El pasado martes 26 de enero la Presidenta dio inicio a lo que ha llamado el Año de la Productividad; durante el 2015 conocimos la Comisión creada por la Confederación de la Producción y el Comercio para proponer políticas publicas que mejoren la productividad de nuestra economía como asimismo la Comisión Asesora Presidencial de Productividad. Y ¿por qué esta preocupación ahora?

Porque nuestra economía muestra que la productividad en Chile está muy mal en comparación con otros países, constituyendo la principal brecha existente entre nuestro país y economías más desarrolladas. La productividad -aquél nexo que existe entre aquello que hemos producido y los medios que hemos utilizado para obtenerlos- es por lo tanto un resultado de factores, como el capital, el trabajo pero también la eficiencia, la capacidad de innovación, la tecnología, por lo tanto, cuando hablamos de productividad, nos estamos refiriendo a la eficiencia con la cual utilizamos cada uno de estos factores.

Por ello, hoy, cuando apreciamos un descenso en la inversión y, por lo tanto, en el aporte que realiza a la productividad el factor capital, mejorar los otros factores mencionados es primordial.

En este aspecto es preocupante que según el informe de perspectiva de empleo 2015 de la OCDE, nuestro país se encuentra en los primeros lugares en cuanto al número de horas trabajadas -de un promedio de 7.5 promedio diarios- y en el penúltimo lugar de productividad entre los 38 países que fueron encuestados, esto es que no producimos suficiente, cifras que claramente constituyen un desafío nacional para idear proyectos pro eficiencia que optimicen la calidad del aporte del recurso humano.

Sin embargo, lamentablemente en la ceremonia a que hacemos mención del martes 26 no se hizo referencia a medidas que específicamente sean destinadas a incrementar o potenciar la productividad. Efectivamente, se anunciaron algunos proyectos tales como la creación de de un fondo de infraestructura por nueve mil millones de dólares, una línea de crédito de Corfo por 300 millones de dólares anuales, con los cuales se espera brindar apoyo a alrededor de 300 empresas al año, proyectos de capacitación por parte de Sence, se promoverá la diversificación de las exportaciones como asimismo se propone mejorar la gestión del Estado, creando una plataforma electrónica para trámites notariales y de conservadores.

En general, en los anuncios se echa de menos propuestas para fortalecer la institucionalidad de las ciencias, creación de estructuras que fomenten la innovación y, sobre todo para cada uno de los proyectos que se anunciaron, una medición real de costo-efectividad sobre el aumento en la productividad al que se aspira.

Joaquín Godoy Ibáñez

Diputado

150 años | 11 de febrero de 1866

Nombrado nuevo jefe de la Brigada de Policía

Estando vacante el destino de mayor de la brigada de policía de esta ciudad, por promoción del que lo servía, se ha nombrado al capitán de Ejército don José Seguel. La conducta y cualidades del capitán Seguel son una buena garantía del acierto, celo y contracción que necesitan acreditar los jefes de los cuerpos de policía.

100 años | 11 de febrero de 1916

Debe prohibirse fumar en el interior de los tranvías

Son muchos los sujetos que ignoran lo que es educación y lo demuestran fumando en los tranvías, obligando a los pasajeros a aspirar el mal oliente humo que arrojan a bocanadas, lo que es inexcusable cuando viajan señoras y personas delicadas de salud. Al igual que en Santiago, debe prohibirse fumar en los tranvías.

50 años | 11 de febrero de 1966

Gran impulso se dará a las industrias de Las Ventanas

Enorme impulso tendrá este año el complejo industrial de Las Ventanas con la puesta en marcha de la refinería de cobre y la ampliación de la fundición, que permitirá duplicar la capacidad actual de producción de esa usina, lo que se resaltó durante la visita realizada por el Presidente de la República, don Eduardo Frei.

Lapidarios son los resultados del informe de la Contraloría Regional sobre los gastos realizados por el Servicio Nacional de Turismo dentro de las acciones oficiales destinadas a mitigar el daño causado por un derrame de petróleo en la bahía de Quintero. El organismo da cuenta en el informe de falta de fiscalización, fallas en rendición de cuentas y omisiones administrativas, tanto de Sernatur como del Gobierno Regional, que asignó los recursos.

El propósito de recuperación de imagen turística y aliento a los habitantes de las comunas de Quintero y Puchuncaví, cuyas actividades fueron afectadas por el derrame ocurrido en septiembre de 2014, tenía plena justificación. Sin embargo, las acciones, fundamentalmente de esparcimiento y promoción, asumidas por una productora de eventos presentan sobreprecios que oscilan entre un 57% y un 322%. A la vez en la rendición de cuentas de ésta se revelan valores superiores entre un 10,9% y un 119% a los cancelados efectivamente por esa ejecutora a los proveedores.

La Contraloría detectó también viáticos duplicados, pasajes pagados a empresarios privados y gastos sin respaldo por más de 186 millones de pesos.

Los recursos públicos comprometidos totalizan $ 282.670.983, cancelados a la entidad "Bendita Productora", que asumió la actividad de mitigación denominada "Reencántate con Quintero y Puchuncaví". En la adjudicación de la actividad, denuncia Contraloría, Sernatur "omitió utilizar el procedimiento de contratación de grandes compras (…) el cual prevé que el servicio debe informar su intención de compra a través de Mercado Público".

Aparecen además en el informe de 79 páginas irregularidades en cuanto a presiones ejercidas para que se subcontratara para actividad del rubro a la ONG SenCivilízate "pagándose un monto de $ 14.899.998 (…), situación que atentaría contra el principio de probidad administrativa".

Todos estos antecedentes fueron entregados por la Contraloría al Ministerio Público para que ese organismo determine la posible existencia de delitos y una consecuente formalización de los responsables. También la Contraloría demandará por más de $ 225 millones a los funcionarios responsables, que deberán resarcir el daño provocado.

Los hechos descritos son especialmente graves, pues aparece mal uso de fondos destinados a ayudar a levantarse una comunidad afectada por un problema ambiental que ha dañado sus actividades y calidad de vida. Simplemente, se trata de un abuso que debe ser perseguido administrativa y judicialmente. Las resoluciones de sumarios y el resultado de las acciones que inicie el Ministerio Público deben ser ejemplarizadoras para evitar la reiteración de estos hechos.