El espectáculo que han dado esta semana los principales actores de la escena portuaria de Valparaíso bien podría entrar a los anales de la historia de la ciudad, sentando el precedente más duro y tajante de todos: independientemente de quién tiene la razón o no, de quién actuó o dejó de actuar como debía, lo cierto es que por primera vez en la historia una línea de cruceros ("Norwegian Sun", con residencia en Bermudas) optó por dirigir su timón hacia el vecino puerto de San Antonio, específicamente a las dependencias de Puerto Central, perteneciente al Grupo Matte, ente que sí logró garantizarles a los turistas algo tan sencilllo -y a la vez tan complejo en los tiempos que corren- como la seguridad de que podrán desembarcar como corresponde y no pasarán malos ratos con la pérdida de reservas y, finalmente, de dinero que no se cuenta precisamente en sumas irrelevantes para la industria.

Este martes, cuando el "Norwegian Sun" recale en San Antonio, Valparaíso habrá comenzado a perder parte de su esencia, aquella que en los últimos años ha devenido en querellas y discusiones sin que ninguna de las partes en debate haya tenido la grandeza de ceder lo justo para conseguir aquello que es la piedra basal de cualquier sociedad civilizada: ponerse de acuerdo entre sus integrantes. No todo debe terminar siendo una guerra mundial, más aún cuando es sabido que, tristemente, gran parte de la discusión que hoy nos envuelve se reduce a dinero.

Tampoco los representantes parlamentarios han tenido ni la astucia ni la dedicación para intentar contribuir a la solución de las que quizás sean las grandes piedras de toque del nuevo siglo para la ciudad de Valparaíso: la pugna entre una empresa estatal y su principal concesionario; la visión de la misma estatal y cierta parte de la población sobre lo que debe hacerse con el borde costero; el nudo jamás resuelto sobre el presente, el futuro y la conservación de los espacios patrimoniales porteños; el abandono terminal en el cual se encuentra la ciudad, con autoridades regionales que lamentablemente han debido preocuparse más de que sus empleados no cometan ilícitos e irregularidades que del propio Valparaíso, entre otras.

Tal vez el Puerto se merece haber perdido sus cruceros. Tal vez la ciudadanía, las autoridades, los empresarios y todos quienes formamos parte de esta ciudad que tanto queremos -pero por la cual quizás no hemos hecho lo suficiente- necesitábamos un golpe de esta magnitud para comenzar a entender que las cosas deben hacerse de otra manera. Que no puede ser que diputados, gerentes, presidentes de sindicatos, concejales, alcaldes y ciudadanos en general, se comporten como matones, acusando a los otros de una y mil cosas e intentando imponer sus visiones, sin detenerse solo por un segundo a pensar en el irreparable daño que se le ha causado a Valparaíso.

Hoy presenciamos cómo Chile paralizó sus actividades para sumarnos a la tarea de "saber cuántos somos" tal como invitaba la publicidad previa al Censo 2017. En este contexto, he sido testigo de intercambios de opinión a través de distintas redes sociales sobre las preguntas incorporadas en esta versión abreviada. En lo personal, he sido partícipe del cuestionamiento de por qué se dejaron fuera preguntas sobre minorías, en especial de las personas en situación de discapacidad (PsD), si es que se puede considerar minoría al 20% de la población adulta. Entiendo que la razón de esta exclusión se explica con la realización del Estudio Nacional de Discapacidad (II ENDISC 2015), a pesar de tratarse de una muestra y no de la población total, como es el caso de un censo nacional.

Independiente de lo fidedigno que pueda resultar dicho estudio, nuestro país mantiene una importante deuda con las PsD en cuanto a políticas públicas, aun contando con "cifras actualizadas del II ENDISC" como señalara el Ministerio de Desarrollo Social en su cuenta de Twitter en respuesta a las dudas planteadas por la ciudadanía al respecto.

El 2016, el Comité sobre Derechos de PsD de Naciones Unidas, dio respuesta al informe elaborado por Chile sobre la implementación de medidas adoptadas para responder a la Convención Internacional de la ONU en esta materia, ratificada por nuestro país el año 2008. Algunas de las observaciones realizadas a Chile en su calidad de Estado Parte, se refieren precisamente al alcance de la II ENDISC, recomendando incorporar colectivos que quedaron fuera de la muestra. Además se hicieron observaciones en el área de Educación, debido a la baja prioridad que la reforma en curso da a la educación inclusiva, prevaleciendo modelos segregadores. Asimismo, se plantea preocupación por la brecha existente entre las PsD y el mundo del trabajo, aspecto que debiera subsanarse en parte, gracias a la recién aprobada "ley de inclusión laboral".

Es así que cabe preguntarse si la inclusión de PsD es un tema prioritario para nuestras autoridades. Tal vez, deba entonces la sociedad civil asumir mayor protagonismo en la gestión de iniciativas que favorezcan la participación social de colectivos que, necesitando con urgencia la promoción de políticas públicas en este sentido, no fueron considerados en este censo.

Si ese es el caso, el sector tanto privado como público está llamado a considerar como parte de su fuerza laboral, el gran aporte de las PsD. Sin embargo, su participación en la actividad productiva del país, sólo será posible en la medida que hayan recibido preparación formal para ello y que el entorno laboral esté realmente preparado para recibirlos.

Como institución de educación superior, estamos trabajando para disminuir la alarmante brecha existente entre la población con y sin discapacidad, con resultados de inclusión tanto universitaria como laboral que supera con creces las cifras nacionales.

Esto gracias a haber adoptado la inclusión como uno de nuestros pilares estratégicos, valorando la diversidad como parte de nuestra riqueza institucional.

Con esto, queda demostrado que la real inclusión es posible si hay convencimiento a nivel organizacional y se deja de depender de voluntades personales o aisladas.

Alejandra Ríos Urzúa

Directora Diploma en Habilidades Laborales, Unab Viña del Mar

La ciudad de Valparaíso es uno de los principales destinos turísticos que Chile ofrece al mundo. Luego de la declaración de la ciudad como Sitio Patrimonio de la Humanidad, el turismo en Valparaíso ha llegado a significar una fuente importante del PIB regional. Un aporte significativo a este crecimiento proviene de la industria de los cruceros, la que entre 2002 y 2016 se ha duplicado, llegando a anotar la no despreciable suma de 123.449 visitantes en la temporada 2015-2016.

Estimaciones de Sernatur respecto del gasto que realizan los turistas de los cruceros indican que el promedio por visitante alcanza a US$ 150, de modo que si las compañías dejan de pasar por Valparaíso la ciudad dejará de percibir a lo menos 12.7 millones de dólares, sin considerar los gastos de estadía de las personas que se quedan en la ciudad o que llegan a ésta antes de embarcar. Esta cifra representa cerca del 50% de los aportes que el Casino deja en Viña anualmente.

Esa es la magnitud actual de la pérdida potencial que enfrentamos hoy. ¿Por qué ocurre esto?

Tres son los problemas que enfrentan los cruceros en Valparaíso: en primer lugar, para la empresa concesionaria TPS la industria de los cruceros no es un cliente estratégico. Tanto así, que éstos sólo reciben garantías para sus recaladas con tres a seis meses de anticipación. Esto representa un riesgo para el crucerismo, dado que funciona con reservas de a lo menos 24 meses de anticipación. Aquí se puede ver cómo la priorización de la carga portuaria en desmedro de la atención a los turistas pone en serio cuestionamiento el modelo económico de las concesiones y muestra poca consideración por los beneficios que la ciudad ha logrado construir desde su estrategia de desarrollo a partir de haber sido declarada Patrimonio de la Humanidad.

El segundo problema surge porque la autoridad portuaria no cuenta con herramientas que permitan garantizar el interés de la ciudad de Valparaíso, quedando a merced de la decisión de TPS de recibir o no a los barcos de pasajeros. Esta ausencia de instrumentos, no hace más que evidenciar el deficiente modelo de gobernanza portuaria en donde Valparaíso no está considerada como un actor dentro de ésta. Se hace cada vez más urgente la puesta en marcha del Consejo de Coordinación Ciudad Puerto, establecido en el artículo 50 letra d) de la ley de puertos Nro 19.542 y que por años no ha sido implementada por EPV. Desde esta institucionalidad se podrían promover con fuerza y decisión los cambios en los contratos de concesiones, y en específico, se podría establecer la prioridad que los cruceros deben tener para el embarque y desembarque de turistas.

Por último, el conflicto de los trabajadores portuarios de TPS, que declararon que no atenderán el desembarque y embarque de pasajeros, de lo que sería la última recalada de la temporada. Esta acción ya fue materializada dos veces en esta temporada, provocando una pérdida de confianza difícil de revertir en la industria de los cruceros. Como fue anunciado por los medios y EPV, el último crucero de la temporada ha solicitado recalar en el Puerto de San Antonio, dando un primer paso peligroso hacia el retiro de Valparaíso como puerto de cruceros.

Valparaíso en tanto Ciudad Oceánica y como único puerto del Pacífico declarado Patrimonio de la Humanidad, necesita de los cruceros para seguir aportando a la economía local y también para seguir potenciando su inserción en las grandes ligas del turismo mundial.

Osvaldo Jara

Encargado de Turismo, Municipalidad de Valparaíso