Cristián Rojas M.

Si no se aprobaba la idea de legislar el proyecto de reforma a la educación superior, la iniciativa habría quedado postergada por un año antes de que pudiera ser reenviada al Congreso, por lo que el rector de la UPLA y su par de la PUCV valoraron que el proyecto haya sorteado esa etapa en el Parlamento, aunque advirtieron que aún requiere varias mejoras.

Para el rector de la Universidad de Playa Ancha (UPLA), Patricio Sanhueza, "si bien el proyecto inicial, de julio del año 2016, era muy lejano a lo que nosotros habíamos solicitado, conversado, declarado y publicado, las indicaciones que se hacen ahora en abril acercan mucho más el proyecto a lo que específicamente esperábamos en cuanto a institucionalidad, en cuanto a los temas de aseguramiento de la calidad, en cuanto a los temas del lucro".

En ese sentido, subrayó que el actual proyecto "se acerca mucho más a lo que se ha ido planteando: que la acreditación sea obligatoria, que las universidades sean, en un periodo razonable, instituciones que no sólo contribuyan a formar profesionales, sino que contribuyan más a la creación de conocimiento, a la investigación científica, tecnológica, a la innovación y la creatividad".

A su juicio, se irán "acercando posiciones en el momento que en el Congreso se debatan los temas que todavía podrían estar pendientes, pero yo estuve muy de acuerdo en que la Cámara de Diputados haya aprobado la idea de legislar, porque da lugar a que ahora entre el debate y la reflexión para mejorar aún más la propuesta".

Sanhueza, en su calidad de presidente de la Agrupación de Universidades Regionales (AUR), remarcó que "esperábamos que los temas regionales, de descentralización y desarrollo territorial estuvieran incorporados, cuestión que la hemos solicitado en varias ocasiones, hemos acercado algunas posiciones, pero todavía falta".

Por su parte, el rector de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (PUCV), Claudio Elórtegui, sostuvo que "la alternativa era aprobar el proyecto en general para comenzar una discusión en particular o se rechazaba, y si se rechazaba eso significaba que no se iba a legislar, porque se requiere un año para volver a presentar el proyecto. Entonces, a mí me parece que es positivo que se haya aprobado la idea de legislar, porque era poco presentable que después de todos estos años de discusión se rechazara y no se pudiera ni siquiera entrar al detalle de los temas".En el nuevo escenario, Elórtegui estima que "existe la oportunidad, en la discusión legislativa en ambas cámaras, en la discusión en particular, en que se va viendo tema por tema, artículo por artículo, para ir mejorando las cosas que haya que mejorar, y lo que creo que es muy importante, es buscar acuerdos, porque en este tipo de materias, reformas muy significativas en temáticas muy trascendentes para el país, es mucho mejor que una legislación de este tipo se genere a través de acuerdos lo más amplio posibles".

En cuanto a la sustitución del Crédito con Aval del Estado (CAE), el rector de la UPLA se mostró de acuerdo, al recordar que "siempre consideramos que era un instrumento de financiamiento inadecuado porque mantiene endeudadas a personas que muchas veces no tienen recursos para poder sustentar esas deudas".

A su vez, su par de la PUCV considera que es "muy positivo porque se requiere, para los sectores que no están cubiertos por la gratuidad, mantener políticas de financiamiento a través de becas y créditos, y en particular para los sectores de clase media e incluso clase media relativamente acomodada. Hay muchos grupos familiares de esos sectores que no tienen para financiar directamente los aranceles universitarios, por ejemplo, familias que tienen varios hijos".

En su opinión, el crédito que sustituirá al CAE "tiene que ir en la línea de algunas cosas que ya se habían corregido en el CAE, como la reducción de la tasa de interés, como establecer un límite al porcentaje de los ingresos que el estudiante va a desembolsar cuando paga el crédito, pero también en este caso me parece positivo el compromiso de que el nuevo esquema de crédito que se establezca no involucre a la banca comercial".

En esan línea Elórtegui estima que "la banca comercial puede tener un espacio legítimo en otras áreas y hace una contribución importante al desarrollo, pero en particular en educación, creo que por todo el clima que se ha generado en torno al CAE, es mejor que se busque una fuente de financiamiento que sea más amigable para el deudor, para los estudiantes, y que sea de menor costo para el Estado".

Con respecto al tema del financiamiento, Sanhueza estima que "dejar la gratuidad sólo en una glosa presupuestaria lo hace extraordinariamente débil y fluctuante a las políticas públicas del próximo Gobierno, entonces debiera asegurarse que permanezca en el tiempo".

A su vez, Claudio Elórtegui alberga la esperanza de que la reforma en su conjunto logre ser aprobada antes de que termine el actual Gobierno, con lo que la gratuidad quedaría establecida por ley. "No es fácil, pero existe la posibilidad", sostuvo.

Elórtegui, quien además preside el G9, que agrupa a las universidades no estatales del CRUCh, advirtió que "el proyecto, si bien se ha moderado en su sentido de asociar lo público a lo estatal y que "simplemente lo que se ha hecho, básicamente, es reponer lo que se había quitado, que es el aporte fiscal directo con respecto a los fondos basales, entonces estas universidades (G9) cuya contribución al desarrollo del país hemos planteado tantas veces, no pueden sentirse satisfechas cuando simplemente se les está reponiendo lo que ya tenían".