En un momento en que nuestro país está inmerso en un proceso de reforma a la educación superior, es necesario valorar el rol que han desarrollado las instituciones de educación superior privadas, aportando proyectos educativos sólidos, pertinentes y de calidad que acogen a miles de estudiantes a lo largo de todo Chile.

Por una parte, estos planteles han posibilitado un fuerte aumento en cobertura, permitiendo el acceso al sistema a muchos jóvenes chilenos, quienes en gran parte son la primera generación de sus familias en ingresar a la educación superior. En 2015, por ejemplo, el 52% de los titulados y el 53% de los estudiantes universitarios en Chile habían cursado sus estudios o lo estaban haciendo en universidades privadas, respectivamente.

Por otra parte, otra contribución que las instituciones privadas han hecho al país ha sido la promoción de la descentralización de la educación superior, mitigando la emigración hacia las grandes urbes del país, especialmente Santiago, apoyando el progreso de las distintas regiones y sus habitantes.

Podemos afirmar, por tanto, que gracias a estas instituciones se ha logrado un sistema educativo mucho más democrático e inclusivo, con las correspondientes externalidades positivas que ello tiene en la movilidad social y en el desarrollo del país.

Sin embargo, el aporte de las instituciones privadas no se queda sólo en esto. Hoy el sistema universitario chileno es reconocido como uno de los mejores de América Latina y 9 de sus universidades están dentro de las mejores 50 de este mismo conjunto de países. De éstas, 2 son privadas no pertenecientes al CRUCh. Esto demuestra que estas últimas han permitido mejorar el sistema como un todo.

Es necesario reiterar que el sistema de educación superior chileno no está en crisis, pese a que requiere reformas. Éstas deben tener como objetivo mejorar la calidad y equidad del sistema, institucionalidad e instituciones, pensando en el desarrollo de los estudiantes y del país. Para ello el aporte de las instituciones privadas es de vital importancia.

Por lo tanto, es imprescindible que la reforma elimine cualquier tratamiento discriminatorio hacia las instituciones de educación superior privadas. Si queremos una reforma a la educación superior sólida para las próximas generaciones, con un foco especial en la calidad y la equidad, es fundamental que el debate considere la voz de las instituciones de educación superior privadas, privilegio que por ahora sólo ha podido disfrutar una parte del sistema.

Jaime Vatter G.

Rector nacional Universidad Santo Tomás

Día y público oportuno. El alcalde Jorge Sharp eligió el jueves, los momentos previos a la Cuenta Presidencial, para entregar su propuesta de una Ley Valparaíso destinada a lograr recursos para la recuperación y desarrollo de la ciudad. En ese momento y como la ciudad genera simpatías y se reconocen sus valores, problemas y desventuras, quienes la recibieron expresaron su apoyo.

La idea, que no es nueva, con toda lógica pide que recursos provenientes de la actividad portuaria beneficien a la ciudad. Hay que recordar que si bien el puerto es operado por privados, estos trabajan en espacios públicos que se les entrega en concesión. Así la captación de recursos provenientes de la explotación de esos espacios tiene base. Por otro lado, también es lógico que una ciudad soporte fundamental para el comercio exterior del país reciba algún tipo de beneficio.

Al respecto, es impresionante una afirmación de Sharp: "Un día de actividad portuaria equivale a setenta camiones recolectores de basura, a dos consultorios nuevos, cuatro escuelas públicas o veinticinco canchas deportivas". Se puede pedir detalles de cómo se obtuvo ese cálculo, pero que la actividad del terminal significa mucho dinero es un hecho y Valparaíso es y ha sido un actor decisivo de esa actividad.

Quienes recibieron la proposición, transversalmente, expresaron su apoyo o, al menos, interés. Valparaíso despierta generales simpatías por su fisonomía urbana, sus tradiciones, su patrimonio y sus eternos sufrimientos. Y con astucia el proyecto no sólo habla de Valparaíso. El tríptico proclama que "los puertos tributen en sus ciudades". Así se ganan aliados a lo largo de nuestro extenso litoral.

Pero del dicho al hecho hay bastante trecho. Una ley para Valparaíso y otros puertos que mete la mano en el bolsillo tributario exige ser iniciativa del Ejecutivo. Y ahí entra la rigurosa calculadora de Hacienda.

Jorge Sharp pide que la iniciativa avance antes de marzo del próximo año, en que la Presidenta deja sus funciones. Este pedido seguro será sopesado en La Moneda con lupa política, pues la iniciativa viene desde fuera de la oficialista Nueva Mayoría que tiene cartas presidenciales distintas a las del Movimiento Autonomista del alcalde porteño.

De cualquier modo la iniciativa del jefe comunal es una propuesta, más allá de su justicia, atractiva en tiempos electorales en que el sí puede ser una valiosa moneda de cambio en el complicado y necesitado mercado político.