Cristián Rodríguez F.
Luego de casi cinco años de una incesante pugna, el conflicto desatado en la comuna de Papudo aún continúa. Pese a que en marzo de este año el Tribunal Oral de Quillota rechazó una querella que interpuso la municipalidad, en la que se buscaba acreditar que una inmobiliaria había loteado de manera irregular un terreno cercano a las 720 hectáreas, la suerte de alrededor de 600 familias aún es incierta.
La polémica nació cuando se comenzaron a vender diferentes terrenos con fines habitacionales. De acuerdo a lo planteado por el municipio, el Plan Intercomunal que rige en la zona establece que el sector está gravado para actividades silvoagropecuarias, por lo que la subdivisión puede ser como mínimo de una hectárea y en ella se pueden construir máximo dos casas. Sin embargo, la inmobiliario -según reconocieron los propios residentes- vendió derechos por un tamaño menor, incluso de 200 metros cuadrados. Así, en sólo una hectárea se han llegado a levantar hasta quince viviendas.
Producto de lo mismo, la Municipalidad de Papudo le ha negado el permiso de obra a cientos de familias. Según explicó Rafael Almarza, el abogado particular que fue contratado por la actual administración para defenderlos en este caso, los permisos no fueron concedidos "simplemente porque el uso de suelo limita la construcción de dos viviendas por hectárea. La Dirección de Obras Municipales no puede entregarles un permiso, porque si no tendría que inventar una legalidad que hoy no existe".
Demoliciones
A raíz de lo mismo, y para "evitar que alguien acuse a la alcaldesa (Rosa Prieto) de notable abandono de deberes", según dijo el abogado, el municipio comenzó a dictar órdenes de demolición, las que hasta la fecha suman un total de once.
"Ellos decidieron por su cuenta comenzar a construir sin pedirle permiso a nadie. Y la consecuencia de eso es que la DOM tiene el derecho, y a mi juicio la obligación, de cursar los decretos de demolición correspondientes. Se decretaron once órdenes y se está a la espera simplemente de que se realice el procedimiento por parte de la fuerza pública (a cargo de la Gobernación de Petorca)", dijo el abogado del municipio, quien precisó que de los once decretos, tres fueron reclamados ante el Juzgado Civil de La Ligua, los que finalmente se rechazaron.
En esa línea, y de acuerdo a lo que agrega Almarza, el hecho de que sólo se hayan dictado once demoliciones de un total de 600 casas se explica en parte porque el municipio sí estaría en favor de regularizar la situación de los vecinos, pero que por ahora escapa de sus atribuciones.
"Los decretos se han cursado de manera muy moderada. Si tú me preguntas, espero que las personas puedan lograr que la autoridad correspondiente pueda cambiar el uso de suelo y se regularicen sus situaciones. Pero mientras tanto, el municipio tiene que cumplir con la normativa actual", agregó el representante legal.
Piden regularización
¿Qué dicen los vecinos? Si bien reconocen haber realizado construcciones sin las autorizaciones correspondientes, el presidente de la comunidad "Aire Mar" de Papudo, Manuel Trincado, comentó a este Diario que "lo único que estamos pidiendo es que el municipio se sienta a conversar con nosotros y así podamos buscar juntos una solución para las cerca de 600 familias".
"Nosotros queremos regularizar nuestra situación. Incluso en un principio los terrenos eran agrícolas y el Servicio de Impuestos Internos (SII) los modificó a sitio eriazo, por tanto nosotros estamos pagando contribuciones desde hace tiempo. No queremos que se nos regale nada. Simplemente deseamos construir nuestras casas de manera legal y vivir en paz, no bajo esta amenaza de que en cualquier momento ingresará una máquina y nos derribará las casas", dijo el representante de los vecinos.
Incluso, Trincado dijo que la facultad de regularizar los terrenos, mediante un cambio en el uso de suelo, la tiene la propia alcaldesa. "Ella puede hacerlo. De hecho, a comienzos de este año se comprometió a actualizar el Plan Regulador Comunal", comentó.
Sin embargo, para este caso la Ley General de Urbanismo y Construcciones establece que "corresponde a los seremi de Agricultura autorizar y/o informar construcciones ajenas a la agricultura en el área rural, es decir, la autorización del cambio de uso de suelo".
"Se decretaron once órdenes de demolición y se está a la espera del procedimiento por parte de la fuerza pública"
Rafael Almarza, Abogado del municipio"
