Alexis Paredes R.

Tras el término de la delegación presidencial para la reconstrucción de Valparaíso, la figura del intendente regional, en su momento Ricardo Bravo y actualmente Gabriel Aldoney, debía hacerse cargo de encabezar la coordinación y gestión de todos los estamentos involucrados en ejecutar el Plan de Reconstrucción tras el megaincendio de 2014.

Sin embargo, un informe elaborado por el Observatorio Valparaíso, dependiente de la Fundación Futuro que funciona en la ciudad, concluyó con fuertes cuestionamientos al proceso de reconstrucción realizado hasta ahora por el Gobierno, tanto por la instalación de casas en zonas de riesgo como en el retraso en la ejecución presupuestaria, que alcanza el 48%, de los más de $ 28.000 millones asignados durante el periodo 2014-2015.

El estudio también cuestionó la falta de un ente que aglutine y coordine a todos los estamentos públicos involucrados en esta labor, lo que se ha traducido en serie de falencias, entre ellas que la gente vuelva a poblar quebradas y zonas con riesgo de inundación, lo cual podría derivar en una nueva tragedia, al generarse asentamientos informales en la parte alta de la ciudad.

Tras asumir el cargo, en agosto pasado, el intendente Gabriel Aldoney afirma que ha visitado sin prensa al menos en seis ocasiones la zona devastada por el fuego, por lo que ha conocido de cerca la realidad que viven las familias en los cerros.

"Siempre que haya una emergencia, sea quien sea que esté en el gobierno, existen críticas. Creo que esas críticas tienen un límite, cuando se hace un abuso del dolor de esas personas que están afectadas por una tragedia. Llamaría a elevar el análisis y ver aquellas situaciones que están siendo adecuadamente resueltas", afirma la autoridad tras los últimos cuestionamientos.

Con respecto a la controversia al detectar que se levantan casas en la zona afectada por el megaincendio, generando las condiciones para una tragedia similar, argumentó que "es fácil desde fuera del gobierno hacer una crítica de esta naturaleza porque, en la práctica, y podrá ser una sorpresa que una autoridad lo diga, pero la realidad es así, las políticas de erradicación son muy difíciles".

Aldoney recuerda que en Chile hubo erradicaciones en sectores de Santiago, donde se usó la fuerza y represión para desalojar poblaciones de escasos recursos para instalar nuevos barrios. "En democracia y cuando se considera la voluntad de la gente, es muy difícil hacer erradicaciones como algunos proponen, aunque desde el punto técnico aparece como más eficiente. Está el caso de Chaitén, el gobierno hizo los esfuerzos para erradicar, pero hoy la gente ha vuelto a vivir ahí".

Actuación del municipio

La autoridad asegura que, tras el megaincendio, "se ha avanzado bastante para generar condiciones para paliar las posibles externalidades que puedan generar decisiones de esta naturaleza". Añade que "si hay alguna vivienda que se ha construido en un sector que no está permitido, de acuerdo a los instrumentos de planificación que tiene el municipio, es el municipio el que tiene que dar una explicación. Por las visitas que he hecho, tengo la impresión que eso no ocurre. Si bien para algunos hay sectores donde no deberían construirse viviendas, en función de sus atribuciones, cuando la municipalidad otorga los permisos de edificación, debe tomar en consideración aquello. Y yo no tengo denuncias ni indicios que el municipio haya actuado contrario a la ordenanza que tiene que cumplir".

El intendente destaca los avances en la instalación de una red para combatir incendios "que no se había visto en Chile"; la instalación de un cuartel de Bomberos financiado con recursos privados, construcción de estanques de agua y el mejoramiento de la vialidad, "muchas de las cuales se están desarrollando, como la avenida Alemania, cuesta El Vergel, Mesana, Cuesta Colorada y Aquiles Ramírez, que era uno de los factores de riesgo más importante, lo mismo que la erradicación de los microbasurales".

Sin atribuciones

Con respecto a la presencia de bosques que amenazan los asentamientos en la parte alta de la ciudad, la autoridad reconoce que "es verdad que en el camino La Pólvora existe vegetación que implica riesgo, pero como Gobierno Regional no tenemos atribuciones para obligar a los propietarios de esos predios a que planten árboles menos combustibles", resaltando el trabajo con privados en la construcción de cortafuegos.

Críticas

Aldoney respondió a las duras críticas del diputado Joaquín Godoy, enfatizando que "me gustaría que fuera más propositivo, porque criticar desde fuera es siempre más sencillo y fácil".

Lamentó además que en la discusión de quienes defienden el informe de Observatorio Valparaíso desde el aspecto técnico, como Iván Poduje, como quienes lo utilizan por intereses políticos, no aborden el tema respecto a qué tipo de solución es la que quieren las personas y cuál es la que está en condiciones de entregar el gobierno, en alusión a tres grandes proyectos habitacionales gestionados por privados y que finalmente se cayeron, retrasando aún más el proceso.

Retraso en subsidios

En materia de oferta habitacional para los damnificados, el jefe regional sostuvo que, al asumir el cargo, no había una buena relación entre el Serviu y el municipio, y un desconocimiento de los damnificados sobre los trámites que debían realizar para estos beneficios. "La situación estaba lenta, pero se tomaron medidas, las soluciones han ido en avance. El principal problema en la reconstrucción es la falta de oferta privada para vincular los subsidios con un proyecto. Algunas empresas incluso se retiraron, no hay ninguna empresa de la región que esté desarrollando proyectos inmobiliarios".

Aldoney reconoce que, a casi dos años del megaincendio, "me parece excesivo que aún exista gente que no tenga un proyecto habitacional al cual optar, pero es importante conocer las causas", enfatizando que "el compromiso que tengo con el Serviu es que el 2016 deben estar todas las personas con una solución habitacional definitiva y se está trabajando para eso".

62% de las viviendas reconstruidas se levantaron en zonas de riesgo, según el informe de Observatorio.

3 proyectos para damnificados se cayeron durante este año, generando un retraso en los subsidios.