Tenso frente a frente entre la FNE y el gremio médico
REGIÓN. Fiscal (s) Mario Ybar explicó causa. Mientras, cirujano cuestionado desacreditó denuncia y acusó desprestigio.
Un tenso encuentro ocurrió ayer en la Comisión de Salud del Senado, que analizó la acusación hecha por la Fiscalía Nacional Económica (FNE) ante el Tribunal Defensa de la Libre Competencia (TDLC) contra la Asociación Gremial de Cirujanos de la V Región (AGC), por fijar aranceles y prestaciones de servicios médicos de una forma que vulnera la libre competencia.
Luego de la exposición del subfiscal nacional de la Fiscalía Nacional Económica (FNE), Mario Ybar, quien explicó cuáles son los antecedentes por los cuales la entidad pública decidió realizar la acusación, el consejero nacional del Colegio Médico, Hugo Reyes, cirujano que aparece en el listado de especialistas cuestionado por la FNE, rebatió los argumentos dados por la Fiscalía Económica, así como la forma cómo dio a conocer el caso.
Reyes acusó a la FNE de ocasionar a los médicos un deterioro en su imagen. "Llaman la atención varias cosas. En la región hay aproximadamente 300 cirujanos y 180 de ellos están en esta asociación gremial, de los cuales la Fiscalía pone su foco solamente en 111. (...) En lo personal, soy un médico que lleva 40 años en el servicio público, he formado a cirujanos pediatras y hemos sido gratuitamente desprestigiados por la Fiscalía Nacional al hacer uso y al colocar los nombres. Las redes sociales nos han hecho pebre, nos han tratado demasiado mal y eso no es aceptable".
Previo al descargo del consejero médico -quien expuso en representación del gremio debido a que el presidente, Arturo Paillalef, estaba con turno en el hospital Eduardo Pereira de Valparaíso-, el subfiscal nacional económico argumentó que la investigación realizada por la FNE llegó al convencimiento de que los 111 médicos requeridos y la Asociación Gremial que los cobija actuaron de forma conjunta en el mercado de servicios profesionales otorgados por médicos especialistas en cirugías y respectivas subespecialidades que son demandadas por usuarios del sistema de salud privada de la Quinta Región, mediante la fijación e implementación de precios de venta de las prestaciones médicas de consulta y procedimientos quirúrgicos de su especialidad".
Ybar explicó que la "AGC, que cobija a estos médicos, actuando en representación de aquellos, ha implementado los acuerdos en los que participan los asociados, suscribiendo convenios escritos o verbales con las isapres abiertas que operan en la Quinta Región".
Y, adicionalmente, argumentó que "se han realizado labores de monitoreo vigilando el cumplimiento del arancel acordado e impuesto sanciones a aquellos asociados que se han desviado del acuerdo, operando, en definitiva, como un instrumento de centralización y coordinación de la voluntad de sus asociados en el acuerdo anticompetitivo".
El subfiscal Ybar fue tajante y puntualizó ante los parlamentarios que, dada una denuncia de un médico cirujano (Carlos Orfali, en ese entonces director del Hospital Clínico de Viña del Mar), se inició la investigación el año 2012 y se solicitó al Tribunal aplicar una multa millonaria de 1.000 UTA (más de $ 500 millones) y la disolución de la AGC.
"Esto surge a propósito de una denuncia de un médico que señala que la AGC estableció respecto de él una medida disciplinaria de suspensión de sus derechos asociados por salirse de este acuerdo, por cobrar una tarifa más baja que el mínimo arancel establecido que acusa la Fiscalía", acotó Ybar.
El facultativo, aclaró el persecutor económico, "interpuso un recurso de protección que prosperó, pero la denuncia siguió andando y la Fiscalía investigó durante un tiempo bastante largo".
Esto fue refutado por el doctor Hugo Reyes, quien consignó que "dentro de los cirujanos que están en la asociación, no todos asumen el acuerdo que hay con las isapres".
Referente a la denuncia de Orfali, Reyes dijo que "ese médico es dueño de una clínica privada y él monta un plan a un costo muy bajo, en el cual lo atiende él con otros profesionales y lo que se le pidió fue como cirujanos participar de ese plan, él lo prohibió. Esa fue la razón por la cual hubo el encuentro con nuestra asociación".
Agregó que "posteriormente la isapre Consalud toma los mismos argumentos y repite. Esto es para nosotros, desde nuestro punto de vista, la isapre avalada por la Fiscalía Nacional Económica (FNE) en contra de una asociación de profesionales. Es más, el año 2014 el Colegio Médico regional presentó a la FNE un requerimiento a las isapres por integración vertical. No tuvimos respuesta".
En la Comisión de Salud del Senado el fiscal aclaró que la investigación sólo es del sector privado, despejando con esto la duda que tenía el parlamentario Guido Girardi (DC), presidente de la comisión, sobre alguna posible afectación al sector público. La investigación, recae, dijo el fiscal, en la prestación del servicio de las isapres.
Ante esto, el senador Girardi dijo que se debe trabajar en un sistema de reforma de las isapres que ha sido un compromiso del Ejecutivo, una solución en aspectos legislativos.
Aseveró que "más que hacer una polémica, la idea es poder ver cómo avanzar en políticas públicas que resuelvan estos problemas. Yo creo que las isapres tienen una práctica que es atentatoria contra los derechos de los pacientes y también contra los profesionales de la salud que hacen prestaciones".
Los parlamentarios acordaron solicitar información al Colegio Médico de todas las asociaciones de facultativos que operan a nivel nacional para estudiar y ver cómo funcionan.
Además, la senadora Jacqueline van Rysselberghe aclaró que cree que hay un mal uso de las herramientas que se están entregando. "Se engaña a los pacientes, se genera un cierto control del mercado porque no tiene la libertad de decidir dónde va. Estoy en contra de los abusos", aclaró la parlamentaria.
Mientras, el senador Francisco Chahuán dijo que "creo que este tema hay que clarificarlo, porque no puede afectar finalmente a los pacientes. Es una tema que no se va a resolver por esta vía, sino que por la vía judicial, pero esperamos efectivamente que se resuelva en favor de los pacientes".
en comisión del Senado
"Más que hacer una polémica, la idea es ver cómo avanzar en políticas públicas que resuelvan estos problemas"
Guido Girardi, Senador PPD"
"Hay que clarificarlo; no puede afectar a los pacientes. Es un tema que no se va a resolver por esta vía, sino por la vía judicial"
Francisco Chahuán, Senador RN"
AGC informó convenio a médicos
El fiscal Ybar aseguró que existe bastante evidencia para que el TDLC determine las sanciones propuestas por la FNE. Una de ellas, dijo, es que "la AGC le comunica a sus asociados, a través de un boletín, que han sido exitosos en su negociación con una isapre determinada de establecer un monto mínimo de atención. En ese caso, del año 2009, $ 15 mil". Ante esto, la Fiscalía solicita que se declare que estos doctores han infringido la ley de Competencia, que se ordene cesar con la conducta, aplique la multa de 1.000 UTA y se disuelva la agrupación.