con los intereses y comisiones de la nueva tarjeta a los clientes.
Más grave aún es que, en la práctica, los contratos son firmados sin leerlos detenidamente, generalmente se indica donde firmar y listo. Es importante que los clientes puedan conocer los términos del contrato y recibir una copia con antelación, ya sea por correo o vía la web institucional.
Este caso se enmarca en malas prácticas de gobierno corporativo, que en Chile se basa principalmente en la autorregulación, y que la SVS exige la entrega de un informe de gobierno corporativo anual, lo que no obliga al cumplimiento de los estándares allí establecidos.
Chile se ha alineado a las directrices de la OCDE y del marco de gobierno corporativo societario. Y precisamente el documento sobre Principios de Gobierno Corporativo de la OCDE y del G 20 (2015) sostiene que la competitividad y el éxito de una empresa es resultado de un trabajo en equipo, con la contribución de inversionistas, trabajadores, acreedores, clientes, proveedores y otros actores interesados, con el reconocimiento de la misma empresa como un recurso valioso para construir entidades competitivas y rentables a largo plazo.
Bajo un enfoque centrado en el stakeholder, esto no es recogido en las prácticas de gobierno corporativo que desarrolla La Polar. Por ejemplo, en su informe de gobierno corporativo de 2016, se señala que no contaba con una unidad de Responsabilidad Social o Desarrollo Sostenible. De la misma manera, la compañía no tiene una política o procedimiento formal en que se aborde en forma específica la calificación o condición de grupos de interés.
Por otra parte, sobre el rol de los directores según la OCDE, deben tener en cuenta y ser imparciales sobre los intereses de trabajadores, acreedores, clientes, proveedores y comunidades locales, lo que tampoco queda contemplado en las prácticas de la compañía en relación a sus clientes.
El impacto de este caso no solo afecta a los consumidores, sino también a los inversionistas, causando la caída del precio de la acción en un 12,83% tras conocerse los hechos. El propósito último del buen gobierno de la empresa es agregar valor a la misma, y velar que quienes contribuyen directa o indirectamente en su generación puedan participar del aumento de valor. Si ocurre lo contrario, se estarían repitiendo conductas indebidas por parte de la empresa.
Dra. Berta Silva Palavecinos
Directora de la Escuela de Comercio PUCV