"Las aguas del Silala fluyen naturalmente hacia el territorio por el efecto de una ley tan clara como es la ley de gravedad"
Michelle Bachelet
Presidenta de la República
"Es aconsejable en este caso que se abstenga"
Víctor Andaur
Concejal (PC) por la edil Eugenia Garrido (UDI), cuyo hijo lidera proyecto de seccional para la Población Vergara, el cual debe ser votado
El debate sobre la situación urbana de Viña del Mar ha alcanzado amplia proyección. Comentarios editoriales, numerosas informaciones y opiniones de expertos están apareciendo en los medios de todo el país, lo que demuestra el interés general que despierta el tema.
Así, Cristián Boza, destacado arquitecto, expresa en carta publicada en El Mercurio de Santiago que la ciudad "evidentemente se encuentra en un desdichado deterioro urbano y arquitectónico". Luego de recordar a grandes profesionales que trabajaron en la comuna, como Josue Smith, Roberto Dávila y Juan Larraín, entre otros "que hicieron realmente de Viña del Mar una Ciudad Jardín", llama a recuperar el espíritu perdido y actuar con "la sensibilidad que también se ha perdido".
Estas ilustradas opiniones, sumadas a otras, están en sintonía con inquietudes de importantes sectores locales, gremios, profesionales del urbanismo y vecinos.
En este cuadro se da en estos momentos el debate sobre la aprobación a una nueva normativa urbana, seccional, que debe marcar el futuro de la tradicional Población Vergara, al cual lógicamente se ha sumado la Cámara Chilena de la Construcción. Esta entidad ha formulado diversas observaciones calificadas de "sustanciales" a la propuesta elaborada por la Municipalidad. La propuesta oficial incluye limitaciones que son validadas por dirigentes vecinales, pero que, a juicio de sus organizaciones, serían insuficientes. Aducen temas como vialidad, seguridad, canalización de aguas lluvia y protección patrimonial, aspectos que requieren mayores plazos para ser abordados.
En general, se han hecho observaciones sobre los plazos y la participación ciudadana, aspectos sin duda importantes cuando se trata a una normativa que, en último término, incide en la calidad de vida presente y futura de residentes y visitantes de la ciudad. Además, las normas planteadas no pueden dejar pasar observaciones sobre zonas de riesgo que son parte de nuestra realidad.
Lo que queda en claro es que el tema ha llegado a su punto culminante y la atención local y nacional que despierta no permiten a la Municipalidad, a sus concejales, evadir definiciones que contribuyan a resolver la situación de "deterioro" a que alude el urbanista Cristián Boza.
La formulación de una nueva normativa urbana encierra una oportunidad para rescatar aquellos valores que a través del tiempo hicieron destacar a Viña del Mar en el plano nacional e internacional y, a la vez, debe permitir acoger con armonía, respeto y transparencia las realidades del desarrollo.
El movimiento en las calles de la ciudad es tan grande como grande es la tranquilidad de los espíritus. Desde que está decidido el bombardeo, todos se contraen con calma y resignación a sacar fuera de peligro lo mejor que poseen. Excusado nos parece decir que hay pobres que no dejan ni la escoba.
El cultivo de la palta se practica en Chile en forma deficiente. A esto se debe que esta fruta, tan preciada en otros países, no alcance aquí el desarrollo necesario. Los pocos productos que el comercio expende son caros y no guardan relación con las facilidades que su cultivo demanda. La tierra y el clima son favorables.
El alcalde, señor Juan Rodríguez, firmó ayer el decreto por el cual se llama a propuestas públicas para la construcción de una escalera para un pasaje ubicado a un costado del acceso del ascensor Perdices. Con esta obra se dará un acceso seguro a los habitantes del pasaje y a las personas que transitan desde el plan a la Av. Alemania.
En momentos en que, por una parte, se inicia un trabajo prelegislativo de insospechadas consecuencias económicas y sociales, que fue convocado e impulsado por el Ejecutivo y que solo incluye a un número limitado de parlamentarios oficialistas, y, por otra parte, mientras se tramita una moción parlamentaria que pretende reabrir el debate sobre aspectos sustanciales de la Ley de Pesca, que fueron largamente debatidos y ampliamente aprobados en el Congreso Nacional, tanto en sus aspectos políticos como técnicos, se hace necesario recordar la importancia de respetar los acuerdos alcanzados por los actores pesqueros, entre éstos, y con el Estado de Chile.
A diferencia del actual proceso prelegislativo, donde no se han invitado a los verdaderos actores de la actividad, esto es, quienes efectivamente trabajan y conocen nuestro sector, debe destacarse que, en el trabajo legislativo que dio origen a la actual ley, el contexto de participación ciudadana fue amplio, inclusivo, transparente y vinculante, transformándose en una iniciativa inédita e histórica en Chile. En efecto, en él se crearon mesas regionales y nacionales que involucraron la participación de pescadores artesanales, industriales, dueños de plantas procesadoras, tripulantes y trabajadores de plantas procesadoras, entre otros. Los diferentes acuerdos alcanzados en las mesas regionales derivaron en un acuerdo de carácter nacional y fueron incorporados íntegramente en el proyecto de ley, generando así las bases para la Ley de Pesca aprobada finalmente.
Estos acuerdos, adoptados por los reales actores del sector, han sido honrados y seguirán siendo honrados y respetados por la pesca industrial. No tenemos dudas de que los demás actores del sector tienen similar voluntad.
En relación a la moción parlamentaria, es importante recordar que el Estado de Chile invitó a las empresas pesqueras a acogerse a la nueva normativa, renunciando a sus antiguos derechos. A cambio de mayor certeza y estabilidad jurídica, la totalidad de las empresas pesqueras aceptó y canjeó -de buena fe- sus antiguos derechos por Licencias Transables de Pesca.
Es igualmente necesario recordar que las empresas pesqueras aceptaron acogerse a la nueva normativa aun cuando ello les significaba aceptar una reducción considerable de la duración de sus licencias (desde indefinidas a 20 años renovables); una disminución significativa de las cuotas de captura en favor de los pescadores artesanales (fraccionamiento); una renuncia importante de sus cuotas de captura a favor del ingreso de nuevos actores (licitaciones del 15%); y un gravamen adicional que constituye un incremento del orden de 50% en la carga tributaria de las empresas (Impuesto Específico o Royalty).
Esperamos que el Estado de Chile no modifique unilateralmente las reglas del juego y honre y respete los compromisos. Lo contrario no sólo será un preocupante precedente para otras actividades económicas, sino que una pésima señal para la comunidad internacional.
Francisco Orrego
Presidente de la Sociedad Nacional de Pesca