LPese a algunas opiniones aisladas en redes sociales, la gran mayoría del País comprendió la enorme relevancia que tiene el censo en el avance de las políticas públicas. En este sentido, mas allá del carácter abreviado, la operación llevada a cabo el pasado miércoles, era indiscutiblemente necesaria para resolver la interrogante dejada por el invalidado censo del 2012, relativa a la real magnitud de la población del país, las regiones, las comunas y los barrios.

La vuelta al censo "de hecho", permitió al Gobierno abordar la operación, como la recuperación de una tradición republicana, consistente en detener por un día la marcha del país, para dar paso al rito cívico del conteo masivo. En términos comunicacionales la operación fue un acierto, logrando una gran cobertura de medios y redes sociales. En esto se diferenció del censo del 2012, que fue tratado como una fría operación estadística, donde se puso el acento en la obtención del dato duro, mediante una encuesta similar a cualquier otra.

Dejando de lado el éxito respecto del porcentaje alcanzado, hay algunos aspectos que sometieron a la operación del censo a un riesgo considerable y que deben examinarse.

En primer lugar, el censo estaba compuesto por una serie de procesos y roles, que dependían en gran forma, de la buena voluntad de las personas e instituciones que ejercían las diversas tareas, con poco control del aparato público. Esto que parece obvio, implicó en la práctica que la operación se hiciese altamente vulnerable, sobre todo en zonas críticas.

En segundo lugar, la excesiva confianza en el número de voluntarios inscritos, pudo tener (y en algunos lugares las tuvo) consecuencias caóticas. En el caso del Gran Valparaíso, el enorme superávit de censistas que en teoría existía, demostró en la realidad ser solo un dato abstracto que no había sido previamente "territorializado". Por tanto no se pudo conocer "ex antes" dónde se concentraban y dónde faltaban inscritos. De esta forma, el día miércoles existieron zonas en donde los censistas sobraron y otras donde nunca llegaron, quedando barrios relevantes sin censar. Por otro lado, muchos inscritos alegaron que nunca se les llamó para ser capacitados o que nunca se les confirmó el local de asignación, lo cual evidencia problemas de administración de la web.

En tercer lugar, si bien el Censo implicó la preparación de abundante material didáctico, a lo cual se sumaron múltiples capacitaciones, los mapas provistos por el INE en la Región eran básicos, basados en levantamientos obsoletos. Esto no se condice con el avance de los sistemas de información geográfica con los que en la actualidad cuenta el Estado.

Muchos de estos problemas lograron solucionarse y quedaron invisibilizados por el esfuerzo adicional de voluntarios y funcionarios que participaron. En algunas escuelas, los directores recurrieron a redes sociales como facebook para pedir auxilio a su comunidad de apoderados (sin capacitación) para suplir la falta de censistas y supervisores. En otras, los estudiantes censaron el doble e incluso el triple de viviendas. Estas situaciones demuestran que la planificación de la operación no funcionó del todo, y lo que permitió salir del paso fue la improvisación y la organización de la comunidad.

Los riesgos a los cuales fue sometida la operación obligan al Estado a modernizar la operación del Censo. Es un hecho que se sigue postergando la oportunidad de utilizar la tecnología como un aliado. Es así como hoy el uso del big data como una herramienta potente puede ayudar al diseño de políticas públicas contundentes y actualizadas minuto a minuto. No puede ser que las casas comerciales y bancos tengan más datos que el Registro Civil y que nos conozcan más en nuestras preferencias y necesidades.

Debiéramos pensar en un nuevo tipo de censo, más conectado con la realidad, donde movilizar todo tipo de recursos sea eficiente. En Chile existen 2,5 teléfonos por persona. Resulta evidente que es un arma potente para la toma de muestras y datos de la ciudadanía.

Es necesario tener confianza en las personas. Una declaración jurada por Internet bastaría para saber las mismas 21 respuestas a las preguntas que el pasado miércoles los censistas hicieron. Y quienes no respondan, el Estado puede acudir a ellos, haciendo menos costosa la operación.

Imaginamos que muchas instituciones de educación superior y estudiantes, estarían muy dispuestos a trabajar en crear un método más eficiente y la "app" para conectar a los ciudadanos con el Estado y tener mejores políticas públicas. El país lo merece.

Marcelo Ruiz y

Gerardo Ureta *

* Integrantes Corporación Metropolítica