El sueño de la casa propia es una ilusión compartida por todos los sectores sociales. Para lograrlo se hacen grande sacrificios, se contraen elevados créditos y algunos hasta recurren a medidas de fuerza como son las tomas.
Por todo lo anterior, traicionar ese sueño mediante engaños o derechamente el dolo, es un delito grave, gravísimo, pues se está destruyendo una legítima aspiración sobre las cuales se busca construir el futuro personal o familiar.
Así, quienes incurren en ese tipo de delitos merecen una alta sanción no únicamente por el monto del ilícito, sino que también para el daño, quizás irreparable, que provocan a las personas y a su tesón.
El caso de los "departamentos brujos" denunciado en Viña del Mar, que afecta a más de 70 personas, es uno de esos hechos repudiables. Además, en este caso hay factores agravantes que deben ser claramente establecidos y sancionados.
Resulta impresentable, por ejemplo, que se haya utilizado como escenario para estos ilícitos recintos municipales y que hayan actuado en ellos funcionarios, empleando fraudulentamente formularios oficiales. A la vez, hay que indagar la instrumentalización de documentos notariales. Todo este montaje buscaba dar autenticidad al dolo ante las futuras víctimas y lograr importantes pagos.
Los ahora exfuncionarios imputados tejieron una red de contactos para ofrecer departamentos inexistentes con la tentadora posibilidad de comprarlos a menor precio y utilizando supuestos mecanismos oficiales.
Finalmente, se descubrió que tales inmuebles no existían y se hizo la denuncia, caso que conoce el Ministerio Público viñamarino. Pero si bien la indagación tiene ya a un imputado en prisión y avanzan nuevas formalizaciones, es necesario establecer cómo se logró utilizar la figura municipal para dar autenticidad a la operación.
Justa o injustamente caen sombras de duda sobre la Municipalidad y sus funcionarios y también sobre el notariado. Por ello, dar plena transparencia a esta situación es fundamental, pues nuevamente nos enfrentamos a un caso en que se instala la desconfianza sobre instituciones y personas.
Por otro lado, dado el ya señalado interés por lograr la casa propia, se requiere clarificar, poner al alcance del ciudadano común y corriente, todos los mecanismos y procedimientos que se aplican en el proceso para obtener una vivienda.
En lo puntual, por cierto, se esperan sanciones para todos los responsables y, lógicamente, la recuperación de los recursos comprometidos.