En declaraciones a nuestro diario, la nueva ministra de Justicia, Javiera Blanco, descartó, por lo menos durante este año, iniciar gestiones para la construcción de una nueva cárcel en nuestra región, y se inclinó por impulsar la ampliación de los recintos de Valparaíso y Quillota.
La ministra reconoció que sobre este problema se viene hablando desde hace años, luego que al poco tiempo de la construcción de la nueva cárcel porteña, en el año 1999, su capacidad ya se tornaba insuficiente, con una población actual del doble de lo proyectado, argumentando de paso que planificar una nueva cárcel requiere de largos años de estudios y de posterior construcción.
¿Qué alternativa debe ser la mejor? Es decir, abocarse a un nuevo recinto, que obviamente tiene que ser de carácter regional o ampliar estas dos cárceles, que son las más importantes.
El intendente regional, Ricardo Bravo, comentando las declaraciones de la ministra, se mostró partidario de la ampliación de los actuales recintos, puesto que, además, todas las ideas de localizaciones han contado con la oposición de los vecinos, e incluso de las autoridades locales de las comunas consideradas. Los extensos plazos para la ejecución de este tipo de obras no debiera ser una razón para no abordarlas, o postergar su estudio, pues eso significaría caer en un inmovilismo.
Por eso estimamos, que lo uno no quita lo otro y por ello, lo más conveniente sería comenzar en breve las ampliaciones, sin dejar de lado la posibilidad de un nuevo recinto, con la incorporación de modernas tecnologías, que contribuyan a uno de los principales objetivos de la reclusión, que es tratar de de alcanzar la rehabilitación entre los internos, al menos en una parte de los que estén dispuestos a su reinserción en la sociedad una vez lograda la libertad.
Todo esto estaría en consonancia con las demandas que exige la comunidad para una mayor efectividad en la lucha en contra de la delincuencia, reforzando la dotación de las policías, lo que se está haciendo, y por otro lado, el endurecimiento de algunas penas y una mayor disposición de la judicatura para decretar las prisiones preventivas y los castigos más duros a quienes resulten culpables de los delitos, pues todo ello demandará, naturalmente, una mayor capacidad de los recintos penitenciarios.
