Por un error, en la entrevista publicada el 9 de febrero de este año se mencionaba al presidente de la Mutual de Seguridad CChC, Lorenzo Constant, como gerente de dicha institución. Cabe precisar también que la Mutual de Seguridad es una institución distinta a la Mutual de Seguros mencionada equivocadamente en la nota.
El concejal viñamarino Víctor Andaur (PC) denunció ante la Contraloría General de Valparaíso supuestas "infracciones graves a las concesiones otorgadas en la playa Reñaca" y pidió al órgano fiscalizador que instruya una investigación para que se realicen sumarios y se inicien procesos de sanción y caducidad referentes a la concesión iniciada en 2005, a propósito de la actividad deportiva en un extremo del lugar que requirió la instalación de una cancha de pasto sintético. "Es claro que los concesionarios infringen permanentemente esta obligación (de permitir la libre concurrencia de la población por el sector de playa concesionado), ocupando ilegítimamente espacio público al que no tienen derecho, lucrando con dicha ocupación ilícita". Además, acusó a la Directemar de haber "incumplido su labor fiscalizadora", no instruir las investigaciones sumarias ni aplicar sanciones que establece la ley.
Acasi dos meses de haberse iniciado la investigación en contra de ocho funcionarios de la Armada de Chile, quienes fueron procesados por grabar y difundir imágenes de connotación sexual tomadas a sus compañeras de la fragata "Almirante Lynch", la Fiscalía Naval ya habría culminado el proceso administrativo del bullado caso.
De acuerdo a lo que comentó a este Diario el abogado de dos de los ocho funcionarios, Julián Martínez, la institución emitió en las últimas semanas un dictamen sobre la sanción definitiva que se determinó para cada uno de los involucrados, donde tres habrían sido dados de baja.
En cuanto a sus representados -sobre quienes se limitó a opinar-, el abogado aseguró que al cabo segundo Miguel Ángel Candia, procesado como coautor, se le solicitó su licenciamiento del servicio. "Lo que indica el dictamen es que se le pidió a Candia su licenciamiento por la causal de incurrir en actos deshonrosos que afectaron gravemente al servicio y el prestigio de la institución", indicó el defensor.
Cabe recordar que a fines de enero también se dio a conocer que el autor de las grabaciones, Raúl Órdenes (marinero segundo), también había sido desvinculado de la institución una vez que reconoció su participación en el hecho.
El tercer desvinculado sería el único sargento que estaba procesado, quien según el comandante en jefe de la Armada, almirante Enrique Larrañaga, se enteró de las grabaciones en septiembre del año pasado, y que ordenó su eliminación sin informar a los superiores.
Para el otro funcionario que representa Martínez, el cabo segundo Raúl Puga, la Fiscalía Naval decidió aplicarle una causal por "encubrir una falta gravísima a la disciplina, al conocer y no informar" el hecho, sancionándolo con una amonestación escrita "Grado C" al tratarse de una falta gravísima.
De todas formas, el abogado sostuvo que apeló a ambas resoluciones, solicitando que sus dos representados sean absueltos. "Seguimos insistiendo en que ellos no tuvieron participación directa en el acto de grabación. Por la no participación pedimos su absolución", explicó Martínez, agregando que están a la espera de que la Corte Marcial los cite a alegar.
Sobre el resto de los involucrados, la Fiscalía Naval habría resuelto distintos tipos de amonestaciones, de tipo A, B y C.
Consultado al respecto, el director (s) de Comunicaciones de la Armada, capitán de Navio Gonzalo Bravo, aseguró que "la institución no está facultada para entregar información de ningún caso porque velamos por proteger la identidad, la honra y la integridad de las afectadas, y porque no queremos entorpecer las investigaciones que están en curso".
En paralelo, continúa pendiente la arista penal del caso, que mantiene procesados a cuatro funcionarios.
"Insistimos en que ellos no tuvieron participación directa en el acto. Por la no participación apelamos y pedimos su absolución"
Julián Martínez, Abogado de dos funcionarios procesados por "Caso Lynch""
funcionarios habrían sido dados de baja de la Marina por su participación en el caso de la fragata Lynch. 3
marinos habrían sido sancionados sólo con amonestaciones escritas, en diferentes tipos de grado. 5
personas continúan bajo la arista penal. Uno de ellos, el marino sindicado como el autor de las grabaciones. 4
Los programas regulares del Ministerio de Vivienda y Urbanismo se mantendrán "inalterables" en la Región de Valparaíso pese a las emergencias que el Gobierno enfrenta en el sur, afirmó el seremi del ramo, Rodrigo Uribe, tras entregar a vecinos del conjunto habitacional Nahuelbuta de Rodelillo un certificado de subsidio.
De la manera más desagradable tuvo que interrumpir sus vacaciones el alcalde de Limache, Daniel Morales. Durante la noche del miércoles, mientras se encontraba con su familia en La Serena, tres personas -en primera instancia- ingresaron a su domicilio particular sustrayendo diferentes especies de valor, como un celular y una tablet, joyas de él y de su pareja, y algunas chequeras bancarias.
Una vez que se enteró, de inmediato viajó hasta la comuna limachina, donde llegó ayer alrededor de las ocho de la mañana. Allí, el alcalde relató que como se encontraba de vacaciones, había una persona cuidando su hogar. Sin embargo, ésta salió por alrededor de una hora a realizar una compra, momento en el que los delincuentes aprovecharon para ingresar a su domicilio.
"La persona que estaba cuidando salió a comprar, y cuando volvió se dio cuenta que la puerta había sido forzada y el segundo piso, especialmente el dormitorio matrimonial, estaba desordenado. Me llamaron de inmediato y aquí estoy", dijo el jefe comunal, quien comentó con sorpresa que "pudiendo llevarse algunas cosas que tenían un valor material más rápido, los sujetos no lo hicieron. Llama mucho la atención que no se robaron cosas de valor, como los televisores, por ejemplo, o una caja que tenemos con dólares", agregó Morales Tras el hecho, llegó al domicilio el Laboratorio de Criminalística (Labocar), la Sección de Investigaciones Policiales (SIP) y el OS-9 de Carabineros, además de la PDI. En tanto, el alcalde le entregó a las policías y la Fiscalía las grabaciones de las cámaras de seguridad con que cuenta el inmueble.