Pamela Boltei

Un llamado a que se confeccione un protocolo para enfrentar diversas situaciones de abandono de obras financiadas por el Gobierno Regional (Gore) hicieron consejeros regionales (cores), a propósito de los últimos casos en que se han presentado problemas con las empresas constructoras de los proyectos.

Durante los últimos años han sido varias las iniciativas marcadas por con inconvenientes en su desarrollo. Por ejemplo, las obras de la nueva Dirección Provincial de Educación de Quillota, que llevan siete años paralizadas; el centro cultural de La Calera, con cuatro años sin trabajos; y lo más reciente, los trabajos de repavimentación de la avenida Gómez Carreño, cuyas faenas fueron abandonadas desde mediados del año pasado y hoy se encuentra en un proceso de relicitación (ver nota relacionada).

También hay algunas obras que fueron abandonadas por la empresa constructora y que, años después, fueron reiniciadas luego de ser revaluadas para volver a ser licitadas con costos mayores a los originales, como el nuevo gimnasio de la comuna de Puchuncaví, el de Llay Llay; el templo San Francisco, de Valparaíso, y la construcción del alcantarillado Pachacamita, de La Calera, entre otras.

Además, es fácil recordar los problemas -no abandono- por discrepancias entre el ente técnico y la constructora -por las obras del estadio Sausalito y de los estacionamientos de la plaza Sucre, por ejemplo.

Para todas estas obras, no existe actualmente un manual de procedimiento regional, sino más bien se evalúa caso a caso, por lo que no existen multas estipuladas para las constructoras que, por distintos motivos y dependiendo del contrato en específico, les es más conveniente abandonar las faenas que cumplir con las exigencias que surgen en cada caso.

En la actualidad existe una enorme preocupación por parte de los Consejeros Regionales de la Región de Valparaíso, debido a la falta de un manual de procedimientos al interior del Gobierno Regional referido a los abandonos de obras que se están produciendo en las ciudades y provincias.

Valparaíso, pese a su importancia a nivel nacional, es una de las pocas regiones que no cuentan con este protocolo, el cual permitiría regular los mecanismos para abordar este tipo de hechos y considerar, entre otras cosas, la reliquidación de contratos, hacer efectivas las boletas de garantías o las retenciones y los pasos legales a seguir ante el incumplimiento de contrato.

"Es urgente que la autoridad regional elabore un manual de procedimientos para enfrentar la situación de abandono de obras y también un intervención de los convenio mandato y las bases, de modo tal que exista una sola voz para resolver estas situaciones y evitar discrecionalidad y pérdida de tiempo en volver a licitar y evitar la judicialización en estos casos, pero también incluir multas para los contratistas que dejan las obras botadas sin excusas o justificaciones", expresó el presidente de la Comisión de Control y Fiscalización del Consejo Regional, Roberto Chahuán.

Esta instancia, en efecto, exigió al intendente, Gabriel Aldoney, la elaboración de este manual o instructivo, de manera tal de poder enfrentar estos casos "con elementos objetivos", explicó el consejero regional Manuel Millones.

"Debido a la falta de este instructivo se genera mucha más burocracia y un exceso de discrecionalidad, lo cual puede ser muy generosa con la liquidación del contrato o muy abusiva. Ello deriva en extensos y costos juicios para el Gobierno Regional. En regiones donde existe los manuales de procedimientos, las normas son claras antes de las adjudicaciones, hay una directa relación con las bases de licitación y convenios mandatos y, lo más importante, se establecen las multas, regulaciones y sanciones en caso de abandono", agregó Millones.

Lo que están pidiendo los cores, en palabras simples, es generar un marco regulatorio objetivo y eficaz, de modo que los mecanismos para enfrentar las controversias sean conocidos por todos antes de adjudicarse las obras y terminar con la desgastante e ineficiente forma en que hoy se asumen los casos conflictivos.

"No es posible que no exista ni siquiera un registro de contratistas para obras que se financian con recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional. Es casi una broma. Si existiera ese registro, entonces a las constructoras de mal comportamiento se les podría suspender, borrar del registro o generar calificaciones negativas en las bases antes de licitar. Por eso sigue ocurriendo que empresas que dejan botadas obras en una comuna, después aparecen adjudicándose contratos en otras municipalidades y nadie dice nada. Hay demasiadas 'mañas' en el sistema y eso debe terminarse", añadió Millones.

Sobre el tema, Roberto Chahuán, presidente de la Comisión de Control y Fiscalización del Core, expone que "vamos a modificar los convenios mandatos, de modo que las unidades técnicas cumplan nuevos requisitos y exigencias, y así velar por los intereses fiscales bajo una sola lógica. También se va a solicitar a la Contraloría su apoyo para la confección de nuevas bases de licitación. A su vez, los municipios también tienen que contar con un protocolo para las liquidaciones de contratos con financiamiento del Gobierno Regional y evitar las diferentes interpretaciones que se dan cuanto surgen conflictos como el pavimento de la avenida Gómez Carreño, el alcantarillado de La Calera, obras en el Van Buren, Llay Llay, Puchuncaví, Quilpué, San Antonio, etcétera".

Además, los consejeros regionales reparan en un segundo tema. Actualmente tampoco se está cumpliendo con las normas que obliga a informar la ejecución de cada etapa de los proyectos, sus avances, estados de pago, retrasos o complicaciones, procedimiento que está estipulado en la norma y que debe ser subido al Banco Integrado de Proyectos que administra el Ministerio de Desarrollo Social, información relevante a la hora de ir analizando la evolución de la obra y su ejecución, detectando de inmediato si existen problemas de retrasos muy excesivos y posibilidades de abandono.

El secretario regional ministerial (seremi) del Ministerio de Desarrollo Social, Abel Gallardo, dijo sobre la solicitud del core que "yo creo que cada institución tiene el pleno derecho y obligación de actualizar sus procedimientos y asegurar que sus recursos estén bien invertidos y el core tiene esa preocupación necesaria respecto del FNDR".

Además, advirtió que "nosotros, como ministerio, tenemos un tipo de evaluación que es expost, analizamos la evolución que ha tenido la ejecución de ese proyecto y eso nos permite sacar lecciones para proyectos futuros. Si se tiene un plazo mayor de ejecución, por ejemplo, es bueno saber por qué se produjo esa circunstancia; si se ha modificado financieramente ese proyecto saber por qué ha ocurrido, y eso lo estamos haciendo con más intensidad para determinar la casuística en estas demoras o retrasos en la ejecución de los proyectos".

Por su parte, el coordinador regional del Gobierno Regional, Miguel Toledo, dice que el manual propuesto no resuelve el problema porque "la casuística siempre es mayor, entonces es muy fácil que cuando sucede una cosa aparezcan personas que digan que esto se soluciona de tal forma, eso es muy fácil. Los métodos existen, cuando licitas una obra existen, están las boletas de garantía".

Las multas, acotó, pueden ser "establecidas en las bases de cada contrato. En el caso de Gómez Carreño, por ejemplo, el municipio tiene normativa suficiente para poder trabajar por sí mismo. No creo que estemos en una situación de caos de ejecución de proyectos, las obras tienen que tomar el camino que toman".

"Es urgente que la autoridad regional elabore un manual de procedimientos para enfrentar la situación de abandono de obras y también un intervención de los convenio mandato y las bases"

Roberto Chahuán Core y Pdte. Com. Fiscalización"

"En regiones donde existe los manuales de procedimientos, las normas son claras, hay una directa relación con las bases de licitación y convenios mandatos y se establecen las multas"

Manuel Millones Consejero regional"

meses llevan abandonadas las obras de repavimentación de la avenida Gómez Carreño, en Viña del Mar. 5

años lleva abandonada la obra para las terminaciones de la dirección Provincial de Educación de Quillota. 7

La empresa que recibió en cesión la obra de Gómez Carreño que ejecutaba y abandonó la constructora Stone S.A., Inversiones y Construcciones Felipe de Paz S.A., busca ganar la nueva licitación para terminar lo que falta de las obras de repavimentación.

En una visita a terreno realizada el pasado viernes, asistieron 15 firmas interesadas en ganar la licitación, siendo una de ellas la empresa ligada a Stone.

El municipio de Viña del Mar inició el proceso de llamado a licitación para finalizar la construcción del 45% del proyecto de repavimentación que quedó inconcluso la semana pasada.

De acuerdo a lo explicado por el municipio en un comunicado, "el Gobierno Regional dio la autorización para realizar una nueva licitación para terminar la fase inconclusa del proyecto de pavimentación del circuito Gómez Carreño-A. Navarrete-Punta Arenas, lo que implica una inversión de $2.300 millones", y afirmaron que su financiamiento "está asegurado".

De acuerdo con la planificación se espera comenzar por Alejandro Navarrete, entre Av. Gómez Carreño y Calle Ignacio Ibieta, terminar ese tramo y abrirlo al tránsito, para luego continuar con los tramos faltantes en la calzada oriente de Gómez Carreño.

"no fue notificado"

Sin embargo, la empresa que estuvo a cargo de las obras, Stone S.A., no ve con buenos ojos esta nueva licitación, que implica una liquidación de su contrato. "Nos enteramos de la licitación a través del portal Mercado Público y entiendo que ya hicieron la liquidación del contrato, lo que no fue notificado a nuestra empresa. Cuando nos pusieron término unilateral del contrato, uno de los requisitos era hacer la liquidación del contrato. Me imagino que lo hicieron, porque si no hicieron la liquidación no sería válido ese documento que pone fin al contrato y no sería válida la licitación". Y advierte, además, que en ese caso interpondrá un recurso de protección para frenar dicho proceso.

Al respecto, el coordinador regional del Core, Miguel Toledo, aclaró que "perfectamente se podría iniciar un proceso de licitación y la controversia sobre lo que está hecho y cómo se termina el contrato y se liquida se puede revisar en forma paralela. No es un proceso que inminentemente no pueda traslaparse en días de discusión".