Katherine Escalona M.

Una vez más, un caso de presunta legítima defensa está al centro de la discusión. Ayer, en el Juzgado de Garantía de Viña del Mar, el Ministerio Público y la defensa de un comerciante, que está en prisión preventiva por disparar y matar a un delincuente, enfrentaron sus argumentos por la determinación del hombre, identificado por las iniciales E.G.R.C (55), de utilizar su escopeta contra los cuatro asaltantes que allanaron de forma violenta y armados su local la noche del martes, en el sector de Parcela 11, en Forestal, Viña del Mar.

La Fiscalía sostuvo que el hecho de disparar contra los cuatro delincuentes que irrumpieron el local y matar a uno de ellos configura el delito de homicidio, a lo que suma la utilización de un arma de fuego que no estaba inscrita, lo que fue refutado por la defensa.

En el mismo lugar concurrieron dos delitos: robo con intimidación y homicidio. La víctima pasó a ser victimario y fue formalizada por los delitos de homicidio simple y porte ilegal de arma de fuego, ilícitos que suman, como mínimo y en teoría -según explicó el fiscal jefe de Viña del Mar, Pablo Avendaño-, 13 años de cárcel efectiva.

La discusión en la audiencia se centró en la legítima defensa. Para el persecutor, en este caso no se aplica la condición y por eso solicitó al juez Rodrigo Cortés la prisión preventiva por considerar al comerciante imputado como "un peligro para la sociedad".

Avendaño destacó que "este no es un simple homicidio que lo comete una persona... tenía una escopeta en forma ilegal en su casa con la cual da muerte".

El fiscal expuso en el control de detención del imputado que "entendemos que la legítima defensa no se da. Los asaltantes ya habían robado, estaban saliendo del almacén, los imputados ya se iban del lugar".

Y aseveró que "con este estado procesal y con los antecedentes que nosotros teníamos nos parece que no están acreditadas las circunstancias que permiten justificar o tener configurada la legítima defensa".

La tesis de la Fiscalía fue debatida por el abogado defensor Cristián Sandoval, quien argumentó que en el caso sí aplica la legítima defensa y puso sobre la mesa un antecedente clave: el hecho ocurrió en el domicilio y local comercial del imputado. Sandoval relató que el comerciante estaba junto a su esposa tomando once cuando fueron atacados por los delincuentes que irrumpieron en el lugar con una escopeta hechiza, un arma blanca y sus rostros cubiertos.

El actuar fue violento y se llevaron del local la recaudación del día, más de $ 70 mil, según confirmó la esposa del comerciante al fiscal.

"Ante una situación como esta, la reacción de la persona es tratar de defender su patrimonio, tratar de defenderse a sí mismo y defender también a su pareja; desde esa perspectiva hay una agresión, hay una racionalidad en el medio que él emplea para defenderse", precisó el abogado Sandoval.

Y subrayó que "él no fue provocado, esto estaba sucediendo en su propio domicilio y la legítima defensa privilegiada lo que hace es presumir que se cumple con esos requisitos en la medida que sean ciertos supuestos y el supuesto que nosotros invocamos es justamente que él estaba impidiendo o tratando de impedir que se consumara un delito de robo con intimidación".

Los sujetos, precisó Sandoval, "iban todavía arrancando, de hecho aparentemente el sujeto que resultó baleado como consecuencia de estos hechos todavía estaba dentro del local comercial cuando fue baleado".

Para el defensor estos argumentos son vitales para descartar el delito de homicidio simple y porte ilegal de arma de fuego.

"Para que exista un delito deben cumplirse ciertos requisitos y nosotros estimamos que esto está amparado por algo que se llama "causal de justificación" que es la legítima defensa, la causal de justificación hace que haya una conducta que es típica, que está descrita en la ley, pero que está justificada, está justificada y desde esa perspectiva no hay delito", dijo Sandoval.

El testimonio de las partes fue escuchado por el juez Rodrigo Cortés, quien acogió los antecedentes del Ministerio Público en cuanto a la formalización de los delitos, pero no dio lugar a la cautelar de prisión preventiva.

El magistrado validó la tesis de la defensa en torno a la legítima defensa y expuso que la necesidad de cautelar no aparece en la intensidad que señaló el Ministerio Público.

Además, explicó que el imputado "no se da a la fuga, entrega declaración y el arma". Incluso, después de ocurrido el hecho se queda en su casa y es el mismo fiscal quien realiza la detención en el domicilio.

La decisión del juez repercutió en el Ministerio Público, que decidió apelar a la Corte de Apelaciones de Valparaíso para lograr la prisión preventiva. Será el tribunal porteño el que decidirá el punto.

"El juez estimó que efectivamente concurren los dos delitos por los cuales hemos formalizado. Lo que él sostuvo básicamente es que por las circunstancias y por la conducta del imputado no era necesaria la prisión preventiva. El juez ha resuelto, ha dado sus razones, nosotros apelaremos y la Corte resolverá", aseveró Pablo Avendaño.

El abogado defensor manifestó no estar de acuerdo con la determinación de la Fiscalía. Sin embargo, recalcó sí estar de acuerdo en que "hay que investigar varios antecedentes todavía y eso perfectamente se puede hacer con la persona en libertad".

El juez resolvió dar un plazo de 90 días en la investigación y el imputado quedó en prisión preventiva mientras se espera la audiencia de la Corte de Apelaciones de Valparaíso.

Cuando ocurrió el robo el comerciante se encontraba con su cónyuge en la vivienda, ambos fueron violentados.

La pareja del detenido afirmó que "la situación fue muy compleja, estaban todos armados. Uno de los dos se tenía que defender y mi marido tomó la escopeta. Estaban encapuchados todos, fueron violentos con mi marido y él solo alcanzó a defenderse".

La situación en el sector, aseveró, "es preocupante. Acá han asaltado varios locales, la delincuencia es mucha. En la noche está oscuro y no tenemos luz, eso para los delincuentes es un punto a favor. No sabemos qué hacer".

El testimonio de la víctima fue respaldado por vecinos del sector que no se quisieron identificar por miedo a las represalias. Los diferentes locatarios afirmaron que el microtráfico es un gran problema del lugar e incita a la delincuencia.

Tras esto, el persecutor confirmó que la Fiscalía dispuso medidas de protección para la mujer, acción que también aplicaría al imputado si es que éste queda en libertad. Las medidas de protección para ambos son por el delito de robo con intimidación.

"Todos incluyendo las víctimas tenemos límites, la sola calidad de víctima no puede justificar que tengamos este tipo de reacción. En este caso dar muerte a otra persona"

Pablo Avendaño, Fiscal jefe de Viña del Mar"

"Estamos hablando de una persona que no se arrancó, que entregó el arma, que declaró ante el fiscal, que renunció a su derecho a guardar silencio"

Rodrigo Cortés, Juez"