Pamela Boltei

La Corte Suprema decidió rechazar el recurso de reposición que interpuso el tercero coadyuvante en la causa sobre la legalidad del permiso de obras del nuevo mall de 14 Norte.

Esto implica que el máximo tribunal del país deberá enviar a la brevedad la causa de vuelta a la Corte de Apelaciones de Valparaíso para que ponga a firme el fallo que este mismo tribunal emitió el 31 de mayo del año pasado y que dio la razón al grupo Marina, pues dijo que la decisión del municipio de Viña del Mar de caducar el permiso de edificación del centro comercial el 4 de junio de 2015 fue ilegal, como encabezaba el recurso de ilegalidad interpuesto por la empresa en agosto de ese mismo año.

Este lunes la Corte Suprema decidió rechazar el recurso de reposición interpuesto por Carlos Valencia, miembro de la Fundación Defendamos la Ciudad, y cerró el capítulo del mall, al menos en ese tribunal, derivando su sentencia previa, esta misma decisión y los antecedentes de las presentaciones tanto de Valencia como de Marina Arauco, a la Corte porteña.

Tanto para el mall como para el municipio, esta es una nueva victoria en un caso que ya se extiende para casi los 2 años.

La Municipalidad de Viña del Mar dijo respecto a la decisión del máximo tribunal que "de acuerdo con ello, queda en pie lo resuelto por la Corte Suprema en su oportunidad, lo cual significa que es la Corte de Apelaciones de Valparaíso la que tiene que pronunciarse ahora sobre el fondo de la conciliación presentada por la parte reclamante (mall) y reclamado principal (municipalidad)".

Pero para Defendamos la Ciudad esto aún no termina. De acuerdo al abogado de Valencia, Paulo Pérez, queda una última instancia a la que pueden llegar, eso sí, dentro de la misma Corte de Apelaciones de Valparaíso.

Pérez explica que, a su juicio, pese a que esta misma corte fue la que falló a favor del mall el año pasado, hoy se suma algo nuevo que podría abrir una ventana a un eventual giro en la historia. "Haremos una presentación a la Corte, no se trata de un recurso. Acá no está todo escrito, el escenario que enfrenta la Corte porteña es distinto, pues ahora tendrá que pronunciarse sobre una transacción. La Corte Suprema no quiso dictar sentencia y nos involucró a las partes a un proceso de conciliación, llevó a las partes principales a una transacción sobre temas de carácter urbanístico, y, al final, terminó por no pronunciarse sobre la legalidad del acuerdo y se lo derivó a la Corte de Apelaciones de Valparaíso. Es decir, le tiró la pelota a Valparaíso. Es súper curioso que llame a conciliación y luego no se pronuncie sobre esta y la derive a un tribunal menor".

En concreto, los fundamentos que presentarán son los siguientes: "Se trata de una transacción relativa a normas de orden público. Se está reconociendo la validez de un permiso de construcción que va a permitir la construcción del mall en circunstancias que la normativa vigente no lo permite, y se está transando sobre una serie de compensaciones que son relativas a materias reguladas por la normativa urbanística y cuya concreción depende del pronunciamiento de distintos organismos públicos. En ese contexto, es un acuerdo sobre materias que no pueden ser objeto de un trato entre partes".

"Esperamos terminar la obra a la brevedad cumpliendo plenamente el acuerdo con la Municipalidad"

Sergio Novoa, Gerente General Grupo Marina"

meses han pasado desde que el municipio caducó el permiso de obras del mall, el 4 de junio de 2015. 21

millones son los que dará Marina al municipio por el avenimiento alcanzado, el cual deberá ser validado. $ 320

Acusaciones de compromisos incumplidos, gritos y un término abrupto marcaron la tensa reunión que ayer sostuvieron la alcaldesa de Viña del Mar, Virginia Reginato, y algunos concejales de la comuna con dirigentes del campamento Felipe Camiroaga, quienes en las últimas semanas habían protagonizado diversas manifestaciones -incluso la interrupción del acto de coronación de reina del Festival de Viña-, para exigir solución a la falta de red eléctrica.

Los representantes del loteo irregular exigieron el cumplimiento de un acuerdo suscrito el 16 de abril de 2015, entre el municipio y los dirigentes, para instalar transformadores y tableros para la red eléctrica en un plazo de 45 días. Sin embargo, la alcaldesa desconoció dicho convenio al decir que no se trataba de un compromiso formal. "Nosotros siempre hablamos del terreno municipal y con eso hemos cumplido. Pero eso no fue un convenio, fue una reunión. Ellos pueden ver eso como quieran", dijo Reginato.

Agregó que "el hecho de entregarles la luz, porque ellos tienen luz; el agua que le llevamos siempre en camiones aljibe, para ellos es importante. Nosotros no lo podríamos hacer, pero por un tema de humanidad lo hemos hecho".

Nueva reunión

Adicionalmente, en la cita se fijó una segunda reunión para el 20 de marzo donde se espera que asista Quiscal, la empresa dueña de los terrenos privados donde se ubica gran parte del campamento. En la reunión se advirtió que el 21 de agosto de 2015 y el 3 de marzo de 2017 la firma prohibió el ingreso de Conafe a sus terrenos.

"Lo que está faltando es que ni el municipio ni Conafe se atreven, pese a que no están en la ilegalidad, pero han tenido notificaciones de parte de los dueños por posibles acciones legales contra ellos (a instalar la red eléctrica). Es un tema de seguridad pública, son 600 familias viviendo en paños privados y se tiene que buscar una solución provisoria hasta cuando haya una solución real y definitiva", dijo Miguel Torres, vocero del campamento.

Si la reunión del 20 de marzo no se concreta, los dirigentes no descartan radicalizar las movilizaciones e incluso convocar a otros campamentos de la región.

"En forma segura"

Ejecutivos de Conafe, que también asistieron a la reunión, expresaron que desde enero de este año se construyó una red de distribución que permitirá regularizar el suministro eléctrico en terrenos de propiedad municipal.

También comprometieron que "una vez normalizada la situación legal de los terrenos particulares, se proceda a construir una red para conectar a estas viviendas en forma segura. Por ello la distribuidora destaca que a la fecha tiene además preparado el proyecto de distribución eléctrica para la totalidad del campamento con costo de la empresa (empalmes incluidos), lo que asciende a un monto superior a los $ 300 millones".

En tanto, los dineros depositados por las familias para la instalación prometida en 2015, dijo la alcaldesa, "serán reembolsados por Conafe".