"Nosotros creemos que la Corte Suprema debiera fallar a favor de los profesores"
Mario Díaz
Pdte. Colegio de Profesores Comunal Valparaíso, ante decisión del director de la Cormuval de apelar al máximo tribunal por inhabilitación y multa
"No te puedes imaginar lo contenta que estoy"
María Victoria Villegas
Abogada quilpueína cuyo recurso de protección a favor de los venezolanos Leopoldo López y Daniel Ceballos fue acogido por la Corte Suprema
En diversas conversaciones sobre delincuencia el argumento más frecuentemente esgrimido alude a los incentivos, es decir, nuestro sistema regulatorio no permite disuadir o frenar la comisión de actos delictuales.
Ejemplo de esto se da en lo que reiteradamente se rotula como "la puerta giratoria" de la delincuencia, cuando se observan las escasas penas para quienes cometen hurtos, robos o delitos con intervención de fuerza o de amenazas. Pareciera que las penas consideradas no son lo suficientemente disuasivas para reducir la delincuencia (siempre y cuando alguien sea atrapado y logra recibir una condena).
Esto podría aplicarse también a delitos económicos tales como los que hemos sido testigos y víctimas en las últimas décadas de parte de grandes compañías: retail, farmacias, pollos y, recientemente, el papel higiénico (siempre y cuando alguien sea descubierto, confiese y reciba una condena).
Sin embargo, el que las penas no sean lo suficientemente severas para evitar el delito ¿significa necesariamente una invitación? En esta lógica, si no hubiera una consecuencia legal para el homicidio ¿significaría necesariamente una invitación a matar a otro? ¿El ladrón roba el montepío de un jubilado porque tiene una baja pena? ¿El empresario se pone de acuerdo con otro porque las sanciones son débiles?
De esta reflexión se sugiere una fuerte revisión a nuestras competencias ciudadanas y hasta qué punto las incorporamos en los distintos estadios educacionales. Aquello que resulta prosocial y aquello que atenta contra nuestra comunidad debería tener una censura legal, pero principalmente social y moral. En términos individuales y sociales, evitar hacer daño a otros (cercanos o no) o a la naturaleza debería ser un primer "fusible" que permita regular de mejor manera la conducta.
Nuestra convivencia y nuestros niveles de confianza interpersonal se juegan en esto. Incluso, yendo más lejos, hasta el desarrollo económico depende de los niveles de confianza. En sociedades donde la confianza es mayor es más fácil que emerja la creatividad y la inventiva de las personas. Por contraparte, en las sociedades con menor confianza hay más dueños y menos inventores. ¿En qué sociedad quiere vivir? ¿Cuál tendrá mayor desarrollo? ¿En cuál usted se sentirá mejor?
La mala noticia es que las competencias ciudadanas no se improvisan ni se decretan: se forman desde los más tempranos niveles de nuestra educación y se siguen reforzando a lo largo de la vida.
Ariel Quezada
Profesor Escuela de Psicología, U. Adolfo Ibáñez
Tras 14 meses de investigación la persecución penal por el derrame de petróleo en la bahía de Quintero queda sin culpables. Ni el práctico que dirigía la maniobra, Eliseo Jamett, ni el patrón del remolcador, Patricio Cárcamo, son responsables del hecho.
La Fiscalía Regional así lo determinó, cerrando la causa penal obligada por un fallo de la Corte de Apelaciones de Valparaíso que acogió un recurso interpuesto por el práctico, quien estaba imputado por infracción culposa a la Ley de Pesca. Esa norma, en que se basaba la acusación, sanciona la introducción en el mar de agentes contaminantes químicos que dañen los recursos hidrobiológicos.
En este caso, los agentes contaminantes fueron 38.700 litros de petróleo que escurrieron al mar en el curso de la descarga del hidrocarburo en Quintero desde el buque tanque "Mimosa". El cierre del caso desató indignación, dolor e impotencia entre los 700 pescadores afectados que no pudieron trabajar durante 74 días y también en parlamentarios de la zona, las municipalidades de Quintero y Puchuncaví, la Enap y diversas organizaciones sociales.
A la suspensión del trabajo de los pescadores se debe sumar el daño a la flora y fauna del entorno submarino, al borde costero mismo y al turismo del sector.
El punto legal es que la infracción a la Ley de Pesca, concretamente al artículo 136, solo se refiere a acciones dolosas, esto es con intención de provocar daño, ánimo que en este caso no existiría, según el abogado de Jamett, Claudio Feller, tesis que fue acogida por la Segunda Sala de la Corte porteña que decretó el sobreseimiento definitivo de la causa.
Pese a esta resolución se insistirá en nuevas acciones judiciales y el caso se seguirá arrastrando en el tiempo sin lograr hasta ahora una efectiva reparación del daño causado. La indignación ciudadana continúa y se mantiene una lógica inquietud ante futuros hechos similares.
No hubo dolo ni intención, resuelven los tribunales, pero hay daño, dolor y decepción ante la reacción de esos mismos tribunales. Hay que reconocer, sin embargo, que los tribunales actúan de acuerdo a la ley.
Urgente sería, entonces, que tras este caso concreto se perfeccione la ley con un criterio moderno ante los renovados riesgos que enfrenta el medio ambiente marino. Es posible encontrar experiencias en otros países que permitan afinar nuestra normativa con disposiciones preventivas, disuasivas y penales que conjuren el riesgo del patrimonio marino nacional. Son los poderes del Estado los llamados a actuar en esa dirección. En lo puntual, es posible, finalmente, legislar en favor de los afectados por el derrame para mitigar el grave daño causado.
El sábado, en la noche, salieron dos lanchas para el Papudo, remolcadas por botes fleteros. Habiendo encontrado una brisa del norte, tuvieron que fondear en Concón. Pero ayer una de ellas se hizo afuera impelida por vientos del Este. Así navegó hasta que la vieron los españoles y la apresaron y enviaron a tierra a toda la gente.
Del 15 al 18 del próximo mes de diciembre se inaugurará el puente del ferrocarril construido sobre el río Maule. A este acto asistirá S. S. Excmo. señor Barros Luco, quien se ha manifestado deseoso de concurrir a la inauguración de esta costosísima obra, a la cual le faltan solo algunos detalles para ser entregada al uso.
Oficialmente, se anunció que se encuentra listo el proyecto de ley que suprime cinco de los quince días festivos que hay en el año calendario del país. El Contralor General, don Enrique Silva, confirmó el hecho, sin especificar si corresponden en su totalidad a fiestas religiosas o a fechas de celebración histórica.