Ha sido una violación sistemática a los derechos humanos, silenciosa, sin memoriales, ni procesados ni condenados. Es el drama de los cientos de niños fallecidos en recintos del Sename o vinculados a ese organismo del Estado. Conocidos los casos, indignación y reacciones: remoción de directivos, recriminaciones y, finalmente, anuncios de cambios y asignación de fondos.
¿Las medidas anunciadas por la Presidente de la República tendrán resultados consistentes con un "nunca más", como se viene prometiendo desde hace años ante el tema de los derechos humanos?
¿Basta sólo con inyectar más recursos y cambiar funcionarios? ¿Se logrará terminar con el desamparo en que se encuentra ese sector juvenil, vulnerable entre los vulnerables? ¿Se romperán las barreras políticas y doctrinarias para resolver de verdad el tema asegurando protección a los niños con problemas familiares o delictuales?
Es pertinente la opinión expresada en carta a este Diario por el sacerdote Enrique Opaso, responsable de la Refugio de Cristo de Valparaíso: "Las palabras de la Presidenta en relación a los niños vulnerados en sus derechos me causaron más pena que esperanza. Es bueno todos los recursos que se dispongan…pero la inversión primera es en las personas y más acotado en las personas de trato directo a las que se les paga el mínimo". Tiene toda la razón, hay que gastar en personal capacitado y, más que nada, con vocación.
Y señala Opaso una grave omisión: "En ningún momento la Presidenta reconoció la labor de los hogares privados, que atendemos el 90% de los niños vulnerados…ofreció un aumento en la gestión de los hogares que el Sename acoge directamente en un 18,6% y ni un peso a los privados… ¿Qué haremos los privados? Seguiremos moviendo los corazones para suplir las faltas del Estado con caridad pública…lo que nos pasan, no cubre siquiera un 50% de los gastos".
Bernardo Donoso, profesro y exrector de la PUCV, advierte sobre la "obligación de armonizar esta causa principal (Sename) ante otras que son más visibles y políticamente poderosas". Se ha vulnerado el derecho a la vida, se han limitado recursos, se desconoce el aporte privado, no se invierte en capital humano. La dolorosa verdad que finalmente ha salido a la luz urge a cambios estructurales que permitan revertir una situación insostenible en que el Estado, con una nueva mirada, debe reconocer y atender las demandas de instituciones privadas, con vocación de servicio y entrega, que representan la suma de voluntades solidarias que exigen ser alentadas y estimuladas en su tarea de asistencia a esa niñez olvidada y abandonada.