Desde hace un tiempo se está debatiendo sobre la incerteza jurídica en Chile y sus consecuencias para las inversiones. Ahora, el rechazo del proyecto minero-portuario Dominga, en la Región de Coquimbo, abre el debate respecto a la independencia técnica de nuestra institucionalidad ambiental, la que también tiene directa correlación con el desarrollo de la actividad empresarial.
Situaciones como la vivida por Dominga y por muchos otros proyectos que pretenden desarrollarse en regiones, comparten un elemento común: en todos la autoridad ambiental recomendó su aprobación por dar cumplimiento a las normativas vigentes, pero fue una instancia política la que revirtió esta decisión.
Por eso es necesario dar una mirada de futuro a la institucionalidad ambiental que permita canalizar adecuadamente los proyectos, transparentando los límites para desarrollar iniciativas en Chile, con lineamientos objetivos, técnicamente justificados y conocidos por todos, sin que las autoridades políticas de turno decidan, de acuerdo a sus propios criterios, el futuro de las inversiones que van en beneficios de todos chilenos.
La seriedad e independencia de un sistema de evaluación ambiental radica en su capacidad de evaluar íntegramente una iniciativa de inversión, resguardando que ésta dé pleno cumplimiento a las exigencias sociales y ambientales del entorno en el que se emplaza. Si tras esa evaluación, que representa un gasto importante de recursos para el titular y para el Estado, el proyecto es aprobado, se debe dar curso a su ejecución.
Es necesario que el Estado, desde los poderes políticos, establezca lineamientos generales de inversión. Esa es una mirada de futuro que permite canalizar adecuadamente los proyectos, transparentando los límites para desarrollar iniciativas en Chile.
No cabe duda que la opinión política debe ser escuchada en estos procesos, así como la participación ciudadana debe tener el peso que corresponde en la identificación de las observaciones. Ambas miradas son fundamentales para velar por una correcta operación de los proyectos en el futuro.
Sin embargo, estas observaciones se deben hacer en los tiempos correctos, con el fin de evitar afectar las garantías de los procesos y la claridad respecto a las reglas que rigen para invertir en Chile.
Hoy, lamentablemente, contar con la aprobación ambiental no asegura poder ejecutar un proyecto. Esa incertidumbre resta atractivo para invertir en nuestro país, afectando nuestra capacidad de crecimiento y desarrollo.
Esta es una situación que requiere del compromiso de las autoridades para ser revertida. Chile cuenta con una institucionalidad ambiental en la que su validez e independencia no sean puestas en jaque.
Hermann von Mühlenbrock
Presidente Sociedad de Fomento Fabril