Cristián Rojas M.
En un informe de auditoría fechado el 16 de agosto de 2017, la Contraloría Regional de Valparaíso, tras constatar que la Seremi de Transportes "ha prorrogado en tres ocasiones" la licitación del Transporte Metropolitano de Valparaíso (TMV), vigente desde el año 2006, "continuando con las condiciones de operación del transporte público de pasajeros y con los mismos actores desde esa data", ordenó que "genere las acciones necesarias para que en forma previa a la finalización de la actual prórroga, ejecute el llamado a licitación de vías del Gran Valparaíso".
No obstante, tras una solicitud de reconsideración por parte del Ministerio de Transportes, el contralor regional, Víctor Merino, aclaró, en su respuesta entregada en abril de este año, que "esta Sede Regional no se ha pronunciado sobre el mérito o la conveniencia de la solución adoptada o que pretende adoptar la Seremitt, sino sobre la vulneración que dichas prórrogas -que ya superan los cuatro años y medio- significan respecto de principios superiores de orden público, como el de transparencia y el de libre concurrencia", por lo que "corresponde mantener la observación cuya reconsideración se solicita".
Lo concreto es que el dictamen de agosto de 2017 es el que invocan los consejeros regionales para señalar que éste no se ha cumplido, criticando que el actual seremi de Transportes, Gérard Oliger, anunció que, en vez de licitar, optará por implementar perímetros de exclusión, para lo cual ya ha sostenido reuniones con actores ligados al transporte.
Dicho anuncio generó molestia en los consejeros regionales Manuel Millones (UDI) y Nataly Campusano (MA), quienes pidieron citar al personero para que explique ante el pleno del Consejo Regional por qué prefirió esa alternativa, solicitud que fue aceptada por la unanimidad del cuerpo colegiado.
"Este modelo está instalado desde el 2006 y no ha tenido cambios que permitan mejorar las condiciones de operación, ni para los usuarios ni para los trabajadores. Queremos que el seremi transparente las negociaciones que ha tenido con los empresarios del transporte. Los mismos conductores ya han señalado que existen preacuerdos firmados entre el Seremi de Transportes y cada unidad de negocio, para mantener el mismo modelo vigente y vencido por cinco años más", explicó Millones.
A su juicio, "se está jugando con la seguridad y las necesidades de las personas que día a día utilizan el transporte público, pues se prefiere dejar el sistema como está en vez de cumplir con la ley y modernizarlo. Actualmente en la región existen 2.200 buses circulando, por los cuales los empresarios reciben un subsidio estatal de $14 mil 500 millones por año. Entonces ¿No será justo exigir que las máquinas sean nuevas, que exista tecnología de punta para los usuarios y que los choferes tengan horarios, sueldos dignos y terminales decentes?".
Por su parte, la consejera Campusano busca emplazar al Seremi de Transporte, Gérard Oliger, indicando que lo que solicita el dictamen no es la voluntad de si es una licitación o extensión perimetral, sino una nueva licitación para el transporte público en el Gran Valparaíso.
"El seremi de Transportes ha dicho que ha tenido avances y conversaciones, queremos saber cuáles son esos avances y conversaciones, en qué estado están esos avances y conversaciones y con quién se está reuniendo para tener esa conversación, dado que el contralor ha sido expreso en decir de que se necesita una nueva licitación para el Gran Valparaíso y eso conlleva transparencia de por medio, que todo el mundo del transporte sepa de qué forma se está negociando, se está hablando y se está dialogando el proceso de licitación en el Gran Valparaíso", sostuvo Campusano, quien además pidió una audiencia con el contralor regional para plantearle las inquietudes.
Respecto de la citación al Core, el seremi de Transportes, Gérard Oliger, se declaró "sumamente disponible y muy contento, porque de hecho, a mí me parece muy bueno comunicar lo que se está haciendo, lo que se está pensando".
Consultado sobre por qué no se llama a licitación, expuso que "las alternativas posibles son básicamente tres: Uno, licitar, que es un proceso que demora bastante, que implica bastante trabajo técnico, etcétera, que es una posibilidad cierta. La otra posibilidad es el perímetro, que es una posibilidad técnica que tiene como diferencia fundamental el que no entrega exclusividad vial".
Este último punto, explicó, "significa que si el día de mañana uno de los servicios no se está prestando adecuadamente, se le puede meter competencia. En cambio, en un parque licitado no ha habido ni un cambio, no hay empresas nuevas, no hay nada".
La tercera alternativa, agregó, "es hacer una mezcla de ambas cosas, es decir, tener espacios de concursabilidad, licitación, y espacios donde esté el perímetro que permita mejoras e implementarlas. A estas alturas no estamos cerrados, hemos estado conversando con los operadores vigentes, estamos abriendo las puertas a todos los que quieran conversar con nosotros que no estén en este momento en el Gran Valparaíso, otros empresarios del transporte. Las puertas de la Seremi están muy abiertas, y no solamente para empresarios, sino también para consejeros regionales, concejales, alcaldes".
Según el core Millones, "los perímetros de exclusión es lo que funciona hoy día, en el fondo les entregó lo mismo que hoy día tienen, es decir, una zona geográfica donde operan las empresas, y lo único que hace es un acuerdo entre la Seremi y el privado. El único perímetro distinto a los actuales es la extensión de los troles hacia Pedro Montt".
Sin embargo, el seremi Oliger aclaró que el perímetro de exclusió "es mucho más complejo y es una opción legal, no reglamentaria. Las condiciones especiales de operación y uso de vías es una manifestación reglamentaria, podría denominarse incluso una situación contractual, en cambio, la legislación actual establece el perímetro, así como la licitación, como opciones para la organización del transporte público".
En ese marco, puntualizó que "hay dos perímetros en el país: uno que se denomina Castro Conectado, que fue inaugurado este año por la ministra Hutt, y el otro que fue inaugurado en el gobierno anterior, que es el de Villarrica. No hay otros perímetros en el país".
Asimismo, el seremi explicó que "lo que existe ahora es una licitación que al terminar siguió con las condiciones especiales de operación y uso de vías, que básicamente lo que hace es congelar el parque licitado, a diferencia del perímetro, que es una reestructuración, que implica nuevas condiciones, es mucho más profundo, implica también revisar los actuales subsidios, etcétera".
