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Contraloría rechaza la resolución de Dipreca por caso Olate

GENDARMERÍA. El ente fiscalizador detectó errores en el informe que emitió la institución previsional sobre la situación de la ex esposa del diputado socialista Osvaldo Andrade.
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La Contraloría rechazó y devolvió ayer la resolución de Dipreca que mantiene a Myriam Olate en este sistema previsional, luego de detectar un error en el documento. El ente fiscalizador explicó que la resolución N° 349 debió ser emitida como "afecta a toma de razón" y no como "resolución exenta", como fue enviada.

El organismo detalló que la primera calificación lo hace ser objeto del control de legalidad que establece la Constitución, una atribución exclusiva de la institución contralora.

"La Contraloría restituyó a Dipreca dicha resolución, otorgándole un plazo de 10 días para envíe nuevamente a tramitación el acto administrativo, con carácter de afecto al control de legalidad", afirmó.

El organismo resolvió que Olate, ex esposa del presidente de la Cámara de Diputados, Osvaldo Andrade, no cumplía los requisitos para jubilar como funcionaria de Gendarmería, donde ejerció diversos cargos, el último como subdirectora técnica.

La Resolución Exenta que Dipreca envió cumplía con el oficio N° 58.769 de 2016 emitido por la Contraloría, que le instruyó realizar un procedimiento invalidatorio de la pertenencia de la exfuncionaria al sistema previsional de los uniformados y del monto de la pensión, así como revisar situación de otros diez ex funcionarios de Gendarmería.

La pensión de Olate actualmente asciende a más de $ 5 millones mensuales, dinero que debería restituir para recibir el que le corresponde por ley, si es que se resuelve que debe ser jubilada de Dipreca.

El Gobierno defiende la contratación de aeronaves y legisladores piden indagar

POLÉMICA. Según reportaje televisivo, tres empresas extranjeras que tienen contratos con el Estado chileno para combatir los incendios forestales están acusadas de colusión y cohecho.
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El Gobierno defendió ayer la contratación de helicópteros internacionales por parte de la Conaf para combatir los incendios que afectan a la zona centro sur del país y aseguró que el proceso de licitación se hizo en el marco de la ley.

El Ejecutivo reaccionó de esa forma a un reportaje emitido por el canal Mega que reveló que tres de las empresas extranjeras que han trabajado en la emergencia fueron acusadas en España de cohecho y colusión.

"Esa es una denuncia que ha ocurrido en un país extranjero, no ha ocurrido en Chile. Nosotros no hemos formado parte ni conocido en forma directa los alcances que pueda tener esa situación que ha ocurrido en otro país", aseguró la ministra secretaria general de Gobierno, Paula Narváez, al referirse al caso, que en España es conocido como el "cartel del fuego".

Transparencia

La vocera enfatizó que "tenemos claro que todos los procesos de licitación se hacen bajo el marco de la ley de compras públicas, son hechos de carácter totalmente transparente que se hacen en el marco del ordenamiento jurídico que nos rige".

Según reveló el reportaje, las empresas españolas Faasa, Inaer y Martínez Vidau -que fueron contratadas por el Estado chileno para ayudar en la lucha contra los siniestros- son investigadas, tanto en su país como en otras naciones europeas, por supuestos delitos de colusión, tráfico de influencias, sobornos y cohecho internacional.

La nota periodística señala que existen pruebas que demostrarían que los ejecutivos de estas firmas acordaban, a través de correo electrónico, cómo repartirse las licitaciones en distintos países.

Por medio de una declaración pública, la Conaf indicó que "a la fecha no ha recibido ningún tipo de comunicación, a través de canales formales, que informe los problemas legales en que estarían involucrados algunos proveedores de servicios en materia de incendios forestales en el extranjero". "De tener conocimiento, se entregarán los antecedentes correspondientes por los canales previstos para tales fines", agregó.

La corporación detalló que "del total de helicópteros y aviones contratados por Conaf (33), 9 corresponden a las empresas que aparecen en el reportaje (27%)". Agregó que "de esas 9 naves, 4 se realizaron por licitación pública, con todos los procesos requeridos". Señaló, además, que "del total de helicópteros y aviones que Conaf arrendó en etapa de emergencia por trato directo (14), sólo 1 corresponde a una empresa que aparece" en el reportaje.

Finalmente, la institución sostuvo que "del total de helicópteros y aviones que Conaf arrendó por trato directo (no en emergencia), 4 corresponden a las empresas mencionadas y se hicieron escogiendo la mejor propuesta económica de un conjunto de oferentes".

El director de la Conaf, Aarón Cavieres, entregó ayer los detalles de los contratos a la Fiscalía Nacional Económica. Esta última entidad informó que en 2014 se archivó una denuncia contra Faasa, pero que "se refería a la supuesta realización de venta bajo los costos (predación) por parte de esta empresa, asunto en nada vinculado a los hechos investigados en España".

Reacciones políticas

Desde la oposición, el senador y precandidato presidencial Manuel José Ossandón (Ind.) acudió a la Contraloría para solicitarle que investigue una eventual colusión de dichas compañías.

"Parece que el país se sigue quemando y parece también que el agua de los helicópteros estaba media turbia. Estuve en Contraloría para hacer preguntas, porque respuestas a estas alturas no deben haber muchas", afirmó el parlamentario.

Fiscalía indagará los contratos

El Fiscal Nacional, Jorge Abbott, ordenó ayer abrir una investigación de oficio para indagar eventuales delitos en los contratos suscritos por instituciones públicas con tres empresas de combate y extinción de incendios, que son investigadas en España por colusión. Abbot designó a la Fiscal Metropolitana Centro Norte (s), Ximena Chong, a cargo de la investigación.