Katherine Escalona M.

Más de 7 horas duró ayer la formalización de 31 imputados -hombres y mujeres- por la comisión de estafas telefónicas que se configuraron como robos con intimidación al llamar y engañar a víctimas de Viña del Mar y Concón, a quienes pedían cuantiosas sumas de dinero para rescatar a familiares que supuestamente estaban secuestrados.

"Tenemos secuestrada a tu hermana, si no cooperas la vamos a matar", era el tono de los mensajes que recibían las víctimas principalmente en la madrugada.

Veintitrés de los implicados en los hechos, que se perpetraron desde el 8 de julio al 23 de julio del año pasado, estaban en libertad y operaban con reos de la cárcel, específicamente recluidos en los penales Colina I, Colina 2 de la Región Metropolitana y la cárcel de Rancagua, además recintos penitenciarios de la Región de Valparaíso.

Acompañados de ocho reclusos más crearon, según confirmó el Ministerio Público, una organización criminal en tres regiones del país que se dedicó, en un lapso corto de tiempo, a urdir un engaño a través de llamadas telefónicas a teléfonos fijos de la compañía VTR.

El delito fue tipificado como robo con intimidación por parte del Juzgado de Garantía de Viña del Mar, que decretó la prisión preventiva para los 23 implicados que no estaban en prisión y accedió al plazo de 150 días de investigación solicitado por la Fiscalía.

Diez personas fueron afectadas por este delito, quienes pagaron más de $ 80 millones a los supuestos secuestradores. Por miedo y bajo engaño, las víctimas entregaron sus claves telefónicas bancarias, con las cuales los implicados hicieron diversas transferencias a cuentas Rut del Banco Estado.

"El tribunal acogió la tesis del Ministerio Público en orden a que este hecho es más que una estafa, eso es lo más importante para nosotros jurídicamente, porque se coacciona, se amedrenta, se intimida a las víctimas para cometer este delito. Pierden su libertad, pierden su facultad de autodeterminación. Por eso la Fiscalía entiende que este hecho es mucho más que una estafa telefónica, esto es un delito de robo con intimidación", aseveró el fiscal de delitos económicos de Viña del Mar, Pablo Bravo.

Parte de los implicados participaron como facilitadores de cuentas corrientes y todos, según confirmó Bravo, tenían relación de parentesco o amistad con algún reo de la cárcel.

Ante esto, se configura, dijo Bravo, "ser parte de una asociación delictual. Es indesmentible que estamos en presencia de seis hechos donde el propio relato de estos da cuenta de los vínculos familiares, laborales, obtenidos de diversas fuentes, vínculos con hijos en común, visitas de cárcel entre algunos de ellos. No son solamente receptores de dinero, sino que facilitadores y forman parte de una agrupación delictual, eso es una agravante que el Tribunal considera e impide bajar la pena".

El persecutor aclaró que en el caso existen nuevas diligencias porque no se descarta la participación de "cabecillas mayores en la organización criminal". Aseveró, a su vez, que "esperamos llegar a otros imputados, a personas que estaban más arriba de ellos porque son los receptores de los dineros".

Uno de los seis abogados defensores de la causa, Luis Madariaga, quien representa a tres imputados, rebatió lo determinado por el Juzgado de Garantía de Viña del Mar.

"La jueza de la causa estimó que efectivamente mis representados tenían también la calidad de autores, aunque hayan simplemente facilitado las cuentas, situación que esta defensa no comparte y que esperamos se enmiende por la Corte de Apelaciones una vez que hagamos el recurso de apelación".

Subrayó que "no quedé conforme porque la participación que se les atribuye a los tres defendidos es haber facilitado los medios. Ellos no tuvieron participación en las amenazas. La cuenta que se habría facilitado es de la suegra de uno de los imputados, habría sido usada sin su consentimiento".

"El tribunal acogió la tesis del Ministerio Público de que este hecho es más que una estafa porque se coacciona e intimida a las víctimas"

Pablo Bravo, Fiscal"

"Esta defensa va a presentar un recurso de apelación a la Corte porque no compartimos lo que estimó el tribunal"

Luis Madariaga, Abogado defensor"

días de investigacion determinó el tribunal, plazo en el cual la Fiscalía realizará nuevas diligencias. 150