Claudio Ramírez

"Queremos tener claridad". Así resumió el diputado Osvaldo Urrutia (UDI) la motivación que lo llevó a oficiar a la Presidenta Michele Bachelet un cuestionario de nueve preguntas en relación a los proyectos del borde costero que se desarrollan en la región y especialmente en Valparaíso.

"Ni en la cuenta pública de la Presidenta ni tampoco en la del intendente se dijo algo relacionado con los puertos como, por ejemplo, la ubicación del llamado PGE (Puerto de Gran Escala)", manifestó el parlamentario que también fue director de la EPV entre el 2010 y 2013.

Respecto al Estudio de Impacto Patrimonial (EIP) elaborado por el experto colombiano Juan Luis Isaza y que sugiere compensaciones a raíz de los efectos que provocará el Terminal Dos en el sitio histórico reconocido por la Unesco señaló que la gran incógnita es quién las asumirá. "Esa es una buena pregunta, ¿Se lo vamos a cargar al proyecto, al Puerto, al Gobierno o al Estado? Hasta ahora no sabemos", comenta.

-Ahora es el Estado el que encarga el informe y es él también quien determina un desarrollo portuario en la ciudad...

-El Estado es propietario del puerto y sabe que en pocos años más vamos a tener una estrechez de oferta en la capacidad portuaria provocada por una mayor demanda. Y desde es punto de vista está en la disyuntiva de concesionar inversiones para que esto no se transforme en una traba al sector. Hoy vemos que se ha entrampado en una serie de procesos algunos de los cuales ni siquiera estaban contemplados. Ahora vemos que el Estado encarga un estudio y que más encima no es vinculante, lo que hace preguntarnos ¿Para qué sirvió el estudio?

-¿Que piensa usted de la opinión del senador Lagos Weber, que desliza la posibilidad de replantear el proyecto, de reformularlo, de reflexionar?

-Creo que reformular el proyecto a esta altura es absolutamente extemporáneo. Pienso que si lo pensaba debería haberlo planteado antes de que el Estado licitara porque acá ya se realizó una licitación y hay un contrato arriba de la mesa que el Estado debe cumplir. Acá hay costos que el Estado debe asumir si quiere resciliar el contrato y en esa línea ¿estará dispuesto a pagar las indemnizaciones a la empresa que está trabajando?

¿PROYECTO DISTINTO?

-¿Y la opción entonces de un proyecto distinto al actual como piden algunos sectores?

-El Estado ya tomó una decisión hace varios años, se embarcó en el proyecto del Terminal Dos porque se analizó a fondo, concluyéndose que había que hacer este proyecto por una serie de consideraciones de fondo y se llamó a licitación, hubo ofertas y se firmó un contrato. Se están cumpliendo los procesos pero se le han ido agregando cosas. Creo que no es el momento de hablar de un proyecto distinto.

-Ya entrando en el debate de las compensaciones, ¿quién debe asumirlas entonces?

-Hay medidas de compensación que tienen un costo y que algunas de ellas no están contempladas en el contrato y habrá que ver quién las financia. Ahora, si el Estado mandó a hacer el estudio me parece que es él quien debe compensar por los eventuales daños que allí aparecen considerados.

-¿Qué le parece la propuesta de obtener fondos a partir de los impuestos aduaneros que se obtienen en el puerto de Valparaíso?

-Me parece que es bueno que el puerto aporte a la ciudad y se pueden buscar fórmulas como los impuestos aduaneros. Me parece bien estudiar la posibilidad y analizarla.

"Si el Estado mandó a hacer el estudio me parece que es él quien debe compensar por los eventuales daños que allí aparecen considerados"

Osvaldo Urrutia (UDI), Diputado

Araíz de una serie de incumplimientos, la Empresa Nacional de Petróleo no logró una resolución sanitaria favorable para su planta de la Refinería Aconcagua, en Concón, y deberá presentar una nueva solicitud para lograr una aprobación que es clave en el proceso de renovación de su patente de funcionamiento.

A través de la resolución exenta N°236, la Secretaría Regional Ministerial (Seremi) de Salud precisa que Enap no cumple con la normativa sobre almacenamiento de sustancias peligrosas, la emanación de gases y la seguridad dentro de la planta de Concón.

En materia de manejo y almacenamiento de sustancias peligrosas, la autoridad sanitaria advierte que "la empresa a la fecha no ha realizado la regularización de las instalaciones", y agrega que en este punto la estatal no solicitó la autorización para el proyecto de adaptación de acuerdo a la normativa.

La resolución exenta también alerta que Enap no ha cumplido con implementar los sistemas de abatimiento y control de emanaciones y olores, por lo cual la autoridad sanitaria dio inicio a un sumario.

En materia de seguridad, en tanto, la Seremi afirma que no existe una actualización de las empresas contratistas y subcontratistas encargadas de este tema. Ante las irregularidades presentadas, la Seremi establece que la empresa para obtener un informe sanitario que le permita renovar la patente, tendrá que presentar una nueva solicitud.

ENAP responde

Respecto a la determinación de la autoridad sanitaria, desde la Empresa Nacional del Petróleo (Enap) informaron que "recibimos una notificación de la Secretaría Regional Ministerial de Salud, indicando que nuestra solicitud ha sido rechazada, aduciendo razones ajenas al proceso, incluyendo permisos para algunas de nuestras instalaciones con los cuales aún no es necesario contar por ley y situaciones que no tienen ninguna relación con el procedimiento en curso".

Agregaron que darán respuesta a la solicitud y que "estamos preocupados de cumplir con la normativa ambiental y por ellos haremos llegar todos los antecedentes que avalan nuestro comportamiento".

3 puntos son los objetados por la autoridad sanitaria para otorgar la respectiva resolución.

Hoy se cumple una semana desde que el experto patrimonial y miembro de Icomos internacional, Juan Luis Isaza, presentó ante la comunidad de Valparaíso el Estudio de Impacto Patrimonial mandatado por la Dirección de Bibliotecas Archivos y Museos (Dibam).

Documento que entre otros aspectos, basó su contenido en los proyectos mall Barón y Terminal 2, poniendo especial énfasis en las compensaciones que la ciudad debería recibir a raíz de los daños permanentes que ambos proyectos provocarían en Valparaíso.

Criticas al proceso

Puntos que ayer fueron largamente debatidos en el Concejo Municipal porteño, instancia en la cual los ediles solicitaron mayor participación en la realización de este tipo de estudios, pues según su análisis, "los actuales administradores del Sitio, que es la municipalidad, casi no tuvo injerencia en la redacción o en las conclusiones del estudio, es más, primero fue presentado ante el Gobierno Regional y en una segunda instancia ante nosotros, cuando todo ya estaba formulado", declaró la concejala Marina Huerta (DC).

Declaración que fue apoyada por Paula Quintana (PS), quien fue más allá, abriendo el debate en torno a si hoy en día la municipalidad de Valparaíso cuenta con las facultades necesarias para ser el administrador del Sitio patrimonial

"Yo me pongo desde el lugar del concejal, y de cómo podemos contribuir con nuestras limitadas facultades a que este proceso se lleve de la mejor forma posible, teniendo un énfasis en el rol fiscalizador, porque yo realmente me pregunto: ¿la municipalidad está en condiciones de administrar el Sitio?, yo me lo pregunto porque la evaluación que se ha hecho hasta la fecha es que el estado del patrimonio es calamitoso", declaró Quintana, agregando que "la municipalidad tiene condiciones precarias, y creo que este tema es algo que hay que revisar seriamente, más allá de la connotación política, porque la empresa portuaria nos va a pasar por encima".

1 semana

ha transcurrido desde que el experto Juan Luis Isaza presentó el estudio.