En el camino de la descentralización
La elección de gobernadores regionales es el primer paso de un esperado proceso, pero también hay que dotarlos de facultades. La celebrada reforma constitucional que dispone la elección en las urnas del órgano ejecutivo de los Gobiernos Regionales, debe ir acompañada de una adecuada normativa.
El inicio del año legislativo trae también aparejadas altas expectativas -que para los más escépticos pueden parecer más bien desmesuradas- en diversas materias. Una de ellas tiene que ver con la elección de los gobernadores regionales, que reemplazarán la actual figura del intendente regional, uno de los pasos fundamentales en el esperado proceso de descentralización. Desde los inicios de su vida como país independiente, Chile ha concentrado la toma de decisiones ya sea en un caudillo militar con amplias prerrogativas, un presidencialismo sin contrapeso o un parlamentarismo que se fue diluyendo en las interpelaciones ministeriales que hicieron trastabillar el sistema. Pese al desarrollo de la nación, nunca las regiones pudieron influir en las decisiones del Gobierno de turno y, con el tiempo, la idea de entregar mayores facultades a los distintos territorios, que enfrentan realidades muy distintas a las que se viven en Santiago, se ha convertido casi en un clamor. La celebrada reforma constitucional que dispone la elección en las urnas del órgano ejecutivo de los Gobiernos Regionales, que pretende avanzar como nunca antes en la descentralización, también está marcada por la aprobación de una serie de leyes que acompañen a esta nueva autoridad para que cuente con las atribuciones que le entrega la ley.
Junto a la Ley Orgánica Constitucional (LOC) que, entre muchas cosas, establece las inhabilidades para quienes puedan postular a este nuevo cargo, también es muy necesario un "rayado de cancha" respecto a las competencias, funciones y financiamiento que tendrá la nueva autoridad regional para ejercer el cargo con la debida independencia. Los senadores de la región -Ricardo Lagos Weber, Ignacio Walker, Francisco Chahuán y Lily Pérez- coinciden, en forma transversal, más allá de los cálculos electorales de las tiendas políticas que defiende cada uno, en que es fundamental una adecuada legislación que acompañe a este nuevo rol. Existen cuerpos legales que deben ser aprobados, como la Ley de Transferencia de Competencias y la Ley de Rentas Regionales, herramientas que son necesarias en este inédito escenario, que se espera quede zanjado antes de las elecciones de noviembre próximo.
Si ello no ocurre, ninguna de las buenas intenciones orientadas a que cada región pueda tomar con autonomía e independencia sus propias decisiones, discutir sus proyectos y definiciones según las necesidades requeridas, servirá en tal sentido. La carrera es contra el tiempo, los plazos son acotados y, en este escenario, la indefinición es la peor alternativa.