Agencias

El Juzgado de Garantía de Pozo Almonte decretó ayer prisión preventiva para los nueve ciudadanos bolivianos, dos de ellos militares y otros siete funcionarios aduaneros, detenidos el domingo en el sector fronterizo de Colchane, en la Región de Tarapacá.

Tras dos horas de audiencia, el tribunal estimó que los antecedentes expuestos durante la formalización de cargos fueron suficientes para presumir que los extranjeros participaron en los delitos de robo con violencia, porte y tenencia de armas prohibidas y contrabando.

Versiones

El Gobierno sostiene que los detenidos se hallaban en territorio chileno, a 400 metros de la frontera, fuertemente armados e iban a robar nueve camiones con mercancías.

Las autoridades bolivianas, en cambio, afirman que los militares y los funcionarios de aduanas estaban en su territorio luchando contra el contrabando que pasa de Chile a Bolivia.

Con base en las declaraciones de las víctimas, los antecedentes fotográficos y el mapa del sitio del suceso, el juzgado confirmó que los hechos "ocurrieron en suelo chileno".

Cantidad de armas

El magistrado argumentó que, debido a "la gran cantidad de armas" que fueron incautadas por Carabineros al momento de la captura, se pudo dar cuenta que "la forma de comisión fue bastante violenta", por lo que "arriesgan penas muy altas" en caso de ser declarados culpables.

Por ello, se dio orden de ingreso a la cárcel de Alto Hospicio, en la Región de Tarapacá, donde deberán permanecer durante los 120 días decretados para la investigación del caso.

De acuerdo con los antecedentes de la Fiscalía, durante la mañana del domingo, en el sector de Tulupampa, un grupo de militares (entre ellos los dos soldados imputados) comenzaron a disparar al camión chileno y a intimidar al conductor, quien se vio obligado a entregar las llaves. Los hombres abordaron el vehículo y huyeron en dirección a Bolivia escoltados por vehículos bolivianos.

El mal estado del camión sustraído provocó que el vehículo se detuviera a un kilómetro del lugar del hecho, lo que obligó a los bolivianos a salir en busca de ayuda.

Las víctimas chilenas fueron socorridas por un grupo personas que las ayudaron a salir en busca del camión que había sido abandonado por los bolivianos.

Allá coincidieron con los delincuentes que les habían arrebatado el camión y otro grupo de ciudadanos bolivianos, quienes al cabo de unos minutos fueron detenidos por personal de carabineros.

Nuevo conflicto

La detención de los militares y funcionarios bolivianos abrió un nuevo conflicto bilateral con versiones opuestas de lo sucedido y declaraciones cruzadas entre autoridades, incluidos los presidentes de ambos países.

Fidel Espinoza, del Partido Socialista, asumió ayer como nuevo presidente de la Cámara de Diputados. Ante ello, la bancada de la Unión Demócrata Independiente (UDI) abandonó el hemiciclo. Esto, en señal de rechazo al nombramiento del parlamentario, quien reemplazó a Osvaldo Andrade (PS). Antes del cambio de directiva, la tienda de oposición solicitó a la comisión de Ética de la Cámara que se pronunciara respecto a la "idoneidad política y moral" de Espinoza para el cargo, porque sus conductas "no alcanzan el estándar mínimo de idoneidad, prudencia política y estatura republicana que implica presidir esta honorable corporación".

El Ministerio Público abrió una investigación y dio la orden de indagar a la Brigada de Delitos Medioambientales de la PDI (Biderma), por el caso de un perro que fue acuchillado y lanzado desde el piso 25 de un edificio en la comuna de Santiago Centro. En la grabación de seguridad del edificio, por la cual se público el hecho, se ve a un hombre, aún no identificado, que carga al animal en sus brazos para ir hasta el piso -2, donde dio muerte al animal con un cuchillo, y luego subió al piso 25 para lanzar el cadáver por una ventana de ventilación hacia la vereda. Según uno de los conserjes, el hombre no era residente del lugar.

El ministro de Desarrollo Social, Marcos Barraza, anunció que los dos proyectos que buscan crear instituciones para reemplazar al Servicio Nacional de Menores (Sename) serán ingresados "prontamente" al Congreso.

"Prontamente vamos a ingresar los dos proyectos de ley que reemplazan el actual Sename por un servicio de protección especializado en el Ministerio de Desarrollo Social y un servicio de reinserción juvenil en el Ministerio de Justicia", manifestó ayer el secretario de Estado, quien precisó que las iniciativas serán despachadas "en los próximos días".

"Estamos trabajando con mucha velocidad, tal como fue el compromiso", agregó Barraza.

Si bien no especificó el día en que se llevará a cabo ni la urgencia que se le pondrá al texto, el titular de Desarrollo Social aseveró que "es una prioridad".

Postura de la Unicef

La representante de Unicef en Chile, Hai Kyung Jun, valoró positivamente la separación de las funciones en el nuevo proyecto, para que sean dos servicios los que se preocupen, por una parte, de los menores vulnerados, y por otra, de los menores infractores de la ley.

"La atención que necesitan los niños que están bajo atención del Estado porque estuvieron en conflicto con la ley son distintas a las atenciones que necesitan los niños cuyos derechos fueron vulnerados", sostuvo la funcionaria.

Una disminución en la pobreza en menores de edad en Chile evidenció la encuesta Casen Niñez y Adolescencia de 2015, publicada ayer por el Ministerio de Desarrollo Social y la Unicef. Las cifras destacan una reducción de la pobreza por ingresos en menores de 0 a 17 años de un 20,5%, desde 2006, y de un 3,8% respecto a la última medición en 2013. Con esto, la pobreza por ingreso en menores alcanzó este 2015 un 18,2%. El ministro de Desarrollo Social, Marcos Barraza, comentó que "los resultados muestran que ha habido una buena gestión de políticas públicas en la medida que se ha puesto como foco de orientación a la niñez, es decir, las políticas orientadas al bienestar de los niños y adolescentes. (...) La niñez, sigue siendo un grupo más vulnerable respecto del conjunto de la población", sostuvo la autoridad gubernamental.

El presidente del G9, grupo formado por las universidades públicas del Consejo de Rectores (CRUCh), Claudio Elórtegui, anunció que las instituciones del bloque se reintegrarán a las reuniones que mantienen con sus pares tradicionales, luego del quiebre evidenciado entre ambas partes. "El G9 va a asistir, aunque hay algunos rectores que tienen inconvenientes para estar presentes. Nosotros tomamos en enero una medida que siempre se dijo que era una decisión absolutamente puntual y específica", explicó la autoridad. En esa línea, Elórtegui recalcó que "nosotros valoramos al CRUCh, pero eso tenía que ver con una forma de expresar molestia, desagrado y rechazo a algunas cuestiones que habían ocurrido y se tomó la decisión de no asistir a la reunión de Arica, decisión que lamentamos, pero consideramos necesaria. (...) En ningún momento se planteó un abandono de nuestras universidades del CRUCh, por el contrario, esa decisión tuvo que ver con una forma de bregar para que todos los actores valoren al CRUCh", añadió.