El vocero de La Moneda, Marcelo Díaz, insistió en la postura entregada el jueves por el Gobierno de aplicar un descuento a las remuneraciones de los trabajadores del Registro Civil que se encuentran en paro.

"No estamos en condiciones de agregar ahora nuevas expectativas, nuevas demandas a las capacidades que tiene el presupuesto fiscal", sostuvo el ministro de la Segegob a radio Cooperativa.

"Comparto el malestar de los ciudadanos, porque lo que no puede ocurrir es que en un conflicto gremial -en un paro ilegal- terminen de rehenes, por más legítimas que sean las peticiones de un servicio", agregó Díaz.

El secretario de Estado recalcó que "no hay compromisos pendientes" y que "se llevó a cabo una mesa de trabajo con el gremio, con la Asociación de Funcionarios del Registro Civil, se pactaron ciertas cosas y se dieron por cumplidos los acuerdos que ambas partes tenían".

Los funcionarios preparan una marcha fijada para el martes 13 de octubre, que recorrerá las calles de Santiago.

La ministra de Educación, Adriana Delpiano, enfatizó ayer que la adhesión a la gratuidad el próximo año no es obligatoria y que cada institución de educación superior deberá evaluar "sus propias condiciones" para sumarse a esta nueva política. El convenio para suscribir a la gratuidad a contar de 2016, que beneficiará a más de 200 mil estudiantes, debe ser firmado antes del próximo 22 de diciembre, cuando finalmente se sabrá cuántas instituciones se sumarán.

"Cada institución tiene que evaluar cuáles son sus condiciones y posibilidades; no es obligatorio", comentó ayer la titular de Educación tras exponer en la cuarta subcomisión especial mixta de Presupuestos en el Congreso, junto a rectores para evaluar la partida que financiará la gratuidad en 2016.

Delpiano valoró que la mayor parte de las universidades estatales ya han confirmado que se sumarán al proceso. "Nos alegra mucho, pero los costos que tiene una universidad depende mucho de cuánto tiene cargado en el arancel otras acciones de la universidad y en eso las universidades tienen grado importante de autonomía", indicó.

Los dichos de la ministra de Educación llegan luego de que el rector de la Pontificia Universidad Católica, Ignacio Sánchez, reiterara que el plantel no se sumará a la gratuidad si el Gobierno no modifica los criterios para el beneficio, porque según argumentó, vulneran la autonomía de las instituciones. "A nadie se le está obligando ni interviniendo su autonomía universitaria", argumentó Delpiano.

Por su parte, el rector de la Universidad de Santiago (USACH), Juan Manuel Zolezzi, realizó un llamado a "desdramatizar" el debate. "Lo que está pasando aquí es, simplemente, un reemplazo de cambiar, por decirlo así, de un beneficio por algo que llamamos un derecho y que a mí me gusta y con el cual he solidarizado siempre", afirmó.